Más de 3 millones de euros: el botín de la trama de policías y venezolanos

La jueza del caso ha autorizado que se bloqueen las cuentas de las sociedades de los policías y el abogado detenido y la Unidad de Asuntos Internos ha incautado teléfonos, ordenadores, coches y documentos

El exministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa en una vista por su extradición a Estados Unidos en la Audiencia Nacional
El exministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa en una vista por su extradición a Estados Unidos en la Audiencia Nacional La Razon

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía trabaja cuando los implicados en los delitos son los propios policías, así por ejemplo es el grupo investigador de todo lo relacionado con el “caso Villarejo” porque José Manuel Villarejo era un comisario del Cuerpo. Por eso, fue esta Unidad la que entre las 8 y las 10 de la mañana del pasado 23 de febrero llevó a cabo las entradas y registros en las casas de los investigados por haber formado parte de una red que se encargaba de hacer favores y apañar asuntos judiciales a venezolanos a cambio de cuantiosas cantidades de dinero o información del país bolivariano. Se trataba de un inspector de policía, su mujer, un policía nacional, su esposa, un exmilitar con doble nacionalidad española e israelí y un abogado.

Éstos llevaban meses bajo la lupa de esta Unidad que había practicado vigilancias para saber dónde se movían, dónde estaban sus casas y si alguno, como era el caso del abogado, tenía algún trastero escondido por Madrid. La magistrada del Juzgado de Instrucción número 29 de la capital accedió a las entradas y registros que propuso la Fiscalía Anticorrupción a principio de este año y dio orden de bloquear todas sus cuentas y las de las sociedades a través de las que, supuestamente, cobraban el dinero que sobornaban a los venezolanos.

En total el botín que, según cifra la Policía, suma unos 3.390.000 euros que entre 2015 y 2017 -fecha en la que se enmarcan los hechos- de los pagos de exministros de Venezuela como Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado o del exdirector de los servicios secretos de ese país Carlos Aguilera. Todos estos tenían ya problemas con la Justicia española, por eso, los investigadores revisten de más gravedad el asunto. Los policías les vendían labores de intermediación en los juzgados, obtención de visados o permisos de residencia a sabiendas de que estaban imputados en procedimientos como el “caso PDVSA” en la Audiencia Nacional.

Lo hicieron “con evidente ánimo de lucro al ser plenamente consciente de que la finalidad principal era prestar servicios de dudosa legalidad de asesoramiento y protección” a los venezolanos en España, indica un informe de la Unidad de Asuntos Internos del pasado 11 de noviembre al que ha accedido LA RAZÓN.

Las entradas y registros se extendieron desde el Paseo de la Castellana hasta Aranjuez, Arganda del Rey y Guadalajara y se incautaron ordenadores portátiles, móviles, coches, motos, y hasta libros con billetes dentro que sumaban 250 euros.

Los investigadores colocan al exmilitar como uno de los cabecillas de la trama, ‘agilizador’ de los trámites de extranjería y de la obtención de nacionalidad. Calculan que pudo obtener por todos estos trabajos “una cantidad mínima de 2.500.000 de euros”. El inspector de la Policía detenido, que estaba destinado en la División económica y técnica, figura en alguna sociedad con el exmilitar y en otras con su mujer. Éstas eran de carácter meramente instrumental, dice Asuntos Internos, y servían de trasvase para recibir el dinero de los venezolanos. Unos fondos que, a su vez, servían de lavado de dinero. En los cálculos al inspector de policía y a su pareja se le adjudican unos 850.000 euros.

Algo menos se llevaron presuntamente el policía local y su esposa: unos 40.000 euros por servicios de protección. Si bien a estos se les adjudica un viaje por el sureste asiático, que incluyó Vietnam y Camboya, valorado en unos 6.000 euros. Estos dos fueron los únicos que no fueron arrestados porque no se encontraban en la capital cuando cristalizó la bautizada «operación Caranjuez». Los otros cuatro quedaron en libertad tras los registros y la incautación de todo el material que ahora debe analizar Asuntos Internos. En un inicio el órgano que se encargó de las pesquisas fue la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) porque el operativo compartía nombres con los venezolanos que estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional. Pero, con el avance de los agentes, se convirtió en un asunto totalmente diferente -los investigados en el otro caso son denunciantes en este- que se derivó al juzgado en Plaza de Castilla.

Investigación con dos derivadas

Es la propia Unidad de Asuntos Internos la que en su informe indica que existen dos derivadas del caso. Por un lado, operaciones de blanqueo de capitales que consistían en que los ‘conseguidores’ encabezados fuera de España por el lobista estadounidense Martín Rodil se reunían en hoteles de Madrid, Aruba, Islas San Martín y República Dominicana para vender sus servicios a ciudadanos que querían marcharse desde Venezuela.

La segunda vertiente consistiría en que “miembros de las más altas esferas de la Policía Nacional en aquel momento habrían ofrecido prebendas a ciudadanos venezolanos a cambio de información acerca de la financiación del partido Podemos”, aclara el informe.