Jueces y fiscales “influencers” en redes: estos son los que acumulan más «followers»

Tienen más seguidores que la actual Ministra de Justicia y el anterior propietario de la cartera (Pilar Llop y Juan Carlos Campo) juntos. Sus opiniones y explicaciones en las redes sociales se hacen virales continuamente y cuando sale una sentencia polémica, muchos «followers» acuden a sus perfiles para separar la información de la confusión. Cada vez más, jueces, abogados y fiscales encuentran en Twitter un altavoz para acercar un poco las togas a los ciudadanos.

La fiscal de Ciudad Real Escarlata Gutiérrez es una de las más veteranas en esta red. Desde 2016 acumula casi 50.000 seguidores y lleva a cabo una labor muy pedagógica. Con sus «vídeos jurídicos» explica cómo funciona el trabajo de la Fiscalía y, además cada domingo redacta un hilo -tiras de tuits sobre un mismo tema- exponiendo alguna sentencia interesante y cómo afecta ésta a la jurisprudencia. El más visto por el momento, según confirma ella misma, uno sobre si el «stealthing» (la retirada del preservativo sin consentimiento durante las relaciones sexuales) es un delito de abuso sexual, con más de dos millones de visualizaciones.

Sus seguidores son de lo más variopintos. «Al principio era más gente relacionada con la Administración de Justicia (abogados, jueces, fiscales), pero luego encuentro todo tipo de ciudadanos. Por ejemplo, una parte muy grande son de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Ella nunca entra a explicar sentencias polémicas, algo que sí hacen otros como el abogado penalista José María de Pablo.

@Chemadepablo en Twitter se ha ocupado de casos de gran trascendencia como el juicio del 11-M. Pero más allá de los suyos propios, De Pablo se lee innumerables resoluciones para después aclarar cuestiones a sus cerca de 90.000 seguidores. La última, por ejemplo, la polémica a raíz de una información incorrecta que decía: «El Constitucional avala que se pueda pagar una deuda con sexo oral». El letrado explicó que el hecho de que el Tribunal inadmitiera un recurso sobre este asunto no significaba en ningún caso que los magistrados apoyaran el pago con relaciones sexuales.

Aclarar cuestiones más técnicas o contar a los ciudadanos cómo funcionan sus derechos son algunas de las motivaciones que los mueven a permanecer en las redes sociales, pero hay muchos que prefieren hacerlo desde el anonimato o con pseudónimos. Es el caso de ‘Judge the Zipper’, un juez de lo Contencioso-Administrativo que prefiere mantener su nombre lejos de Internet «para protegerse y proteger a los que pasan por su juzgado». Su inicio, como el de la mayoría de sus colegas, fue poco a poco hasta que entendió que Twitter era una «plataforma estupenda para contar que cuando la esposa de Bárcenas sale de la cárcel por pagar 200.000 euros no queda en libertad por ser rica, sino que la prisión era provisional», relata a LA RAZÓN. Recuerda algunos de los temas que ha comentado con más repercusión como la sentencia de La Manada. «Con la primera y la segunda [que consideraba que no había agresión sexual, sino abuso] hubo mucho impacto porque traté de explicar lo que los jueces estaban viendo y de cerrar las sospechas de machismo y heteropatriarcado».

El hecho de posicionarse en ciertos temas genera debate interno dentro de la propia carrera. De hecho, la mayoría de estos perfiles de jueces y fiscales son de órganos autonómicos. Es muy raro encontrar en las redes sociales a magistrados del Supremo, la Audiencia Nacional o el Constitucional.

La magistrada y «twittera» Natalia Velilla (más de 36.000 seguidores) achaca esta ausencia a dos motivos: «no es lo mismo lo que diga yo que estoy en un Juzgado de Móstoles de familia. No me compromete lo que pueda opinar. Y luego, hay otra parte que es la brecha generacional». Ella acaba de escribir un libro titulado ‘Así funciona la Justicia’ que ha tenido bastante éxito más allá de los Juzgados. Preguntada si considera que el hecho de ser influyente en las redes le ha traído réditos en el trabajo, aclara: «si hablamos de carrera profesional como carrera judicial, no. Lo hago sabiendo que me perjudica porque critico al Ministerio de Justicia, al CGPJ».

La Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -un organismo independiente, compuesto por seis miembros que eligen directamente los propios jueces y magistrados además de un académico- se pronunció el pasado año para pedir que las intervenciones «en entrevistas, coloquios, participaciones públicas y redes sociales» se ajustaran «al concepto de neutralidad política que inspiran los principios de imparcialidad, independencia e integridad de los miembros de la carrera».

Para los consultados, en las instituciones oficiales trasluce un problema de comunicación porque no han sabido acercar a los ciudadanos ni el trabajo, ni las decisiones que a veces toman ciertos órganos. «Yo creo que lo que hacemos algunos compañeros y yo en Twitter es algo que debería hacer desde el punto de vista institucional por parte del CGPJ», expone Velilla. Algunos, incluso, ponen de ejemplo la cuenta de la Policía que tiene más de tres millones y medio de suscriptores. Unos datos que no son frecuente en un perfil institucional y que superan incluso a los del FBI en Estados Unidos.