Podemos presiona al PSOE con nuevas medidas anticrisis

Una vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha abierto a prorrogar las medidas anticrisis para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania, los morados buscan ir más allá. No se conforman con las actuales medidas de corte social, las cuáles en su momento vieron insuficientes, y proponen una batería de propuestas para que se incluyan en el Plan de Respuesta sobre el Impacto de la Guerra.

El ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, ha mandado a los ministerios competentes y al de presidencia propuestas normativas que incluye reducir el precio del abono de transporte público a 10 euros, aumentar un 15 % las pensiones no contributivas de forma inmediata y prohibir los cortes de suministros a las familias vulnerables, entre otras. El objetivo es que estas se debatan en el seno del Gobierno y puedan llevarse a término, aunque fuentes del espacio confederal dudan de que estas propuestas puedan prosperar debido a que en su socio en la coalición solo se abren a prorrogar las actuales medidas.

Además de las medidas que ya están en marcha, Belarra ha incluido estas tres propuestas adicionales para proteger a las familias ante la fuerte escalada de los precios y ha pedido que tanto la prórroga del Plan como las nuevas medidas se extiendan hasta final de año. En concreto, la también secretaria general de Podemos solicita que se reduzcan hasta los 10 euros todas las modalidades de abono de transporte público, tanto urbano como interurbano, y que se aumenten un 15 % las pensiones no contributivas con carácter inmediato, informa Ep.

En cuanto a esta última, pretende que dicho incremento se incorpore de forma acumulada a la nómina del mes de julio de 2022, con el objetivo de que las pensiones más bajas puedan hacer frente al aumento de los precios. Igualmente ha pedido que se apruebe de forma urgente una modificación del Bono Social con el objetivo de ampliar su extensión a dos millones de familias y que se agilice su acceso mediante la automatización de los trámites y el intercambio de información entre las administraciones.

Junto a ello, exige que se prohíba el corte de suministro de energía eléctrica, gas natural y agua en la vivienda habitual de las familias vulnerables cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de sus titulares, como la pobreza sobrevenida o el agravamiento de la situación social o económica.

Para ello, propone poner en marcha un protocolo obligado de comunicación por el que la empresa suministradora deba comunicar su intención de cortar el suministro previamente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para que haga una comprobación de renta y pida un informe a los servicios sociales.

Además de estas tres medidas, pide que se prorroguen las medidas contempladas en el decreto el 29 de marzo hasta el 31 de diciembre, entre ellas el descuento de los carburantes, el aumento de un 15% en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o el límite de la actualización anual de la renta