Anna Gabriel dice al juez del “procés” que huyó a Suiza “por motivos personales”

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel, ha asegurado hoy negado hoy el Tribunal Supremo que cometiera un delito de desobediencia al no acatar los requerimientos del Tribunal Constitucional (TC) de no seguir adelante con la tramitación de leyes de desconexión en el Parlament.

Según fuentes jurídicas, ha explicado al juez Pablo Llarena, instructor de la causa del “procés”, ella no recibió ningún requerimiento del TC, como portavoz de la CUP en la Cámara catalana, para que desistiera de apoyar esas iniciativas contraviniendo sus mandatos.

Anna Gabriel se entregó por sorpresa a la Justicia española el pasado junio después de más de cuatro años huida, con el objetivo de regularizar su situación procesal. La ex diputada de la CUP, que se refugió en Suiza, fue procesada en marzo de 2018 por un delito de desobediencia, encontrándose en rebeldía desde julio de 2018 hasta su voluntaria puesta a disposición del Supremo.

No contesta a Vox ni a la Abogacía del Estado

En su comparecencia, tras la cual ha quedado en libertad puesto que ni la Fiscalía ni el resto de acusaciones han solicitado la adopción de medida cautelar alguna, la exdiputada de la CUP ha explicado que huyó a Suiza “por motivos personales”. Antes ha dejado claro que no iba a contestar a las preguntas de la abogada del Estado, porque según ha explicado “no ha cometido ningún delito de malversación” y no entiende a qué obedece la personación de los Servicios Jurídicos del Estado, ni a la representación letrada de Vox.

Sí ha respondido, sin embargo, a las preguntas del juez y del fiscal Javier Zaragoza, como a las de su abogado, Íñigo Iruin, que ha hecho alusión sobre todo a sus responsabilidades en la CUP durante el proceso independentista en Cataluña en 2017.

Tras esta comparecencia, Llarena deberá cerrar el procedimiento respecto a Anna Gabriel y elevarlo al tribunal enjuiciador, que deberá decidir si traslada la causa a los juzgados de Cataluña, un paso que podría solicitar la propia Fiscalía, o se juzga en el Supremo a la exdiputada de la CUP.

Destituida en aplicación del 155

Gabriel, que fue destituida el 28 de octubre de 2017 en aplicación del artículo 155 de la Constitución, compareció en el alto tribunal acompañada de su nuevo abogado, Íñigo Iruin. Tras su comparecencia de junio, Llarena dejó sin efecto la orden de búsqueda y detención existente contra ella, así como la declaración de rebeldía. La exdiputada de la CUP solo tuvo que designar un domicilio y un teléfono para estar localizada y comprometerse a comparecer en el Supremo cada vez que fuese requerida.

El delito de desobediencia por el que fue procesada por su papel en la Declaración Unilateral de Independencia no lleva aparejada una pena de prisión, sino una pena de multa de hasta doce meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años como máximo, por lo que aunque estaba huida de la Justicia española no había en vigor ninguna orden europea o internacional de detención.

Eso sí, en el momento de su entrega el pasado junio sí estaba vigente una orden nacional de detención para que fuera puesta a disposición del Tribunal Supremo si pisaba suelo español, para poder continuar el procedimiento contra ella con la preceptiva declaración indagatoria (en la que se le comunica el procesamiento) que hoy finalmente se ha producido.