"Procés"
El juez Llarena acerca al banquillo a Anna Gabriel
Cierra la investigación contra la exdiputada de la CUP en el Parlamente y ahora la Sala Penal del Tribunal Supremo debe decidir si envía la causa a los juzgados de Cataluña
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha cerrado la investigación a la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel por su papel en el «procés». Una semana después de su comparecencia en el Tribunal Supremo –donde negó que desoyera al Tribunal Constitucional (TC) durante el proceso independentista en Cataluña en 2017–, el instructor ha cerrado el sumario respecto a Gabriel, que ahora está a un paso del banquillo para ser juzgada por la supuesta comisión de un delito de desobediencia.
En su resolución, el magistrado acuerda la conclusión del sumario y remite la causa a la Sala de lo Penal del Supremo. Ahora, y una vez el procedimiento esté en manos de la Sala de lo Penal del alto tribunal, está por ver si los magistrados deciden juzgarla en el Tribunal Supremo o remitir la causa a Cataluña para que sea allí donde responda ante la Justicia.
La exdiputada de la CUP compareció por sorpresa el pasado julio ante el juez Llarena en el Tribunal Supremo después de cuatro años huida de la Justicia española en Suiza.
Cuatro años huida
Ante Llarena, Gabriel insistió en que no recibió ningún requerimiento del Tribunal Constitucional instándole a no seguir adelante con la tramitación de las leyes de desconexión que prepararon el terreno para la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) el 27 de octubre de 2017. En esa misma comparecencia, la expolítica aseguró al juez que decidió huir a Suiza «por motivos personales», según fuentes presentes en su declaración.
Tras ponerse a disposición del instructor en julio, Llarena acordó su libertad y dejó sin efecto la orden nacional de búsqueda y detención contra ella. Solo tuvo que designar un domicilio y un teléfono para estar localizada y comprometerse a acudir al Supremo cada vez que fuese requerida.
El delito de desobediencia no conlleva pena de prisión, sino una pena de multa de hasta doce meses y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años como máximo, por lo que mientras estuvo huida no pesaba ninguna orden europea de detención sobre ella.
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