El Supremo libra a la diputada de la CUP de la inhabilitación por no contestar a Vox en el juicio del ‘procés’

El Tribunal Supremo ha condenado a la diputada de la CUP en el parlament de Cataluña Eulàlia Reguant a una multa de 13.500 euros por desobediencia grave a la autoridad cuando se negó a contestar a las preguntas de Vox (que ejercía de acusación popular) durante el juicio del ‘procés’. La Sala de lo Penal, sin embargo, la libra de la inhabilitación que la Fiscalía también pedía para ella y podrá seguir como política.

El representante del ministerio público, de hecho, solicitó para ella cuatro meses de prisión por no contestar -como era su obligación como testigo- a las preguntas de los abogados del partido de Santiago Abascal. Ella esgrimió en un juicio por este asunto el pasado 28 de septiembre que no contestó porque hacerlo era blanquear a la extrema derecha. El Supremo ha sancionado este comportamiento, pero ha considerado que una pena de cárcel excedería el principio de proporcionalidad.

Los magistrados han subrayado que la negativa de la dirigente de la CUP fue “evidente”, “inequívoca”, “clara y patente” y su actitud “traspasó claramente los límites de su libertad ideológica y de conciencia”. Su defensa basó ahí su argumentación, en la conciencia: “Se trataba de una objeción de conciencia ante la presencia y el papel de la acusación popular, ella manifestó que no quería normalizar la presencia de esta agrupación política porque se corría el riesgo de normalizar su presencia en las instituciones”.

“No existe un derecho general a la desobediencia respaldado por disposición constitucional o legal alguna”, dice la sentencia. Su posicionamiento ideológico es respetable, pero debe primar el “deber de colaboración con la justicia, y de respeto al principio de autoridad y al orden público”. Por eso, a juicio de los magistrados, la actitud de Reguant fue “obstinada”, “totalmente meditada y decidida”.

En su declaración, la diputada de la CUP esgrimió que “la actuación a Vox como acusación popular se convirtió así en una herramienta más del Estado para construir un juicio político, un elemento más del engranaje represivo del Estado” durante todo el proceso de independencia y en especial del ‘procés’.

La diputada de la CUP también llegó a decir en el juicio que si el tribunal le hubiera dado la oportunidad de vehicular las preguntas de Vox a través de su presidente, el magistrado Manuel Marchena, “sí habría respondido” a las preguntas. Así, la defensa indicó que la dirigente no se opuso a colaborar con la Justicia, porque habría estado dispuesta a contestar al tribunal. El Supremo ha considerado probado que se opuso a conciencia de las consecuencias.