Albares desclasifica documentos en Chile del golpe de Estado de 1973 pero los veta en España

El Ministerio de Asuntos Exteriores niega el acceso a información desclasificada sobre el fin del régimen de Salvador Allende en 1973, alegando motivos de relaciones diplomáticas con Chile. Así se desprende de la respuesta a una solicitud a través del portal de Transparencia a la cartera de José Manuel Albares, el pasado 26 de septiembre. «Solicito copia de todos los documentos desclasificados por España en relación al golpe de Pinochet en Chile el año 1973 y su posterior régimen, que han sido entregados a las autoridades chilenas por las españolas, según aparece en prensa», decía el breve texto de la petición, al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Desde la sede del madrileño Palacio de Santa Cruz respondieron que, «una vez analizada la solicitud de acceso a la mencionada información, que no ha sido hecha pública, este ministerio resuelve inadmitirla en aplicación del artículo 14.1.c) de la ley». En concreto, este artículo se ciñe a los «límites al derecho de acceso», que «podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio» para, entre otros epígrafes, «la seguridad nacional; la defensa y las relaciones exteriores».

La respuesta ha causado estupor en el demandante, el abogado Guillermo Rocafort. «No tiene ningún sentido desclasificar estos documentos y darlos a una nación extranjera mientras que no serán de acceso para los investigadores españoles», como es el caso del propio solicitante.

Además, «parte de esa información ya ha sido desvelada para todo el mundo en Chile», y «según la prensa del país podrá analizarse y estudiarse a partir de ahora por los chilenos», asegura Rocafort.

Según recogieron diversos medios el pasado 6 de septiembre, «los materiales le fueron entregados en Washington al representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Sebastián Kraljevich».

Los documentación «fue consignada por la observadora permanente de España ante la OEA, Carmen Montón, en un intento» de «recuperar la memoria democrática» cuando «se cumplen 50 años de uno de los episodios más terribles en la historia chilena y latinoamericana».

Según precisó Montón, «se trata de documentación preservada en los archivos de la Representación Permanente ante la Unión Europea (Reper), toda ella relativa al golpe de 1973 y a las relaciones de Chile con la OEA, correspondiente a los años 1972, 1973 y 1974».

Asimismo, indicó que «son muchos los documentos que podrán analizarse y estudiar a partir de ahora, y resaltó el Despacho nº 496, del 26 de septiembre de 1973, con el asunto «despedida en la OEA del exembajador de Chile, Luis Herrera», enviado quince días después del golpe de Pinochet.

En ese registro, recordó Carmen Montón que Herrera «se despedía dejando unas palabras que se quedan clavadas en el alma, por su profundidad y carga moral». El texto decía así: «La historia dirá si los planteamientos fueron justos o equivocados, pero nos vamos con la conciencia limpia. Creíamos en una unidad espiritual del continente latinoamericano y luchamos por lograrla», dijo en aquel entonces el diplomático chileno.

El solicitante, Guillermo Rocafort, entiende que esta información «también debe estar al alcance de los investigadores españoles, al objeto de conocer más en detalle las circunstancias en que se promovió el golpe de Pinochet, basándonos en la documentación desclasificada y entregada a Chile».

«El Gobierno de España ha querido hacer un gesto especial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973 en Chile, y desclasificar documentación relativa como contribución para recuperar la memoria democrática», publicó en X, antiguo Twitter, la misión española ante la OEA. «La figura de Allende es una fuente de inspiración para las fuerzas políticas progresistas, que defienden la justicia social, el crecimiento sostenible y la democracia», agregaron los diplomáticos.

A finales de agosto pasado, en otro gesto hacia la memoria histórica chilena, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, celebró que el Tribunal Supremo del país latinoamericano condenase a los asesinos del español Carmelo Soria, diplomático víctima del pinochetismo. «Se ha hecho justicia ante un crimen que no podía quedar impune», aplaudió el titular de Exteriores.

El gesto del Gobierno no ha escapado a las críticas de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), cuya meta es la localización de víctimas de la represión durante la Guerra Civil y la dictadura. Según Emilio Silva, presidente de la entidad, las medidas, destacables en el plano internacional, se inscriben «en la doble moral» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene en materia de memoria histórica y democrática, al no haber «juzgado ni condenado en España a ningún responsable de la dictadura».