Tribunales

La España vaciada judicial: un juez de guardia para 117.000 habitantes y 10.000 km cuadrados en Huesca

Con el aval del CGPJ, desde el primer fin de semana de diciembre la medida se pondrá en marcha en los partidos judiciales de Monzón, Barbastro y la zona pirenaica de Boltaña

Castillo de Monzón.
Castillo de Monzón.Francisco Martinez AriasCreative Commons

La España rural también sufre la falta de togas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer mismo el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del pasado día 3 que modifica el régimen de prestación del servicio de guardia en los partidos judiciales oscenses de Monzón, Barbastro y Boltaña, al amparo de lo previsto en el artículo 48.2 y 3 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales. Estas disposiciones habilitan al Consejo a revisar cada dos años como máximo el sistema organizativo de guardias y, en su caso, el número de juzgados que deban prestarlo y a modificarlo “cuando las necesidades del servicio o las peculiaridades” propias de esas circunscripciones judiciales así lo aconsejen.

La escasez de jueces es una de las quejas recurrentes de las asociaciones judiciales. Según los últimos datos de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, correspondientes a 2020, en España hay menos de 11,5 jueces por fada 100.000 habitantes frente a los 17,6 de la media europea.

La decisión implica que, a partir del primer fin de semana de diciembre, los partidos judiciales de esos tres municipios -con una población de más de 117.000 habitantes y 10.000 kilómetros cuadrados- tendrán únicamente un juez de guardia (desde las 15:00 horas del viernes a las 22:00 horas del domingo), asistido de un letrado de la Administración de Justicia, para atender los asuntos que se produzcan en las tres sedes judiciales. El partido judicial de Boltaña es, junto con el de Jaca, el que abarca toda la zona pirenaica en territorio aragonés, donde son frecuentes los accidentes de montaña que, en el peor de los casos, requieren de intervención judicial.

Provisionalmente, la medida estará en vigor por un periodo de seis meses, tras el que se evaluará el resultado de su funcionamiento “antes de su aprobación definitiva”, estableciéndose distintas pautas de trabajo y fijación del sistema de rotación según el calendario y los supuestos que puedan producirse.

El levantamiento de cadáveres, prioritario

El CGPJ avaló así la propuesta que le hizo llegar la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para “la agrupación de juzgados de guardia de fines de semana alternos” en los referidos partidos judiciales. El acuerdo contempla incluso un orden de prioridades “a la hora de atender las distintas actuaciones del servicio”. En primer lugar, el levantamiento de cadáveres en los que se requiera la intervención de la autoridad judicial, seguido de la regularización de detenidos y la resolución de medidas cautelares y órdenes de protección, antes de atender las demás diligencias del servicio.

La resolución alude también a las actuaciones “indispensables” que deberán llevarse a cabo en casos de violencia de género (incluyendo delitos de quebrantamiento): declaración de la víctima y del investigado, comparecencia de orden de protección si fuera necesaria y aquellas otras que sean necesarias para no demorar su aplicación, incoando diligencias previas o urgentes según los casos.

Críticas del sindicato Venia

Jorge Piedrafita, delegado del sindicato de abogados Venia, denuncia que la medida “implica una reducción de los medios judiciales en la atención a la ciudadanía y una importante sobrecarga de trabajo en las intervenciones de guardia, en la que los letrados de oficio pueden tener que realizar mayores desplazamientos y afrontar mayores demoras en los previsibles retrasos que se producirán al tener que atender un magistrado lo que correspondería a tres”.

Piedrafita señala que CGPJ y el Ministerio de Justicia deberían “aumentar los medios judiciales y no disminuirlos, especialmente en las zonas rurales que tienen mayores distancias entre sí” y expresa el temor de que el esfuerzo que requiere la puesta en marcha de esta iniciativa “recaiga nuevamente sobre los letrados del turno de oficio, que en el caso concreto de estos tres partidos son los que guardias más prolongadas realizan y menor remuneración reciben de la Administración”.

De ahí que advierta que desde Venia estarán “vigilantes” para evitar una “merma de condiciones y prestaciones a la ciudadanía” y de la situación profesional de los letrados del turno de oficio, “que tienen los mismos derechos que los de otros partidos judiciales”.