El Gobierno arranca hoy las obras previas a 110 exhumaciones en Cuelgamuros

Con el visto bueno de Patrimonio Nacional, un presupuesto de 650.000 euros y, según parece, sin licencia urbanística por parte del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, hoy comienzan los trabajos previos a las exhumaciones de 110 víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos, ahora de Cuelgamuros.

En el origen de esta intervención está la petición de la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña, fusilados en Calatayud en 1936 por sus actividades sindicalistas y trasladados a los columbarios de la cripta principal de Cuelgamuros en 1959. Un fallo judicial avaló en 2016 una intervención para que sus restos sean devueltos a Aragón, sentencia a la que se acogieron después el centenar de allegados con interés en recuperar lo que quede de los suyos.

Según Eduardo Ranz, abogado de la familia Lapeña, la presencia en el Valle de los restos de ambos hermanos queda consignada en el auto de 2016. «El juez estimó demostrada la alegación de la familia por vía documental, testifical y declarativa». La primera vía correspondería a los documentos aportados por Patrimonio en los que se prueba la entrada de los restos en el Valle en 1959. La vía testifical consistiría en el testimonio de los arqueólogos, que descartaron científicamente, a petición del juez, que los restos se encontraran en la fosa original del barranco de la Bartolina donde fueron fusilados, y la tercera vía se basa en los testimonios de la familia.

Hay que destacar que de los 33.847 restos humanos que descansan en el mausoleo, 12.510 aparecen sin nombre en el libro de registro, y los Lapeña no figuran en ese listado.

Por su parte, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC) actuará «en cuanto tenga constancia de que arrancan» esas tareas «sin licencia» y «en contra» de las 260 familias a las que representa, «que ya han mostrado su deseo de que se respeten los restos de los suyos y a las que se está ninguneando». Según la entidad, la Justicia pedía también en 2016 el «respeto debido a la basílica y a los deseos de terceros». Su principal preocupación es que, dado el estado de deterioro del interior de los osarios, los restos se vean afectados por la manipulación en los columbarios, y cuando «en el 80% de las 110 peticiones no está acreditado que los suyos estén allí, lo que no deja de ser una temeridad».

También se opone la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que solicitó el viernes medidas cautelarísimas «para paralizar toda actuación en la basílica», y que estudiará «el aspecto penal de lo que suceda en el futuro para, llegado el caso, interponer la oportuna querella criminal contra los responsables», aseguran. «Esperamos que se imponga la cordura en este Gobierno y no den nuevos pasos que sobrepasen el umbral de la legalidad».

El cometido de hoy, según la información de este diario, es la instalación de una puerta de madera que permita el cierre de la capilla del sepulcro para separarlo del resto de la basílica.

La ADVC presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avaló el pasado julio las intervenciones, pero el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial no renovó la licencia urbanística alegando que esperaría una sentencia en firme. Patrimonio Nacional se basa ahora para actuar en la interpretación de un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de la regidora Carlota López (PP), que le fue remitido el pasado 10 de noviembre.

Mientras, la comunidad benedictina se mantiene al margen y continúa con la misma tarea desde su llegada al Valle de los Caídos: la oración por todas las víctimas de la Guerra Civil allí sepultadas. Pendiente de ejecutarse además su expulsión del recinto, según los pasos que aventura la Ley de Memoria Democrática, con una «resignificación» del recinto, que pasaría a ser cementerio civil. Aunque falta aún el real decreto ley que determine el nuevo estatus jurídico del complejo.