El Supremo confirma que la Generalitat discriminó a Policía y Guardia Civil en la vacunación del COVID

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de 3 de diciembre de 2021, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Tercera, sobre el trato discriminatorio del Gobierno de Cataluña a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en relación con el proceso de vacunación del COVID-19.

La resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, señala, entre otras cosas, que la se ntencia recurrida por la Generalitat contiene como “fundamento de derecho sólidos razonamientos -cifras de evolución, fechas de diferencia y ritmo de vacunación, efectos de la medida cautelar, etc- para llegar a la «conclusión de que la administración autonómica no dispuso de la misma voluntad y empeño en la protección sanitaria de los cuerpos nacionales», sin que se puedan considerar que dichos datos sean simples elementos subjetivos -como sostiene el recurrente en casación”. Además, impone las costas procesales a la parte recurrente en 2.000 euros, más IVA.

Esta resolución, para JUPOL, no hace más que confirmar la discriminación sufrida por miles de agentes de la Policía nacional y de la Guardia Civil en Cataluña y vuelve a poner de manifiesto “el trato discriminatorio que reciben las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por parte de la Generalitat de Cataluña”.

“Nos hace más fuertes y nos empuja a seguir luchando para que desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña, supone un paso más en nuestra lucha por acabar con la desigualdad, el trato injusto y desfavorable que sufren nuestros compañeros en esas zonas”, subraya. “Seguiremos luchando por hacer desaparecer estas injusticias, que ponen en peligro la vida laboral y personal de nuestros compañeros, y persistiremos en ello hasta alcanzar una igualdad económica, social y laboral”, señala el sindicato.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahora el Tribunal Supremo han considerado infundadas las explicaciones que se ofrecieron en su día desde el Gobierno de Cataluña y que atribuía a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que fueran los culpables de retrasos en las vacunaciones de la población general.