El PSOE apoya la ley de ERC y Bildu para despenalizar las injurias a la Corona

Alineamiento del PSOE con la ley de Esquerra y Bildu para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España. Los socialistas han bloqueado hasta ahora la mayoría de ofensivas de sus socios en el Congreso a la Casa Real (particularmente, los intentos por impulsar comisiones de investigación), pero han accedido finalmente a esta iniciativa parlamentaria, que han definido como “avance social”. Tanto PP, como Ciudadanos y Vox han presentado enmiendas a la totalidad, pero han quedado rechazadas por todo el bloque de la izquierda.

La ley se presentó en el Senado y superó la toma en consideración, con 145 votos a favor y 111 votos en contra. Ahora, se han reproducido las mismas mayorías. La iniciativa seguirá la tramitación parlamentaria en el Congreso.

La diputada del PSOE, Andrea Fernández, ha acusado a la derecha de “oponerse con muchas estridencias contra todo aquello que tenga que ver con derechos como libertad expresión o ideológica”. “Parece que siempre a ustedes les ciega su necesidad de control, de estrechamiento de la expresión y delimitar lo que se puede decir o hablar. Quizás es que saben que proteger la libertad de pensamiento debilita su poder que esta referenciado en el statu quo”, ha resumido, para defender la posición de su partido. También ha argumentado que la Constitución tiene una “concepción personalista del derecho al honor” ya que “alude a personas consideradas individualmente”: “Esto puede hacer inadecuado hablar del honor de instituciones o territorios”. Pese a estos argumentos políticos y jurídicos, Fernández también ha venido a reconocer el temor de que los independentistas aprovechen esta ley para convertirla en una oportunidad de acoso y desgaste a la Casa Real y, por ello, ha afirmado que no van a permitir que “se convierta en una afrenta al orden constitucional”.

El diputado del PP, Eloy Suárez, ha defendido la enmienda a la totalidad de su grupo y ha argumentado que su objetivo es mantener el “statu quo” porque hay “doctrina consolidada” del Tribunal Constitucional. Suárez ha criticado que, en plena incertidumbre y deterioro económico, los independentistas impongan ahora un debate sobre la Corona y ha asegurado que la iniciativa no busca plantear una discusión entre la libertad de expresión o la protección de la Corona, sino “sobre si queremos mantener o no el régimen constitucional del 1978″. “Ese es el auténtico debate, señores del PSOE”, ha afirmado Suárez, aludiendo a los socialistas por su apoyo a una iniciativa que busca “socavar” la Constitución y ha recordado que hay muchos países con legislación para proteger a sus jefes de Estado, bien sea una república o una monarquía. “Esta iniciativa destila mucho odio a España”, ha señalado.

José María Sánchez (Vox) ha señalado que el apoyo del PSOE a esta iniciativa legislativa es un peaje político y ha asegurado que la exposición de motivos, que incluye ejemplos de “artistas o revistas satíricas” que han tenido problemas con la Justicia “por hacer uso de su libertad de expresión” (entre ellos, se cita a Valtonyc), tiene contenidos que son “parcialmente falsos”. “Por tanto, son falaces”, ha afirmado. Edmundo Bal (Ciudadanos) ha recordado que las “libertades tienen límites” y “todas las sociedades democráticas avanzadas tienen límites a la libertad de expresión”. “Si se abusa de la libertad para acabar con los derechos de los demás, tendremos una sociedad menos libre”, ha afirmado, recordando los homenajes a terroristas o escraches a políticos.

La diputada de Esquerra, Carolina Telechea, ha enumerado que en los “últimos siete años” se han registrado “una media de dos condenas por año” a artistas o periodistas por “expresar su disconformidad con la Corona”.

En cualquier caso, la ley, que es una reforma del Código Penal con un único artículo, sitúa nuevamente a la Casa Real en el centro del debate político. En este sentido, esta misma semana, los socios del Gobierno al completo (incluido Podemos) han impulsado una comisión de investigación contra el Rey Juan Carlos I.