La estrategia de las víctimas para acabar con el culto a ETA y la impunidad

Covite pedirá a la Audiencia Nacional los sumarios de las 853 víctimas para verificar si se llevó a cabo una “justicia efectiva” y busca ejercer “presión social” contra las pintadas y carteles proetarras

Un trabajador de limpieza borra la pintada de «gracias, ETA»  en una calle de  Bilbao
Un trabajador de limpieza borra la pintada de «gracias, ETA» en una calle de Bilbao

Sortu programó su congreso un día antes del 27 aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez. La asamblea de clausura buscaba el reto de acumular fuerzas para la independencia y el «compromiso» de «acometer el proceso de liberación» con el que desafían al Gobierno.

Mientras la izquierda abertzale busca «la colaboración y alianzas con los diferentes agentes» y una participación activa en las movilizaciones e iniciativas populares, el PNV se desmarca de esas movilizaciones y estaría emplazando a EH Bildu a negociar una «mesa política» que permita conseguir las progresiones de grado de los presos; el centro de los desvelos de Otegi.

La izquierda abertzale, según adelantó el Correo, habría trasladado ya al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de vías intermedias, la necesidad de hacer cambios de calado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un órgano clave en la concesión de beneficios penitenciarios a presos de ETA. Y es que, a la sala de los Penal llegan los recursos interpuestos por el Ministerio Público contra los permisos autorizados por los jueces de Vigilancia Penitenciaria y, la izquierda abertzale, se habría quejado de que los fiscales exigen muestras de «arrepentimiento»; una línea roja que el EPPK no está dispuesta a cruzar y que el Gobierno vasco habría “comprado” a EH Bildu como parte de su hoja de ruta y tratar así a todos los presos vascos con las mismas condiciones.

Estrategia

Por ello, Covite ha iniciado una estrategia que busca acabar con el culto a ETA y también que la presión social «fuerce» al EPPK a pedir el fin de todo tipo de actos de enaltecimiento.

La presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez mantendrá una reunión con la consejera de Interior del País Vasco, Beatriz Artolazabal, el próximo 4 de febrero a quien pedirá información sobre la política penitenciaria que van a aplicar a los etarras, después de que el Gobierno vasco anunciara que busca que el 40% de los reos estén en «semilibertad». «Le trasladaré que estamos preocupados porque el PNV se dedica a aconsejar a Bildu que negocie en una mesa política nuestro derecho a la Justicia», destaca Ordóñez. Por ello exigirá a la consejera «transparencia», la que se comprometieron con las víctimas, y que «dejen de hacer demagogia y propaganda con este tema que es muy sensible» y en el que se debe cumplir la ley. También, emplazará al Ejecutivo vasco a que se les informe de cómo se está desarrollando el programa educativo «Herenegun!» que, a través de la asignatura de historia, aborda la memoria reciente de Euskadi.

Desde los servicios jurídicos de Covite van a pedir a la Audiencia Nacional todos los sumarios de las 853 víctimas mortales de ETA para analizar si realmente ha existido una «justicia efectiva» y en ellos se encuentra «toda la verdad judicial». También, quieren constatar qué ha pasado con esos crímenes sin resolver y, si no se han resuelto, analizar si han sido por «negligencias, si ha habido investigación o no la ha habido». «Hay sumarios que se cerraron en 24 horas, que apenas tienen una hoja, y otros que, a pesar de que ha habido mucha investigación, por falta de pruebas, no se han podido resolver. Queremos averiguarlo», recalca Ordóñez.

Contra la radicalización

Covite también centrará su actividad en la denuncia de toda «radicalización, legitimación a ETA y el culto al terror» que, destaca, es «incesante» en las calles de País Vasco y Navarra, y se proyectan en continuas manifestaciones, pancartas o actos en homenaje a miembros de ETA fallecidos. El colectivo recuerda que se siguen reproduciendo «homenajes por todo lo alto» a exmiembros de ETA fallecidos, como ha ocurrido con Antton Troitiño u otros, y lamentó que se conmemorara a principios de este mes en Eskoriatza (Guipúzcoa) al fallecido Santiago Iparraguirre, histórico integrante de ETA y padre de Soledad Iparraguirre «Anboto», una de las exjefas de la organización terrorista.

Covite cree que sus denuncias de los «ongi etorris» se trasladaron a los discursos políticos y se transformó en «presión social sobre la izquierda abertzale». Buscan el fin del culto a ETA que se suceden en pintadas, pancartas, homenajes... «Queremos que el EPPK diga que el espacio público es de todos. No puede ser que todos los pueblos estén inundados de pancartas y de pintadas a favor de ETA y sus presos». Además, ampliarán su «mapa del terror» con nueva documentación y testimonios que señala los lugares en los que se cometieron los atentados terroristas con grabaciones de relatos.