Las acusaciones populares en el caso contra David Sánchez piden que se abra juicio oral contra él por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal. En concreto, solicitan que se le imponga un total de tres años de prisión; uno y medio por la adjudicación de su plaza en la Diputación de Badajoz y otro año y medio por haber mediado, presuntamente, para enchufar a un exalto cargo de Moncloa. Además, piden para él una multa superior a los 32.000 euros.

En su escrito, que adelanta LA RAZÓN, actúan contra un total de once personas investigadas en este procedimiento que nació a raíz de una denuncia de Manos Limpias. Se trata del músico; el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo (para quien también piden tres años de cárcel por los mismos delitos), exaltos cargos del organismo y el exasesor de Presidencia, Luis Carrero. Para este último, que llamaba "hermanito" a David Sánchez, las acusaciones reclaman un año y medio de cárcel por delito continuado de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación administrativa y nombramiento ilegal.

Las acusaciones populares -integradas por Manos Limpias, Hazte Oír, el Partido Popular, Iustitia Europa, Liberum y Abogados Cristianos- actúan después de que la magistrada que ha instruido la causa, Beatriz Biedma, les procesara por la creación de la plaza de coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz que se adjudicó el hermano del presidente del Gobierno a mediados de 2017.

"Se fingió un paripé"

Las acusaciones explican que, en lo que respecta a David Sánchez, la pena debe incluir inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa del duplo del beneficio obtenido por su cargo en la Diputación de Badajoz y, también, del obtenido por Carrero, de quien la juez sospecha que le enchufó en la Diputación. Del mismo modo, reclaman que se declare la nulidad de la convocatoria de oferta de empleo público para la plaza que la Diputación reconvirtió en jefe de la Oficina de las Artes Escénicas y que abandonó el músico a tenor de esta investigación penal.

Las acusaciones, siguiendo la estela de la juez instructora, sostienen que se creó un puesto "a medida" para el hermano del líder del PSOE y que para ello se fingió un proceso selectivo. "A todas luces un paripé donde el resto de los candidatos no tenían posibilidad alguna", razonan. El escrito se apoya, principalmente, en los correos incautados por la UCO de la Guardia Civil, las testificales acordadas en los últimos meses y los interrogatorios de enero.

"Una vez ocupado el citado innecesario puesto, se le permitió trabajar lo que él quería, no hacia jornada alguna, ni nadie se la controlaba, no fichaba, apenas sí iba por la Diputación, y no se le conocen compañeros de trabajo, subordinados, colaboradores, ni resultados de su trabajo alguno", razonan. En relación con su ascenso a jefe de la Oficina de Artes Escénicas sostiene el escrito que se articuló como un mero cambio de nomenclatura para "obviar todo el proceso administrativo que hubiera sido necesario llevar a cabo".

En tercer y última lugar, le atribuyen la creación de la plaza de Carrero, quien le estuvo ayudando en sus temas laborales desde mediados de 2022 pese a que su incorporación oficial fue en enero de 2024. De él dicen que la Diputación de Badajoz creó el puesto de jefe de sección de Centros y Programas de Actividades Fronterizas, para otorgárselo a su "amigo íntimo". "El puesto fue ofertado para ser cubierto en comisión de servicios, y estaba creado ad hoc, para que dicho amigo de don David lo ocupase", precisan.

"Procesos prevaricadores y nulos"

Del mismo modo advierten de cara al juicio oral que las resoluciones que dictó la Diputación relativas a la creación del puesto de Sánchez desde 2016 fueron "burdas y prevaricadoras". "Todos los anteriores procesos son claramente prevaricadores ab initio, siendo nulos de pleno derecho", insisten. Entre ellos mencionan el acta de puntuación de los candidatos (algunos de los cuáles declararon en sede judicial que sabían que la plaza era para él), la firma de su contrato, la propuesta de modificación de su plaza y del puesto de Carrero.

"Son actos administrativos que contenían una declaración de voluntad de contenido decisorio, siendo asimismo todas ellas contrarias a Derecho (...) con el fin de facilitar el acceso a un puesto de trabajo en una entidad pública sin respetar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y, posteriormente, con el propósito de adaptar el puesto a los caprichos y preferencias personales de David Sánchez, así como de garantizar el acceso a otro puesto de trabajo a un amigo cercano a él", sostienen.

En relación con los altos cargos de la Diputación de Badajoz, sostienen que impulsaron la creación de la plaza y le seleccionaron para el puesto "pese a la insuficiencia de su currículum", habida cuenta de que ni tan siquiera es profesor superior de música. Sobre el socialista Gallardo dicen que aceptó la propuesta de su contrato el cual se gestionó como personal de alta dirección. Y ello pese a que en el pasado en la misma Diputación ya tuvo un puesto de coordinador de los conservatorios que no era de alta dirección.