Frente a la petición de las víctimas de esclarecer los asesinatos de ETA, anteponen una “Comisión de la Verdad” contra las FSE

Frente a la legítima exigencia de las víctimas del terrorismo para que los miembros de ETA contribuyan a esclarecer los 377 asesinatos cuya autoría se desconoce, el entorno de los proetarras pretende anteponer una “Comisión de la Verdad” para “incluir en la agenda política el tema de los casos no resueltos entre las víctimas del Estado”.

La petición de las víctimas de la banda criminal es algo que ha calado en la opinión pública y que ha llegado a las instituciones europeas, que ya investigan el asunto. Hace daño al separatismo radical vasco porque es una demanda imposible de rebatir ya que lo que se pide es colaboración con la Justicia, algo que los terroristas no están dispuestos a prestar.

Dentro de la estrategia de elaborar un relato de lo que fue la actividad criminal de ETA y de hacer creer que lo que ocurrió fue una especie de “guerra” entre dos bandos, en la que ambas partes en “conflicto” cometieron ilegalidades, se propone la creación de la citada “Comisión de la Verdad”.

Lo hace una entidad que ha participado en el “proceso de paz”, de la que forman parte diversas organizaciones, entre ellas Sare y Etxerat, dedicadas a los presos de ETA y sus familiares.

El Foro Social Permanente, que se presenta como un “espacio dinamizador” para “impulsar el proceso de paz vasco y ayudar a desatascar los nudos que atenazan la resolución de las consecuencias del ciclo de violencia”, propone la creación de la referida “comisión”. Afirma que, “según datos oficiales, hay 364 víctimas del Estado con resultado de muerte, perpetradas por sus diferentes expresiones (GAL, BVE, Triple A, policías varios, tortura, etc.). De estos, el 38% están sin resolver”. A destacar la pretendida similitud de las cifras: 377-364.

“Somos conscientes de que se trata de un tema de enorme complejidad: ¿cómo abordar el tema de los casos no resueltos o sin verdad, garantizando a todas las víctimas el derecho a conocer la verdad ya tener acceso a la justicia y poder ser reparadas?”, se preguntan, y se contestan: “todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y, en este sentido, el objetivo es superar cualquier expresión de discriminación”. “Estas prácticas discriminatorias han provocado una profunda ruptura de la confianza de estas víctimas en las políticas institucionales y una desconfianza en la Justicia”.

Entre otras cosas, piden una “nueva ley sobre secretos oficiales” “que permita a todas las víctimas tener acceso a la verdad y poder avanzar en la sanación de su dolor”; y “perseguir el esclarecimiento de los episodios de violaciones a los derechos humanos perpetrados por los diversos perpetradores que han cometido actos de violencia, nunca esclarecidos, nunca investigados o sin consecuencias penales”.

La lucha contra ETA, que se cobró la vida de decenas de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sometidas a una acusación permanente de torturas y malos tratos para deslegitimar su eficacia, concluyó con una rotunda victoria policial a la que no siguió, lamentablemente, una victoria política que, en cualquier cosa, no correspondía a las Fuerzas de Seguridad.

Lo de la falsedad de dichas denuncias se puso de manifiesto, de forma clamorosa, cuando fue detenido en Francia en 2008 el jefe de los “comandos”, Garikoitz Azpiazu, “Txeroki”. Se le incautó un documento que ponía como ejemplo de lo que debían hacer los terroristas a los componentes del “comando Elurra”, autor del atentado contra la T-4 del aeropuerto de Barajas, al haber seguido las instrucciones de la banda de presentar denuncias con el fin de deslegitimar la lucha antiterrorista y bloquear el trabajo de los agentes.

Azpiazu ejemplarizaba la actuación de los miembros de esta célula y subrayaba que, “aunque la caída (detención) ha sido grave […], lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor Portu, (uno de los miembros del “ELurra”) en manos del enemigo está en buen camino, esta es la estrategia que hay que seguir ante las caídas, siempre. Visto el buen resultado que estamos obteniendo y el daño que causamos al enemigo, es muy importante que los militantes interioricen bien en la eskola (cursillos de adiestramiento de terroristas) la importancia que tiene el tener preparada la cantada, igual que hacía el talde de Igor […] siempre hay que denunciar torturas”. La Audiencia Provincial de Guipúzcoa condenó en 2010 a cuatro agentes de la Guardia Civil a diferentes penas “por delitos de torturas graves” a los agentes que participaron en la detención de los integrantes de la célula, que el Tribunal Supremo anuló un año después. Finalmente, Estrasburgo concluyó que se les indemnizara con 50.000 euros.

Más reciente en el tiempo es una carta abierta dirigida al preso de ETA Daniel Pastor, que forma parte de la disidencia de la banda, agrupada en ATA, revela que este individuo, una vez detenido por la Guardia Civil, se golpeó voluntariamente contra las paredes de la celda con el fin de fingir haber ido torturado. La misiva, publicada en las redes sociales que suele utilizar ATA, está firmada por “un amigo”, decía que “los herederos del Duque de Ahumada secuestraron” (detención legal avalada por la Justicia) a Pastor, por su pertenencia al “comando Otazua”, autor, entre otros asesinatos, del agente de Policía Nacional Eduardo Puelles en Bilbao. “Aquellos hechos no me sorprendieron para nada, ni el hecho de que llevases la lucha a su estadio superior, como tampoco tu comportamiento ejemplar en el cuartel, golpeándote tú mismo contra las paredes antes que caer en el juego de los torturadores”, decía el “amigo”.

Y ya puestos a aclarar asuntos pendientes, no estaría de más que el que fuera jefe de los “comandos”, Francisco Múgica, “Pakito”, ya en libertad; y Miguel Ángel Apalategui, “Apala”, que vive plácidamente en Cuba, aclararan el paradero del también etarra Eduardo Moreno Bergareche, “Pertur”, ya que iba con ellos en un coche la última vez que se le vio con vida.