El Gobierno abre la vía para llevar al TC el plan antiaborto de Castilla y León

El Gobierno sigue escalando el conflicto. El Ejecutivo central ha activado hoy el mecanismo jurídico para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por los protocolos antiabortistas de Castilla y León. Pese a la rectificación de Alfonso Fernández Mañueco, el Consejo de Ministros aprueba en su reunión de este martes un requerimiento de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación con “cualquier actuación que vulnere o menoscabe la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (2010), o el Real Decreto 825/2010, de 25 de junio, de desarrollo parcial de la anterior”.

La Junta tiene un mes de plazo para contestar y, en caso de no hacerlo o rechazarlo, el Gobierno podría plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional, ya que el procedimiento activado hoy es el paso previo para poder hacerlo. El procedimiento habitual en este conflicto pasa por plantear un contencioso-administrativo tras el requerimiento de información que Moncloa hizo este domingo, pero el Ejecutivo ha decidido elevar el desafío y abrir la vía para recurrir al Constitucional.

El Ejecutivo ha optado por esta maniobra, para tratar de asegurarse una paralización de los protocolos antiabortistas, ya que de optar por la vía contencioso-administrativa esta decisión quedaría al albur de que el juez decidiera adoptar medidas cautelares. De este modo, Moncloa puede instar, en el momento de la formalización del conflicto, a la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto del mismo, lo que determinará la inmediata paralización de la vigencia de la misma. En tal caso, el TC deberá pronunciarse en el plazo de cinco meses.

En el Gobierno han decidido dar un paso más ante la falta de una respuesta formal por parte de la Junta de Castilla y León al requerimiento que envió este domingo a la Consejería de Sanidad de esta comunidad sobre su protocolo de aborto. Desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado que sus explicaciones han sido “insuficientes y contradictorias”, con dudas que “persisten a día de hoy”. En Moncloa reconocen que “no existen esos documentos” -sobre el protocolo antiabortista- y dicen que, aun así, “es posible emprender esta acción -el requerimiento de incompetencia- sin un hecho administrativo, cuando se emiten comunicados que podrían afectar a derechos”.

En concreto, fuentes gubernamentales explican que la mera comunicación en rueda de prensa el vicepresidente Juan García Gallardo les faculta para iniciar este requerimiento, pero que si quisieran escalar a un conflicto competencial, necesitarían el documento del acuerdo, algo fehaciente, para que hubiera base. No obstante, en el Ejecutivo esperan “una rectificación total” por parte del Gobierno regional y no tener que llegar a este punto.

“Con esta iniciativa, el Gobierno quiere lanzar un mensaje de absoluta firmeza y tranquilidad. Firmeza porque el Gobierno impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir que esta tropelía anunciada por el Ejecutivo de Castilla y León se consume. También de tranquilidad para las mujeres de Castilla y León y de toda España, así como a los profesionales sanitarios, que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno va a trabajar para impedir cualquier retroceso en materia de derechos y libertades de las mujeres”, destacó Rodríguez en su intervención inicial.

A su juicio, de las declaraciones de Alfonso Fernández Mañueco, lo “único que ha quedado claro” es que proponen “medidas distintas” de Vox, sin atender al escrito oficial del Gobierno de España. ”Da la sensación de querer ganar tiempo para poder buscar una fórmula que le permita sortear la ley al tiempo que contente a sus socios, esa dicotomía no es posible, o se está con la ley o con los planteamientos de Vox, que son contrarios al ordenamiento español”, indicó la portavoz.

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, avanzó que el Gobierno inicia con el nuevo requerimiento a la Junta una vía ante el Tribunal Constitucional para frenar cualquier retroceso en los derechos y libertades de las mujeres, para lo que el Consejo de Ministros adoptará un acuerdo de incompetencia del Ejecutivo autonómico, al que deberá responder en un mes.

Bolaños, que acudió a un desayuno informativo para presentar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó que se trata de una nueva vía, ante el Constitucional, al margen de la iniciada en la jurisdiccional con el primer requerimiento de este domingo, al que explicó la Junta de Castilla y León no ha respondido todavía. “Desde el Gobierno estamos trabajando todas las opciones posibles”, afirmó el ministro de Presidencia quien añadió: “No vamos a permitir ni un solo retroceso en derechos y libertades de las mujeres en ningún territorio de España”. Para ello, Bolaños señaló que desde el Ejecutivo central están trabajando en “distintas líneas de actuación”.

De esta forma, Félix Bolaños informó de que el Consejo de Ministros aprobará un nuevo requerimiento para que la Junta cese de forma inmediata en aplicar cualquier retroceso en los derechos de las mujeres, porque manifestó que el Ejecutivo autonómico se está extralimitando en sus competencias a juicio del Gobierno.

Por tanto, el Gobierno asegura que da un nuevo paso con el que la Junta tendrá que responder en un mes y avisa de que si no recibe “cumplida respuesta y satisfactoria” procederá a iniciar acciones ante el Constitucional en defensa de los derechos de las mujeres. “Es lamentable” y, pero “normal y habitual” que la “ultraderecha” pretenda que las mujeres retrocedan 50 años, pero señaló que es “menos normal” que el líder oposición “enmudezca”. “El Gobierno estará ahí para defender los derechos de las mujeres”, apostilló. Finalmente, Bolaños remarcó que se abre una vía nueva, en el ámbito de las competencias de la Comunidad, y avisó de que el Gobierno tomará todas las medidas legales que tenga que adoptar al respecto.