300 personas reivindican la desobediencia ante la Delegación del Gobierno de Barcelona

Unas 300 personas se han concentrado en la sede de la Delegación del Gobierno de Barcelona, entre las calles Mallorca y Roger de Llúria, donde han reivindicado la desobediencia civil después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya suspendido este lunes la convocatoria de la consulta del 9N.

La concentración la ha organizado la CUP, y entre los asistentes, dos de sus tres diputados en el Parlament, David Fernández e Isabel Vallet.

En declaraciones a la prensa, Fernández ha condenado la decisión del Alto Tribunal y la ha tildado de "golpe de Estado", a la vez que ha considerado que este lunes se ha suspendido 'de facto' la democracia.

Movilizaciones programadas por la Asamblea Nacional

«Nuestro bajel es un velero, no tiene motor. Pero si se queda sin motor, despliega las velas y con un poco de viento, mantiene el rumbo», dijo Artur Mas el pasado sábado en una entrevista en TV3 usando una de sus recurrente metáforas marineras. Se refería Mas a que si el Tribunal Constitucional (TC) suspendía los instrumentos legales diseñados para convocar la consulta, el movimiento soberanista continuará su recorrido con la fuerza de la gente. Con este propósito, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se apresuró ayer a convocar movilizaciones hoy por la tarde frente a los ayuntamientos de toda Cataluña para protestar contra la decisión del TC de suspender la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la votación del 9 de noviembre.

El guión de esta protesta ya estaba escrito previamente, pero la CUP –el partido anticapitalista e independentista que apoya el 9-N– precipitó las movilizaciones con una convocatoria frente a la Delegación del Gobierno que, al cierre de esta edición, apenas contaba con dos centenares de manifestantes.

La agitación en las calles va a ser una de las claves para mantener viva la reivindicación soberanista, y los partidos consultistas piensan poner todo de su parte para que el movimiento no pierda intensidad. Dirigentes de Convergència, ERC, ICV y CUP confirmaron que hoy participarán frente a las concentraciones en los ayuntamientos catalanes.

El interrogante es si estas protestas son un paso que el Govern va a interpretar como el pistoletazo de salida hacia la desobediencia al TC, o si bien las va a leer como reivindicaciones dirigidas a mantener el proceso abierto sin voluntad de violentar la legalidad. En todo caso, tanto el Govern de CiU como sus socios dieron sobradas muestras de que piensan mantener el acelerador a fondo en el camino hacia el 9-N.

«Lo más importante es dar una señal de determinación de cara al 9 de noviembre porque la legalidad nos asiste», afirmó el portavoz de la Generalitat y conseller de la Presidencia, Francesc Homs. No obstante, precisó que el Govern hará «un equilibrio para no poner en riesgo a los funcionarios» y los empleados públicos que participen en las labores logísticas y de organización de la consulta del 9-N. «Tenemos que procurar que los actos preparatorios no se utilicen por el Gobierno español para actuar en contra de nuestros funcionarios», dijo en alusión a los comentarios del el ex fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) José María Mena, que aseguró que, una vez se suspenda la Ley de Consultas, los cargos públicos que trabajen para el 9-N podrían ser juzgados y condenados.

El siguiente paso del Govern, que hoy celebrar su reunión semanal de los martes, será presentar alegaciones contra el TC para intentar que levante la suspensión de la consulta. «La Generalitat no se va a quedar con los brazos cruzados», afirmó. De esta manera, proseguirá el frenético ritmo de un proceso soberanista que el Govern intenta que no descarrile con todos sus medios.

Aunque ahora los instrumentos legales de la consulta están en manos judiciales, Homs subrayó que no trata de un debate jurídico, sino estrictamente político, y consideró que el Estado pone la ley como excusa. «Hoy (por ayer) estamos ante uno de los errores más grandes de la democracia española por parte del Gobierno», opinó Homs. Y añadió: «Se piensan que haciendo esto lo matan y estoy convencido de que esto lo que hace es reforzar aún más el movimiento que hay en Cataluña porque la acumulación de noes del Estado a lo que plantea Cataluña genera que crezca la voluntad de crear un Estado propio».

Campaña electoral

La conclusión del portavoz de la Generalitat es que el PP, con el recurso, está ya en «el primer acto electoral de campaña de las elecciones de 2015». Dicho esto, advirtió de que «estamos ante uno de los errores más grandes de la democracia española por parte del Gobierno» y una iniciativa de «consecuencias mayúsculas» porque, a su entender, el pueblo de Cataluña «no está dispuesto a estas alturas de la película a asumir imposiciones».

ERC, por su parte, antes incluso de conocer la decisión del TC anunció que, pasara lo que pasara, hoy se iba a iniciar su campaña de la consulta convocada el 9 de noviembre, que lleva por lema «Quiero ser libre. Quiero un nuevo país» en la que no aparece la palabra «independencia». Según dijo en rueda de prensa la secretaria general de ERC, Marta Rovira, «la mejor respuesta a la posible suspensión de la Ley de Consultas y del decreto de convocatoria» es «presentar con normalidad nuestra campaña».

«Si nos ponen en la disyuntiva entre tener que obedecer el mandato del TC y el amplio mandato democrático que hemos recibido de la ciudadanía, tenemos claro que obedeceremos a este último», subrayó la dirigente de ERC. «Queremos votar el 9-N y que gane el Sí/Sí porque consideramos que es la mejor opción para nuestro país», dijo.

En la misma línea de censurar al TC y llamar a la movilización ciudadana se expresó el secretario general de ICV, Josep Vendrell, que calificó de «vergonzosa» e «insólita» la reacción «inmediata» del TC contra la consulta del 9 de noviembre, e hizo un llamamiento a la movilización para que los catalanes secunden los actos de protesta convocados para hoy.