Carles Puigdemont: En su órdago final

Subida de tono sin precedentes. La segunda vista en el Tribunal General de la Unión Europea para analizar la inmunidad de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí fue muy tensa al asegurar el abogado del Parlamento Europeo que el expresidente fugitivo «probablemente obtuvo el acta de eurodiputado de forma ilegal y el Parlamento Europeo se lo permitió».

Por su parte, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, denunció con vehemencia el «trato vejatorio» a sus defendidos desde hace tres años, con vulneración de sus derechos bajo una auténtica «persecución política». El letrado recordó la reciente reforma del Código Penal con la supresión del delito de sedición, exigencia de los socios de Pedro Sánchez para aprobar los Presupuestos, lo que en su opinión demuestra «la cacería» sufrida por los dirigentes catalanes fugados, en especial Puigdemont.

Un órdago en toda regla en el que el expresidente de la Generalitat desafía a la Justicia europea en un asalto final para intentar la anulación de la euroorden dictada por el juez Pablo Llarena para la detención de los exiliados basada, según las tesis de Boye, en la incorrecta actuación del entonces presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que orilló la inmunidad de los tres políticos separatistas procesados por malversación y sedición, ahora en retirada del Código Penal.

En medio de un complejo galimatías jurídico, el abogado de la Eurocámara, Norbert Lorenz, declaró que nunca recibieron notificación de que los demandantes hubieran sido nombrados o elegidos parlamentarios en España, y se les permitió ocupar sus escaños con dudosa legalidad, lo que supone una dura respuesta a los argumentos de Boye, quien acusa al Parlamento Europeo de no respetar los derechos de sus defendidos en la tramitación de los suplicatorios para suspender su inmunidad y ser juzgados en España. Boye abundó en la reforma de la sedición, algo que ahora dice avalar sus tesis y demuestra que el político independentista ha sufrido desde su «exilio» una «persecución política» para detenerlo y juzgarlo por el «procés». Estamos ante un abrumador «fumus persecutionis», denunció Boye en la vista por el recurso presentado contra el Parlamento Europeo por haber levantado la inmunidad a Puigdemont. Añadió que ni el presidente de la Comisión que analizo el suplicatorio, Adrián Vázquez de Cs, ni el ponente de los servicios jurídicos, Ángel Dhambazaki, fueron imparciales, y recordó la frase de este último: «Puigdemont, a prisión».

El expresidente fugitivo se enfrenta a una vista muy compleja que marcará su futuro judicial, con el levantamiento de la inmunidad, el suplicatorio y su posible detención y juicio posterior si viene a España. Fiel a su estilo, no se rinde. En medio de un pulso judicial sin precedentes entre el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado y los Tribunales Europeos, «El Puchi» resurge de las cenizas como el ave fénix. En el aniversario del 1-O, el prófugo se declaró legítimo heredero del referéndum ilegal, apuesta por la confrontación total con el Gobierno y reivindica su Consell por la República como el verdadero Govern de Cataluña en el exilio. Desde su huida a Bélgica, instalado en su corte de Waterloo, no ha cesado de viajar por toda Europa amparado en su inmunidad parlamentaria, rechazada por el juez Pablo Llarena al mantener en vigor la euroorden, levantada por el Parlamento Europeo y ahora recurrida ante el TGUE.

Frente a la división profunda entre JuntsxCat y Esquerra, el fugitivo se erige en líder de la hoja de ruta soberanista y se considera el auténtico mesías errante del «procés». Aún confía en sus expectativas políticas, afronta esta vista judicial ante el TGUE con tranquilidad convencido de que, pase lo que pase, es de nuevo una dura piedra en los zapatos de Pedro Sánchez, Pere Aragonès y la famosa mesa de diálogo.

Tanto si sigue en libertad como si la justicia acepta la petición del juez Llarena para su entrega inmediata a España, su figura emerge polémica, protagonista de la cruzada soberanista y se ve con fuerzas para rivalizar con su eterno adversario, Oriol Junqueras y ERC, a quienes reprocha su entreguismo a Sánchez. El fugitivo profeta de la independencia catalana mueve de nuevo ficha en su batalla para evitar la extradición a España, aunque la declaración del abogado de la Eurocámara es un duro varapalo. En el quinto aniversario del 1-O emitió un discurso por videoconferencia confrontado con el presidente Pere Aragonès en el que reclama con toda solemnidad el Consell por la República, su «gobierno en el exilio». Un acto que demuestra la gran brecha en el mundo independentista, dado que el prófugo se considera el presidente legítimo de la Generalitat y así lo traslada a todo su equipo.

Han pasado cinco años de aquel mes de octubre de 2017 en que Puigdemont despistó a todos, huyó a Bélgica e instaló su corte en Waterloo. Como acusan los republicanos desde entonces «ha vivido como un rey», mientras su líder, Oriol Junqueras, permanecía en la cárcel de Lledoners. En todo este tiempo el fugitivo pisó temporalmente una prisión alemana, ha mantenido incesante su reivindicación de la república catalana, logró ser eurodiputado, utilizó como un títere a su sucesor, Quim Torra, observó satisfecho la ruptura de su antiguo partido el PDeCAT, y articuló la nueva coalición JuntsxCat.

Rodeado de un núcleo duro con su íntimo amigo el empresario Josep María Matamala y los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, no ha dejado un solo día de «dar la lata», dicen sus adversarios de ERC. «El Puchi» maneja con demagogia su embrollo judicial. Sus leales aseguran que jamás dará un paso atrás en la vía unilateral hacia la independencia y boicoteará la mesa de diálogo con el Gobierno de España: «Sin nosotros nada se puede pactar», advierte a ERC, con quien se encuentran todavía más enfrentados desde la inhabilitación de Laura Borràs como presidenta del Parlament.