El hermano de Ayuso declara en Anticorrupción por el contrato de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción ha escuchado ya la versión de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre el contrato de 1,5 millones de euros de las mascarillas adjudicado a la empresa de Priviet Sportive y por el que éste se llevó supuestamente una comisión cuya cuantía está por esclarecer.

El fiscal jefe, Alejandro Luzón, que está llevando personalmente las pesquisas le tomó declaración el pasado 6 de abril en la propia sede del Ministerio Público, según ha adelantado El Mundo y ha confirmado LA RAZÓN. La licitación con la Consejería de Sanidad se realizó a través de un empresario, propietario de la sociedad, Daniel Alcázar que era amigo de la familia.

La Fiscalía interrogó la misma semana al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que explicó paso a paso cómo fue el proceso de adjudicación del contrato. Éste consistió en la compra de mascarillas FPP2-3 por un importe exacto de 1.250.000 euros que llegaron desde China. Los grupos de la izquierda madrileña denunciaron en Anticorrupción el pasado mes de febrero que fruto de esa transacción podrían haberse cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos. El asunto a aclarar es que Tomás Díaz Ayuso cobró una cuantía, reconocida por la propia presidenta, pero que no aparece en el contrato. La dirigente cifró el dinero percibido por su hermano en 55.850 euros, más IVA, pero el expresidente de la formación Pablo Casado llegó a elevar la cifra a más de 200.000 euros.

Tomás Díaz Ayuso negó ante Luzón cualquier intervención de su hermana en el asunto y aclaró que la comisión cobrada entró en los márgenes de la legalidad, aclaran fuentes conocedoras de las pesquisas.

Paralelamente la Fiscalía Europea también está practicando diligencias para determinar si en el contrato millonario se mal utilizaron los fondos europeos. La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tuvo que intervenir porque la encargada de europea, Concepción Sabadell, quería quedarse con todo el asunto. Entendía que por conexión de los delitos ella debía investigar todo. Delgado dijo que no y la causa, de alguna manera, quedó desgajada en dos de forma que en territorio nacional se indaga en los supuestos delitos perpetrados por funcionarios públicos, mientras que en el Ministerio fiscal que integran los Estados miembros bucean en la malversación de fondos comunitarios.