En una maniobra inédita, el Gobierno decidió dar trámite a una consulta pública a través de la web del Ministerio de Economía para que cualquier ciudadano pueda emitir su opinión sobre la absorción del Banco Sabadell por parte del BBVA. Tal y como marca la ley, este tipo de procedimiento de consulta pública está reglado para textos normativos (leyes y reglamentos) y, por eso, ha generado polémica la decisión del Gobierno. En este sentido, el abogado Ibor Fernandes, socio de Statera Legal, ha impulsado acciones para tumbar esta consulta pública en los tribunales. De entrada, el letrado ha pedido al Gobierno que cese en la consulta pública que durará hasta el 16 de mayo y si no hay respuesta en 10 días, ya sí se presentará un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

Según el documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el primer argumento que da Fernandes es la "falta de garantías de la consulta", que "compromete la validez de la misma y vulnera el artículo 9 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común", que hace referencia a la identificación y autenticación de los interesados que acceden a servicios públicos electrónicos. "El proceso de cumplimentación del formulario de la consulta carece totalmente de cualquier mecanismo de autenticación de identidad", señala el abogado, lo que "permite suplantar identidades". "Cualquier persona puede acceder libremente y emitir una respuesta sin verificación alguna. Presentar múltiples participaciones y desvirtuar el sentido democrático, representativo y transparente que debe regir todo instrumento de participación pública promovido por una Administración", añade.

El segundo argumenta es la "falta de correspondencia entre la consulta y la competencia que el Gobierno puede ejercer", según el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia. A juicio del abogado, el Gobierno no debe decidir "sobre si la operación afecta al interés general", sino "sobre si existen motivos de interés general que aconsejen revertir (favorablemente) la decisión de la CNMC sobre la concentración".

Como tercer argumento, Fernandes señala que se ha registrado una "infracción de las normas de procedimiento": "No existe, ni en el artículo 60 de la Ley de Defensa de la Competencia ni tampoco en la legislación general habilitación para la consulta formulada, que por lo tanto carece de cobertura jurídica".

Finalmente, como cuarto argumento, el abogado advierte de que "la consulta afecta al principio de igualdad (derecho fundamental reconocido en el artículo 14 de la Constitución)" porque "impide" porque el propio formulario para que los ciudadanos emitan su opinión está muy acotado. El letrado aduce que, tal y como está planteada la consulta, se "impide" a los ciudadanos "realizar motivación alguna sobre su posición" si es distinta a los criterios de interés general de la defensa de la competencia.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia autorizó la absorción del Banco Sabadell por parte del BBVA con condiciones, pero el Gobierno ha impulsado una consulta pública para que personas físicas y jurídicas puedan emitir también su opinión. Según el Gobierno, "se pretende obtener información que facilite una valoración completa antes de decidir si la operación de concentración bancaria se eleva o no al Consejo de Ministros".

El Ministerio de Economía ha abierto un formulario web en el que se deben dar datos personales para identificarse (nombre y apellidos, CNI o CIF y el correo electrónico) y, a partir de ahí, aparece la primera pregunta: "¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?". Si se responde "no", la consulta acabaría ahí. Si se contesta "sí", aparecen más preguntas para que el usuarios puede aportar más detalles de sus razones para rechazar la operación de concentración bancaria.

En todo caso, el Gobierno está en fase de recabar opiniones y el Ministerio de Economía será quien acabe valorando si lleva la Oferta de Adquisición Pública (OPA) al Consejo de Ministros para que se pronuncie. De ser así, ahí sí que Moncloa podría tumbar la operación. Si no, pasará ya directamente a la siguiente fase para que el proceso final concluya con las decisiones que tomen los accionistas del Banco Sabadell.