La investigación por las adjudicaciones del PP en la época de Aznar apunta al archivo

Más de un año después de solicitarlo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya tiene sobre la mesa el informe de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) que analiza más de una veintena de adjudicaciones entre 2002 y 2004 vinculadas al empresario Alfonso García Pozuelo por parte de administraciones gobernadas por los populares en época del Gobierno de José María Aznar. Un informe que no aprecia irregularidades relevantes en esos contratos que apunten indicios de que esos pagos al PP fueron finalistas; es decir, que se efectuaran para ser beneficiados en la adjudicación de obra pública.

Los autores del mismo avalan que los sobrecostes no infringieron la Ley de Contratos de la Administración Pública y no aprecian irregularidades en los procesos de licitación al valorar las ofertas de las empresas que optaban a esos contratos. Pero, sobre todo, de forma recurrente constatan que las valoración de los criterios técnicos se llevó a cabo “con anterioridad a la apertura de las proposiciones económicas”, por lo que en ese momento se desconocían las ofertas de los empresarios. En algunos casos, incluso, con anterioridad a que esa obligación legal existiese. Y en relación a la superación de los plazos también se muestra indulgente al asegurar que aunque fueran superiores a los previstos este hecho no constituía un incumplimiento de la normativa aplicable

El instructor ya ha dado traslado del documento, de casi un centenar de páginas, a la Fiscalía Anticorrupción, para que se pronuncie sobre la posibilidad de seguir adelante con la investigación o acordar el archivo de las actuaciones, aunque fuentes jurídicas apuntan a LA RAZÓN que lo más probable es el sobreseimiento de la causa.

La documentación de Bárcenas que nunca llegó

La causa se reabrió tras declarar Francisco Correa en el juicio de la época principal del “caso Gürtel” que en el PP se adjudicaron contratos a cambio de donaciones y que era Luis Bárcenas el encargado de gestionar esos amaños en los correspondientes ministerios. La investigación se reactivó en febrero de 2021 con la confesión del extesorero del PP, quien en una carta dirigida a Anticorrupción aseguraba que algunas de esas donaciones si eran con carácter finalista. Bárcenas declaró ante el juez Pedraz en julio de 2021 y se aportó a remitir al juzgado documentación al respecto, que nunca llegó.

El “informe sobre la legalidad de los expedientes de contratación remitidos por empresas y entidades públicas desde la reapertura de la pieza separada” se efectúa, aseguran los autores del mismo, tras haber analizado una cantidad de documentación “muy voluminosa”, puntualizan que el análisis obvia los aspectos de naturaleza puramente técnica. Además de licitaciones efectuadas por los ministerios de Interior, Defensa, Fomento y Medio Ambiente, la IGAE ha escrutado adjudicaciones realizadas por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), AENA, ADIF (gestor de las infraestructuras ferroviarias), Hacienda, la Confederación Hidrográfica del Tajo o el Instituto de Turismo de España (Turespaña).

Respecto a dos de las adjudicaciones del Sepes analizadas (un proyecto de urbanización en Ceuta y la prolongación de una avenida en Guadalajara), el informe concluye que “se cumplió el requisito legal de que el importe de las obras complementarias no superase el 20% del precio primitivo del contrato principal” (aunque se rozase ese topo alcanzando esos gastos extra hasta un 19,85%).

Los incrementos presupuestarios, legales

Tampoco el importe final de los contratos de obras complementarias -añade- supuso unos incrementos por encima del 10% que marca la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en estos supuestos se situó en un 9,96 y un 9,78%). Y en relación al importe ejecutado, el informe -adelantado por El Español- no aprecia asimismo “un incumplimiento de normativa aplicable”.

En esa misma línea, la IGAE tampoco pone reparos legales a la adjudicación de una depuradora de aguas residuales en Monte Boyal (Toledo), licitado por 3,7 millones en abril de 2003 y al que optaron cinco empresas, llevándose el gato al agua Ondeo Degremont. Y aunque los peritos manifiestas que no pueden pronunciarse sobre el proceso de puntuación de los criterios técnicos de valoración, precisa que cuando estos se valoraron “no se conocían las ofertas económicas presentadas por los licitadores”.

Pese a un modificado de 441.172 euros y una ampliación en tres meses del plazo de ejecución, el informe considera que también se observó la normativa de contratación aplicable.

Contratos de AENA y Adif

En similares términos se pronuncia respecto a la adjudicación por AENA de una plataforma de estacionamiento de aeronaves en el dique de la T-4, un procedimiento que se puso en marcha en 2001 con un presupuesto de licitación de 37 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. Ninguna de las 14 ofertas que optaban a la licitación “estuviera incursa en presunción de temeridad”. Una adjudicación que recayó en una UTE liderada por Constructora Hispánica (perteneciente a Alfonso García Pozuelo, donante del PP y condenado en el juicio principal del “caso Gürtel”) y Comsa.

Las valoraciones son similares en el conjunto de los contratos analizados: de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, de la propia Agencia Tributaria, la Confederación Hidrográfica del Tajo, Turespaña, ADIF (desde la contratos de adjudicación de tramos de líneas ferroviarias del AVE hasta la construcción de un aparcamiento para camiones en la terminal de contenedores de Abroñigal, en Madrid) o de los ministerios de Defensa (las obras del nuevo cuartel de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama) y Fomento (tramitados por la Dirección General de Carreteras).