El problema de las vacantes judiciales se agrava en toda España: 72 plazas vacías o interinas

Las vacantes judiciales que hay regadas por toda España serán uno de los problemas de la Justicia a los que, sin duda, el Gobierno tendrá que hacer frente este año. Ya hay plazas de jueces desocupadas en todas las Comunidades Autónomas menos en Asturias, según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El problema del bloqueo, precisamente, reside en este órgano que se debería haber renovado hace cinco años y ahora tiene su función de nombramientos anulada. La solución, tan fácil como pactar para el recambio del CGPJ o devolverle la competencia reformando la ley. Tan sencilla como remota.

«La única solución a corto plazo sería derogar la ley [aprobada por el Gobierno antes del verano de 2021 para limitar los nombramientos]; esto parece improbable pues no existe voluntad política, lo que nos queda es esperar que se produzca de una vez y cuanto antes la renovación del CGPJ», explica María Jesús del Barco presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, la más cuantiosa en la carrera judicial.

Actualmente, entre presidentes de salas de audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia hay 52 plazas sin cubrir. Andalucía lidera el ranking con nueve plazas libres, seguida de Castilla y León con seis, La Rioja con cinco y Aragón y Castilla-La Mancha empatan con cuatro. Los magistrados más rasos concursan para distintas plazas que se otorgan por escalafón, pero las de las presidencias las elegía el CGPJ de modo que si ahora quedan vacantes se prorrogan de forma interina o se sustituyen por el más antiguo de la Sala, por ejemplo. «Hay compañeros que tienen que estar haciendo funciones de presidencia en sustitución y ejerciendo de manera provisional estas funciones, lógicamente, eres un poco más comedido. Esto implica que no se impulsen cambios que pueden ser beneficiosos», aclara Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Pero, sin duda, la mayor inquietud de los togados residencia en el Alto Tribunal, el órgano que crea jurisprudencia y el lugar al que solo van magistrados que previamente hayan sido elegidos por el CGPJ. Por lo tanto, todas y cada una de sus plazas no han podido ser repuestas desde hace más de un año. Hay bajas por jubilación, por fallecimiento y por nombramientos como la reciente elección del que era presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, César Tolosa, para acudir al Tribunal Constitucional. En este caso, según confirman fuentes jurídicas, el sustituto será el magistrado Pablo Lucas por ser el más antiguo de la Sala hasta que el CGPJ pueda decidir un nuevo presidente. Lo mismo ha ocurrido con la vacante que ha dejado Mª Luisa Segoviano en la jefatura de la Sala de lo Social. Ella se jubiló porque en el Supremo pueden estar como máximo hasta los 72 años, si bien ahora ha sido seleccionada también para el Tribunal Constitucional donde no existe límite de edad. En la presidencia de la Sala la ha sustituido Rosa Virolés.

El curso que empieza es delicado porque algunos tribunales están al borde de perder el quórum necesario para dictar sentencia. Así la Sala con el panorama más grave es la de lo Contencioso que suma ya 11 vacantes de 33 magistrados que la componen. La incorporación de Carlos Lesmes el pasado mes de octubre, tras su dimisión como presidente del CGPJ, no solventó el asunto porque se ha quedado como sustituto adscrito. Casi todas las Salas tienen despachos vacíos: en la Sala de los Social faltan cinco; en la militar, dos; y en la Civil, uno. Se salva la Sala de lo Penal, que fue la última tanda de magistrados que pudo asignar el actual órgano del Poder Judicial, pero no será así por mucho tiempo. El 13 de abril debe jubilarse el penalista Miguel Colmero y dejará entonces el primer roto. También este 2023 está previsto que Inés Huerta abandone la Sala de lo Contencioso en marzo, Rosa Virolés, de la Sala de lo Social, se jubila en julio y en la Sala de lo Militar se quedarán solo con cinco jueces si nadie repone la plaza que deje Fernando Pignotelli.

«El hecho de tener de repente unas 70 convocatorias que hacer, en realidad, es muy malo», relata Vaquero. «Teniendo en cuenta cómo han funcionado los Consejos hasta ahora haciendo los nombramientos que, incluso cuando parecía que actuaban por consenso, en realidad lo hacían por reparto de cuotas o intereses, cuantos más cromos tengan para intercambiar más se fomenta esta práctica», remacha. A su juicio, la situación del Supremo es agónica: «El colapso que hay es especialmente grave por la función que tiene de unificación de la jurisprudencia. Hay muchos asuntos que las respuestas de las audiencias provinciales, los tribunales superiores son contradictorias y tiene que ser el Supremo quien establezca una línea», dice. «Desde el momento en el que el Tribunal no puede resolver más de 1.000 asuntos porque no tiene magistrados suficientes en sus Salas ya se está afectando el Derecho a la tutela judicial efectiva», resalta del Barco.

El portavoz de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, desliza que la solución a corto plazo está al alcance de la mano del Gobierno. «Con la misma rapidez con la que se introdujo la ley y luego se volvió a modificar para que el CGPJ sí hiciera los nombramientos del Tribunal Constitucional, se puede volver a modificar para permitir que lo hagan con los magistrados del Supremo, por ejemplo», reza. «Es decir es una cuestión de voluntad parlamentaria».