Esquerra exigirá avances en la sedición para un “sí” final a los presupuestos

El primer trámite para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 arranca este miércoles y jueves con el debate y votación de las enmiendas a la totalidad. Si no hay ningún cambio de última hora, las cuentas superarán este primer paso, pero todavía queda mucho trecho por recorrer para que obtengan luz verde definitiva. Y ese trecho es el que van a aprovechar los socios del Gobierno para arañar todo el rédito posible de los presupuestos: sobre todo, Esquerra, que acepta desligar la negociación de la reforma de la sedición como quiere el Gobierno, pero exige que haya avances en esa carpeta mientras se tramitan las cuentas y advierte de que influirá en el «sí» final.

En este sentido, en las filas republicanas son muy claros: «Necesitamos que pasen cosas para poder negociar». Es decir, generar un clima apropiado que pasa porque haya avances en la resolución del «conflicto», tal y como se comprometieron Gobierno y Generalitat en la mesa de diálogo. De esta manera, sí aflojan en su exigencia de vincular negociaciones presupuestarias y sedición, pero tampoco van a permitir que el Gobierno diluya la reforma de la sedición con buenas palabras y buenas intenciones. De hecho, tienen una fecha en rojo en el calendario: 31 de diciembre. La reforma de los delitos tiene que estar sí o sí hecha antes de finales de año porque son conscientes que a partir de enero habrá poco que hacer con un año tan intenso electoralmente.

De momento, los republicanos ven con buenos ojos la escenificación del Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez al frente, de mantener su compromiso de reformar el delito de sedición. Eso ha bastado para evitar que presenten una enmienda a la totalidad en esta primera votación, pero no será suficiente para los próximos trámites de los PGE ya que esas buenas intenciones tienen que materializarse: es decir, las palabras «ayudan mucho», pero también desconfían del PSOE y temen que pueda aplazar la reforma «sine die» bajo el argumento de que no hay una mayoría parlamentaria amplia.

Sí es cierto que tampoco hay consenso entre el Gobierno y los socios de investidura: Moncloa es partidaria de rebajar las penas, pero no tanto como Esquerra, que ha defendido suprimirlas y ahora se podría conformar con rebajarlas a un máximo de cinco años. Actualmente, las penas pueden alcanzar un máximo de 15 años: Oriol Junqueras, el dirigente del Govern con mayor condena por el «procés», se quedó en 13 años.

Es decir, la posición que tiene ahora mismo el ejecutivo nacional no es compartida a pies juntillas ni por el bloque de la investidura ni tampoco sería apoyada por el bloque de la derecha, que rechaza hacer cambios en el Código Penal porque permitirían favorecer a los independentistas. En el Gobierno aducen que hay que «homologar» el Código Penal al resto de nuestros países vecinos y el delito de sedición sí es cierto que alberga penas más bajas que en España.

En todo caso, Esquerra se conforma por ahora con la escenificación del Gobierno como punto de partida para reactivar la reforma del delito de sedición, aunque quedan dos meses por delante de intensas negociaciones para culminar un acuerdo. Y los presupuestos son un arma de presión de Esquerra: de momento, los republicanos ceden y desligan una cosa y otra, pero la sombra de la reforma del Código Penal va a estar muy presente en la tramitación de las cuentas.

Los presupuestos superarán este jueves la primera votación y volverán a votarse dentro de un mes (entre el 24 y el 27 de noviembre) en el Pleno tras pasar por ponencia. El Gobierno llega todavía con algunos votos indefinidos: en contra, tiene asegurados 158. La mayoría absoluta está situada en 176, aunque necesita una mayoría simple para rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por siete partidos. Es decir, incluso una abstención de Esquerra y Bildu bastaría porque Moncloa ya cuenta con los 153 diputados de PSOE y Podemos, además de seis del PNV; Más País (2); PRC (1); Teruel Existe (1); y, Compromís (1). Es decir, 164 diputados que rechazarán las enmiendas a la totalidad.

Por ver está todavía el PDeCat (4) y el BNG (1). Ambas formaciones continúan negociando tratando de arañar alguna contrapartida. Coalición Canaria (2) ya ha anunciado que se abstendrá con el objetivo de seguir negociando más adelante con el Gobierno.

Hasta ahora, tan solo el PNV ha podido anunciar un «premio» por negociar con el Gobierno: la renovación del cupo vasco (es decir, el dinero anual que transfiere la Hacienda Vasca a la Hacienda estatal para costear los gastos de las competencias no transferidas, como Exteriores o Defensa). El resto de formaciones siguen negociando y apurando los últimos instantes para poder granjearse algún compromiso con el que justificar su apoyo.

El Gobierno podrá dar por superada la primera parte de la tramitación de los presupuestos después del jueves e iniciará el camino así hacia la conquista de sus terceros presupuestos en tres años de legislatura, uno de los hitos que más reivindica.