El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) no entrará a valorar a los dos candidatos del Gobierno para renovar la institución. Según apuntan fuentes del tribunal de garantías, una vez el Ejecutivo traslade el nombramiento del exministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, se celebrará un Pleno no jurisdiccional en el que los magistrados se inclinan mayoritariamente por esperar (al menos por ahora) a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) designe a sus dos candidatos.

Esa decisión se podría adoptar hoy mismo, pues según esas mismas fuentes, en cuanto llegue esa comunicación al tribunal se podrá introducir una adenda al orden del día del Pleno para abordar el asunto (el TC celebra hoy y mañana su sesión ordinaria).

Eso no quiere decir, sin embargo, que la posición vaya a salir adelante necesariamente de forma unánime. Se trataría, más bien, de un voto de confianza al órgano de gobierno de los jueces para que proceda a su designación y se desatasque así el relevo en el Constitucional, pendiente desde el pasado junio. Y, sobre todo, de ofrecer un ejercicio de normalidad, pues como ha sucedido en anteriores ocasiones en similares trances –cuando la renovación del tercio pendiente compete al Gobierno y al CGPJ–, en el momento en que uno de los dos ha realizado el nombramiento se ha esperado a que el otro hiciese lo propio.

«El Gobierno ha hecho dos “Lolas”»

Y eso pese a que el horizonte de la elección de los dos jueces por parte del Consejo del Poder Judicial no está precisamente despejado. Los cuatro vocales encargados de consensuar esos nombramientos se volverán a reunir hoy sin grandes expectativas de acuerdo. El bloque progresista sigue apostando por el magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, pero respondiendo a la demanda del sector mayoritario, reticente con Bandrés (a quien tildan de candidato «gubernamental»), pondrán sobre la mesa otros dos aspirantes. Según las fuentes consultadas podría tratarse del presidente de la Sala Militar del Supremo, Jacobo Borja de Quiroga, y de la magistrada de lo Contencioso del alto tribunal Ángeles Huet (que ya formaban parte de su listado inicial de nueve nombres).

Pero los representantes del bloque mayoritario no tienen previsto decantarse aún por ningún candidato. Barajan hasta seis nombres: los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés», Julián Sánchez Melgar, ex fiscal general del Estado, y Vicente Magro (los tres de la Sala de lo Penal), y sus compañeros de lo Contencioso César Tolosa, presidente de la Sala Tercera, Inés Huerta y Diego Córdoba.

Pero fuentes del sector conservador apuntan que la elección de Campo y Díez «no ayuda» en la negociación por su marcado perfil «político». «El Gobierno ha hecho dos “Lolas”» , ironizan en referencia nada velada a la designación en su día de la diputada socialista y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado.

Verificación de los requisitos

La Carta Magna estipula en su artículo 159.3 que «los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres». Cuatro son elegidos a propuesta del Congreso, cuatro por el Senado (en ambos casos por mayoría de tres quintos) y en la designación de los cuatro restantes intervienen el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), proponiendo a dos cada uno. Este es, precisamente, el tercio que está pendiente de renovar ahora (que debe acarrear la sustitución del presidente del TC, Pedro González-Trevijano; de su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares).

La función del Pleno es «la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado del Tribunal Constitucional», tal y como contempla entre las atribuciones del Pleno el artículo 10.1 de la ley que regula su funcionamiento (LOTC).

La mayoría conservadora defiende que la renovación debe producirse por tercios, como estipula la propia Constitución. Pero un sector del TC mantiene que la situación dio un vuelco con la reforma legal que permite al CGPJ efectuar esos nombramientos desde el pasado julio. Hasta entonces, defienden, el Consejo estaba incapacitado para cubrir esas dos renovaciones, pero desde entonces esas dos designaciones no se han producido, un bloqueo que consideran despeja el camino del TC para dar su plácet a los dos magistrados elegidos por el Gobierno.