La Fiscalía ve “indicios racionales” de prevaricación en la investigación al diputado Casero

La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone al archivo de la investigación por prevaricación y malversación de caudales al diputado del PP Alberto Casero. El fiscal explica que hay “indicios racionales” para creer que cuando él dirigía el Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres) entre 2017 y 2018 se cometieron delitos en una serie de contratos de servicios, patrocinios y convenios que causaron un perjuicio a las arcas públicas que superaría los 50.000 euros.Casero, por su parte, defiende que en el departamento de contratación había descontrol, pero que ninguna de las decisiones fueron contrarias a la ley o se asignaron de forma caprichosa.

En el escrito del pasado 21 de julio, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la fiscal Ángeles Montes explica que aunque en algunos casos se tratara de contratos menores (que no superaban los 18.000 euros) necesitaban unos expedientes para justificar el gasto y la necesidad que nunca se realizaron. Expone que la Ley señala que este tipo de contrato puede adjudicarse directamente, pero que se exige la aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente. Y, en base a esto, dice Fiscalía, “el Sr. Casero incumplió tal normativa, y no solo por la existencia de irregularidades en la formalización de los contratos a los que se refieren las presentes actuaciones, como él mismo reconoce en su declaración, sino por la inexistencia de contrato en alguno como sucede con la contratación del psicólogo”.

La causa, que se abrió primero en un Juzgado de Cáceres y se trasladó al alto tribunal debido a la condición de aforado del diputado, tiene bajo la lupa cinco contratos firmados con un psicólogo, la cámara de Comercio de Perú, una asociación y dos empresas de comunicación. El abogado de Casero Bernardo del Rosalpidió el archivo el pasado mes de junio -tras la declaración de este ante los magistrados- alegando que no se desviaron fondos a ningún lugar porque todos los servicios llegaron a prestarse.

El Ayuntamiento no pagó en tiempo y forma y uno a uno los afectados recurrieron a los tribunales. Por eso, existen sentencias condenatorias para la administración local. Había “precariedad” de medios en el consistorio y esto propició errores que, si bien pueden suponer una condena en el ámbito civil de ninguna manera, señala el letrado, podrían acarrear responsabilidad penal para Casero. “Sería muy difícil argumentar la malversación cuando han sido los tribunales de justicia los que han obligado al Ayuntamiento a abonar las facturas”, rezaba el recuso.

Pero el Ministerio Público está lejos de esta posición y desglosa su parecer sobre los contratos (ninguno supera los 25.000 euros). “Nos encontraríamos en estos supuestos ante contratos verbales absolutamente prohibidos por la normativa aplicable. Ni en uno ni en otro caso hubo, tampoco, justificación alguna de los trabajos realizados”, aclara sobre una de las contrataciones. El fiscal explica que en algún caso la resolución del órgano de contratación por la que se acuerda el pago es posterior a la fecha del contrato, que hay contrataciones como la de una Ferie del Queso duplicadas en organismos... “Casero ha incumplido todo tipo de requisitos; requisitos que determinarían no solo la nulidad de los contratos celebrados, sino que presentan indicios [...] pudiendo incidir en el ámbito penal”. Con este escrito, el fiscal solicita que las diligencias sigan adelante. Algo que ahora debe determinar la Sala de lo Penal del alto tribunal.