El juez envía a prisión sin fianza al jubilado acusado de enviar seis cartas bomba

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha enviado a prisión incondicional al detenido como posible autor del envío de seis cartas bomba a embajadas como la de Ucrania y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a finales del pasado año. El magistrado argumenta que el jubilado de nombre Pompeyo González Pascual podría fugarse ayudado por Rusia, ocultar pruebas y no descarta la posibilidad de que en libertad vuelva a delinquir. Dice el instructor que su intención final era alterar la paz en España como consecuencia del apoyo a la guerra de Ucrania. La Fiscalía ha apoyado la petición de cárcel, después de que él se haya acogido a su derecho a no declarar este viernes. Ahora se enfrenta a 20 años de prisión.

Pompeyo fue detenido por la Policía Nacional el pasado miércoles en su vivienda de Miranda del Ebro (Burgos) donde los agentes procedieron al registro y comprobaron que tenía material con el que se podían fabricar más explosivos. Este viernes ha pasado a disposición judicial y a las 11 de la mañana estaba citado para declarar ante el juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. El juez le atribuye seis delitos relacionados con el terrorismo que incluyen fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista, lesiones y amenazas. El hombre había consulado webs con contenido de noticias rusas como Russiatoday.com; RT, portal de noticias ruso; www.armas.es, portal digital de armas en español; www.quimica.es; o sputniknews.com.

El arrestado era un funcionario del Ayuntamiento de Vitoria que guardaba en su casa un dron, tonillos, un taladro y más material explosivo que los agentes de la Policía han terminado incautando, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. El New York Times publicó esta semana una información en la que fuentes de la inteligencia de EEUU y de algún país europeo señalaban vínculos de los responsables del envío de paquetes pirotécnicos con los integrantes del Movimiento Imperial Ruso, pero la Policía Nacional tenía pistas muy distintas que terminaron cristalizando esta semana en la bautizada Operación Konvert (sobre, en ucraniano).

El magistrado explica que aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con banda o grupo organizado terrorista alguno, las acciones que se le imputan, el contexto (la guerra de Ucrania) y los destinatarios de los paquetes evidencian que su objetivo era “alterar gravemente la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante unas acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia”, dice.

Cartas bomba

En total fueron seis cartas explosivas entre finales de noviembre y principios de diciembre del pasado año. El 24 de noviembre se recepcionó la primera dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque se conoció días después cuando empezaron a llegar las siguientes. El día 30 llegó una a la embajada de Ucrania en Madrid y otra a las instalaciones de INSTALAZA, una compañía en Zaragoza que se dedica a la fabricación de material militar. El 1 de diciembre se encontró un sobre más dirigido al Ministerio de Defensa, otro hacia la embajada de Estados Unidos en Madrid y un último para la Base Aérea de Torrejón.

Una de las piezas claves para la Policía fue, precisamente, que los sobres dirigidos al Ministerio de Presidencia, a la Embajada de Estados Unidos y a a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz no explosionaron y se descubrieron matasellados de forma parcial con un código que permitió constatar que todos partieron de la provincia de Burgos. Igualmente el sello fue otra pista porque acotaron las calles donde se compraron.

Un delito por cada carta

Calama explica que la finalidad de Pompeyo era “obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa”. Y, es especialmente grave que en los paquetes se dirigiera con nombre y apellidos al presidente del Gobierno o a la ministra de Defensa. Es por eso que le imputa cuatro delitos de terrorismo (uno por cada carta) y otros dos por terrorismo agravado (por los envíos a Pedro Sánchez y a Margarita Robles) en concurso con otros delitos de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.

El magistrado argumenta su riesgo de huida por “la utilización de aplicaciones rusas de mensajería instantánea, así como la transcendencia de sus acciones violentas como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania” que según Calama podría terminar con Rusia ayudándole a escapar.

Además, el instructor argumenta que existe riesgo de reiteración delictiva porque con el avance de las investigaciones policiales se han encontrado más sustancias explosivas.

La investigación: la clave en los sobres que no detonaron

Los agentes indagaron en los sobres y por su formato “tamaño, tipo de cierre” condujeron a una web de estos envoltorios que les proporcionó la información de que un tal Pompeyo G.P., con domicilio en Miranda de Ebro que el 5 de noviembre (días antes de lo sucedido) había adquirido 25 sobres de esas características.

En Amazon, el jubilado compró nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes, además de toda clase de tornillería, brocas de precisión, plantillas para dibujar números y letras, etc.

Una vez tenían todo bastante atado, los policías de Información iniciaron un dispositivo de vigilancia el pasado 18 de enero y uno de los días que Pompeyo bajó a tirar la basura, los agentes se hicieron con la bolsa. De ahí sacaron el ADN que, tras ser analizado por la Policía Científica, dio coincidencia en los restos biológicos que había de las cartas bomba remitidas. “El informe de ADN de la Comisaría General de Policía Científica con [x referencia], constata que el ADN extraído de los vestigios abandonados por Pompeyo G. P. coincide con el perfil genético recogido en los sellos y en las diferentes partes internas de los artefactos explosivos”, señala el informe policial.