La Fiscalía descubre cómo se encriptaban sus comunicaciones con Franco

En un semisótano del edificio de la Fiscalía General del Estado -antiguo Palacio del Marqués de Fontalba- está la biblioteca del Ministerio Público. Si esta construcción de la calle Fortuny ya es una joya, lo que alberga esa biblioteca no se queda muy atrás, pero tiene un problema fundamental y es que no existe un archivo. Prácticamente nadie conoce muy bien todo lo que albergan esas cuatro paredes. El Ministerio Público no ha registrado ni a mano ni digitalmente los centenares de libros y papeles que yacen en el interior y esto ha dado lugar a cierto descontrol, aunque también a bonitas casualidades como esta.

Ocurrió en los últimos meses, cuando algunos de los funcionarios estaban inmersos en los preparativos de un acto que se organizó a iniciativa de la cabeza de la Fiscalía, Dolores Delgado, en la sede del Ministerio Fiscal para conmemorar el 40º aniversario del Estatuto que les rige. La idea era colocar unas vitrinas en el luminoso patio central con algunos documentos interesantes para que los asistentes observasen el material que atesora el edificio que, además, es de propiedad pública. Cuando estaban decidiendo qué exponer se produjo un“hallazgo casual”- como se menciona en la jerga judicial cuando tras una entrada y registro se encuentra algo que no se iba buscando, pero que puede ser relevante para investigar.

Encontraron un documento de 1968 con las “normas” para cifrar las comunicaciones entre la Fiscalía y el Ministerio de Justicia entonces. En ese momento, los móviles no eran ni un sueño, así que el fiscal de turno no podía enviar un Whatsapp a Antonio María de Oriol y Urquijo, responsable de la cartera en este periodo de la dictadura. La comunicación se hacía a través de telegramas, pero, por si el mensajero se iba de la lengua en asuntos tan trascendentes como aquellos que estuvieran judicializados, los responsables del órgano se encargaron de redactar el texto con las claves para el cifrado.

Se trata concretamente de dos documentos: uno con las instrucciones y otro con una hilera de números que concuerdan con letras y quese entregaban a las diferentes administraciones. A este método “encriptado” tenían acceso el ministro de Justicia, el subsecretario y el Director General por parte del Gobierno y, por parte de la Fiscalía: el fiscal del Tribunal Supremo, el teniente fiscal, el Inspector Fiscal del alto tribunal, el “fiscal de orden público” y todos los fiscales de las audiencias territoriales y provinciales de España.

Esta curiosidad histórica evidencia cómo de dependiente era el Ministerio Público del órgano de Justicia. Una controversia que todavía hoy sigue volviendo a primer plano en momentos como el “¿de quién depende la Fiscalia? de Pedro Sánchez, pero que este documento refleja de forma más palmaria que la jerarquía de un régimen anterior era aún superior, explican fuentes fiscales.

En las instrucciones se habla de 25 números, cada uno formando cuatro líneas. Por ejemplo, la primera línea está formada por los números 01,27,53 y 79 y la clave de una tira tiene aparejada las 25 letras del abecedario, “habiéndose suprimido las letras dobles y la K, de escaso uso en nuestro idioma”. Además, en las normas se pide que se supriman las palabras innecesarias de un texto. Por ejemplo, si hubiera que cifrar el telegrama “se ha localizado un núcleo enemigo en Sierra Leona”, es mejor escribir “localizado núcleo enemigo Sierra Leona”.

Asimismo, en la vitrina que se mostró una Constitución en forma de esfera del año 1931. Y no solo. También el recipiente en el que se repartió entonces a los diputados. Una especie de jabonera de plata con la misma forma redondita.

Por el camino, sin embargo, se han perdido otros documentos que se iban a mostrar pero que terminaron “traspapelados”, por esto de que no hay un registro. Los fiscales habían encontrado un informe que emitió la Fiscalía cuando se consultó durante la Transición sobre la legalidad del Partido Comunista. En dicho texto, el Ministerio Público daba su beneplácito a un partido que llevaba en el ostracismo años. “Era favorable”, cuentan en la Fiscalía General con cierta pena por haber perdido ahora esta prueba documental.