Cuando le encargaron el reto de coordinar todos los crímenes sin resolver de ETA, Marcelo de Azcárraga (1967) llevaba ya ocho años en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Desde 2018 y junto a un grupo de la Guardia Civil y otro de la Policía Nacional -a quienes no para de agradecer el trabajo diario-, el fiscal ha estado buceando en el material que llegó de Francia de la banda terrorista para arrojar luz sobre las miles de muertes sin culpable sobre el papel. Aunque reniega de los datos porque «esto es algo más que un número», tiene el desafío de más de 300 casos sin respuesta. Los documentos del país vecino ya han sido expurgados: una parte se ha destruido, otra se ha remitido al memorial de víctimas y todo lo que tenía interés judicial ha pasado a las dependencias del Ministerio del Interior. Él lo examina y decide si tiene suficiente consistencia para reabrir investigaciones. De Azcárraga recibe a LA RAZÓN en su despacho de la Audiencia Nacional algo extrañado porque últimamente tiene muchas peticiones de entrevistas.

De todo el material que entregó Francia, ¿tiene un cálculo de lo que queda todavía por analizar?

No, porque no se puede calcular. El análisis no empieza “vamos a ver qué hay en este sobre y vamos a empezar a analizarlo”. No funciona así. Funciona de dos maneras: abriendo documentación para ver qué contiene y luego, además, en relación a los casos que están sin resolver, dónde se puede hallar efectos relacionados con ellos que sean de interés. Puede ser a lo mejor una cantada de un integrante de un comando donde habla de varios atentados. Eso nos da pie a reabrir varias causas o iniciar procedimientos distintos en la Fiscalía hasta que tengamos material suficiente como para pedir una reapertura.

¿Cuántos casos han reabierto hasta ahora?

Estadísticamente todos los años en la Memoria [de la Fiscalía] se hace constar, yo no lo cuento. No quiero contarlo porque cada caso es tan importante que no es un número. Me niego a reducir esto a una cuestión puramente estadística.

¿Y habrá más reaperturas?

Seguro que va a haber más reaperturas. Hay alguno que puedo tener en mente que es posible y hay otros que no tengo ni idea.

¿Cuál es esa que tiene en mente?

(se ríe) No lo puedo decir. Pero no lo puedo decir porque muchas veces las causas que se reabren muy probablemente estén prescritas y se declare su prescripción. Y lo lógico es que las víctimas se enteren antes a través de la actuación judicial, que no por medios periodísticos.

¿Hay algún otro país pendiente de enviar información sobre ETA o al que España le haya reclamado algún tipo de información?

No. (silencio) Bueno, no me consta. En su día yo sé que sí se pidió a Venezuela información.

Precisamente, es conocido que hay personas que pertenecían a la banda terrorista que están en Venezuela. ¿Hay colaboración entre ese país y España? ¿Se ha pedido algún tipo de información sobre esto?

No me consta en este momento. La información que se pidió en su día no fue atendida

¿Qué marca la diferencia entre las investigaciones que se hacían hace 30 años y las que se hacen ahora?

Bueno, lo más importante aparte del avance tecnológico que nos permite relacionar documentación, comandos, etc. creo que es la información. O sea el conocimiento que se tiene ahora de qué comandos existían, el nombre de los mismos, sus integrantes, el ámbito de actuación tanto temporal como geográfico… Nos permite ya descartar como autores de algún atentado comandos que no operaban en ese lugar, en ese tiempo. Y eso nos permite centrar mejor la investigación.

Aun así, ¿necesita la Fiscalía más recursos?

Por supuesto, sí. La administración de Justicia siempre ha sido la hermana pobre de todo el presupuesto. Evidentemente el volumen de trabajo, la naturaleza del mismo y su complejidad hace que la cantidad de personas que estamos aquí no sea lo que yo creo que debe ser lo suficiente como para poder atender con mayor celeridad las actuaciones. Pero sin perjuicio de ello, el trabajo sigue saliendo y se sigue actuando de forma razonablemente bien.

Hubo un tiempo en el que jueces, fiscales y casi todos aquí tenían escoltas, ¿ese tiempo de miedo a investigar ha terminado?

El tiempo del miedo a investigar nunca ha existido, pero el riesgo nunca ha dejado de existir. De hecho, nunca sabes dónde está. porque aquí parece que es donde más riesgo puedas tener. Pero donde se han producido atentados, ataques contra miembros de la de la Justicia, ya sea jueces, fiscales y muchas veces jueces en el ámbito provincial y por cuestiones de naturaleza puramente civil. Recuerdo a un presidente de la Audiencia de Ávila que mató uno con una escopeta de caza por una cuestión de lindes que no había sido resuelta a su satisfacción. Es decir, que el riesgo lo puedes tener en cualquier sitio. Y aquí, ¿que no hay riesgo? Claro que hay riesgo, pero no sé, no se trabaja ni mejor ni peor con el riesgo. El trabajo es trabajo y nadie obliga a nadie a venir.

¿Cuál es el mayor coladero por el que los crímenes se quedan sin culpables? ¿Qué obstáculos se encuentran al trabajar?

El transcurso del tiempo es un factor importante, no por el tema de la prescripción, que también, sino fundamentalmente por la destrucción de pruebas y porque en los atentados más antiguos del 80, por ejemplo, el problema que tenemos es que muchas de las pruebas que actualmente se practicarían de huellas, ADN, etc. en esa época no estaban tan desarrolladas como están ahora. De manera que esas pruebas se han perdido.

¿Cree la Fiscalía que sería útil algún cambio en el Código Penal en esta línea?

Los cambios que puedan ser útiles ya se plantearon en su día y han sido mucho recogidos en la última reforma del Código Penal. El tema de la duración máxima de las condenas refundidas en función de la naturaleza de los delitos, la imprescriptibilidad de determinados delitos, cuestiones de ese tipo y la perfilación a lo mejor del ámbito penitenciario, de la forma de ejecución de las penas ligadas a estos delitos.

La prohibición a los homenajes a los terroristas (Ongi Etorri) se han venido denegando por parte de la Audiencia Nacional porque no se considera que pueda utilizarse el delito de enaltecimiento al terrorismo de forma preventiva…

La justicia penal actúa cuando se ha cometido un delito. Hay delitos que están tipificados en su grado de conspiración o una preparación para la comisión del delito. El delito de enaltecimiento es un delito de riesgo en principio abstracto, que se tiene que concretar en algo. Y por supuesto, si no se producen esos, si no se producen los actos, nunca podemos ver si se ha producido el riesgo. Si no se ha producido el riesgo, yo no puedo intervenir. Yo no intervengo en prevención de delitos. Para eso está la policía, está la Delegación del Gobierno y para eso están otros poderes del Estado. El Poder Judicial no actúa para evitar que se cometa el delito. Son otras instancias las que intervienen. Y no es que la Audiencia Nacional no quiera perseguir esos delitos, es que la Audiencia Nacional se dedica, como cualquier otro órgano judicial, a perseguir delitos, no proyectos de delitos que no están como tal tipificado en el Código Penal.

Y entonces, la siguiente cuestión es: ¿No habría alguna manera legal de frenar estos homenajes?

Bueno, pues evidentemente la regulación por vía gubernativa del derecho de reunión destinado a este tipo de actividades puede ser una vía que necesitará un refrendo parlamentario bastante suficiente, dado que supondrá la limitación del derecho de reunión.

Hay pendiente un informe de la delegación del Parlamento Europeo sobre los crímenes sin resolver de Europa. ¿Su presencia en España supuso algo para la Fiscalía?

Lo que conocí de ella fue lo que primero se publicó. Que lo que venía a decir era que venían a resolver los crímenes que estaba aún sin desvelar su autoría. Y, hombre, a mí eso me generó una cierta estupefacción. Luego algún miembro de la Comisión lo que me vino a explicar es que lo que pretendían era usar nuestras inquietudes y nuestras necesidades para impulsar modificaciones, reformas o dotación de medios para resolver los problemas que teníamos.

Yo creo que ayudó a aclarar que la intervención de la Fiscalía no está condicionada por ningún tipo de presión ajena a la Fiscalía. Y lo digo porque uno de los miembros de la Comisión expresamente me preguntó sobre dichas presiones, lo cual me enojó.

¿Le enojó?

Parece mentira que estemos a estas alturas dando pábulo a cuestiones de este tipo que realmente están totalmente alejadas de la realidad diaria del trabajo de la Fiscalía. Jamás, jamás, jamás me han dado ninguna instrucción a mí de cómo tengo que trabajar, de que cambie ni un criterio que no sea por cuestiones excesivamente jurídicas. Jamás. Nunca.

Siempre ha dicho que los etarras no han colaborado con la justicia. ¿Hay alguna característica por la que ETA no colabore y otras bandas sí?

Yo puedo decir que hay otras organizaciones que han colaborado abiertamente y su colaboración ha sido decisiva, franca y abierta. Y ha habido un arrepentimiento, por ejemplo, en resistencia gallega o en GRAPO. Y singularmente GRAPO tenemos muchos ejemplos de arrepentidos que han colaborado, pero en ETA, nunca en ETA. En ETA pues ha habido un trato favorable sobre la base de una desvinculación con la organización terrorista, pero no colaborando con la justicia para desvelar crímenes. Cada uno que saque sus conclusiones. Yo como fiscal digo no ha habido colaboración. ¿Por qué? eso ya es una cuestión personal en la que no puedo entrar.

¿La Fiscalía va a tener un papel activo en la interposición de recursos si se conceden los terceros grados a presos de ETA en el País Vasco?

La Fiscalía no es que tenga un papel activo en la Fiscalía, tiene un papel que es velar por el cumplimiento de la legalidad. Si considera que la concesión de progresiones de grado se ajusta a la ley pues lo refrenda. Y si lo considera que no pues lo recurrirá. Las cuestiones no quiere decir que la concesión sea ilegal, sino el criterio de interpretación de la concesión puede ser uno y puede ser ahí y otro discrepante por parte de la Fiscalía o incluso de los órganos judiciales, que pasa eso todos los días. Es que tenemos que desvincular los criterios de actuación en el ámbito judicial, de cuestiones puramente opiniones, puramente personales.