Ampliación de la denuncia contra Pedro Sánchez en el Supremo por el blindaje de la amnistía al terrorismo "de baja intensidad"

Manos Limpias ha ampliado en el Tribunal Supremo (TS) su denuncia contra Pedro Sánchez por la ley de amnistía tras la aprobación de la enmienda que ampara los delitos de terrorismo que no supongan una grave violación de los derechos humanos, algo que considera "un nuevo fraude de ley". El colectivo de funcionarios atribuye al presidente del Gobierno un delito de usurpación de funciones judiciales como "autor intelectual", que extiende como "cooperadores necesarios" al ministro Félix Bolaños, al secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al líder de ERC Oriol Junqueras y al secretario general de Junts per Catalunya (JxCat) Jordi Turull.

El Tribunal Supremo ya rechazó la suspensión de la tramitación de la polémica medida de gracia, como pidió Manos Limpias con carácter cautelar, y está pendiente de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia (ampliada a posteriori en varias ocasiones), a la espera de que la Fiscalía se posicione, como le pidió el pasado diciembre.

En este nuevo escrito de denuncia, Manos Limpias sostiene que "con el fin de poder incluir en la ley de amnistía los actos de terrorismo", que considera "en modo alguno" amnistiables, se ha articulado "fraudulentamente" un nuevo concepto de terrorismo "de baja intensidad", diferenciándolo de aquellos actos terroristas que hubiera causado violaciones graves de derechos humanos.

"Este nuevo concepto fraudulento de terrorismo -se queja- no se contempla en nuestro Código Penal", aprobado, subraya, "y este es un hecho significativo, mediante Ley Orgánica que requiere un quórum cualificado".

Ahora, denuncia, "en base a esa enmienda transaccional fraudulenta los actos terroristas de los CDR, Tsunami Democràtic" y la posible imputación de Carles Puigdemont, en manos del Supremo después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón le sitúe en la cúpula de Tsunami en su investigación por terrorismo, "quedarían amnistiados dentro de la referida ley". Quedando anulada además, añade, "la orden internacional de busca y captura del señor Puigdemont".

Vulneración de principios constitucionales

El colectivo de funcionarios asegura en su escrito que la sociedad española está "atónita ante la magnitud de la perpetración de un delito de usurpación de atribuciones judiciales" cuyos "actos preparatorios se nos transmiten "para mayor escarnio en vivo y en directo y con amplísima repercusión mediática".

Según expone en su denuncia, con esta ley se estarían "usurpando" diversas resoluciones judiciales: desde la sentencia del "procés" a la orden de busca y captura de Puigdemont, las imputaciones por terrorismo en las causas de los CDR y Tsunami y el procedimiento en el Tribunal de Cuentas por el supuesto desvío contable para financiar el 1-O y promover el proceso independentista en el extranjero, entre otras.

No se trata, hace hincapié, de "prevenir cualquier conducta previa a un delito", sino de aquellos delitos "cuya carga social sea grave e inequívoca". Dentro de este contexto, argumenta, con la ley de amnistía "se están vulnerando los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad ante la ley e independencia del Poder Judicial", lo que según su criterio supone una "evidente carga social y la inequívoca vulneración de principios constitucionales".

"El delito que denunciamos -expone Manos Limpias- es independiente de los previsibles recursos que puedan interponerse" ante el Tribunal Constitucional o de las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa. "Es obvio que el delito tiene, por razones obvias, carácter preferente a los recursos que pudieran interponerse y que ya han sido anunciados", asegura antes de advertir de que "si esperamos a la resolución de los recursos, los daños que se pudieran causar serían de difícil o imposible reparación".

En su denuncia inicial por usurpación de funciones, presentada el pasado 3 de noviembre, el colectivo de funcionarios atribuía la comisión de este delito no solo a Pedro Sánchez sino también a dos miembros de su Gobierno –la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Félix Bolaños–, a Santos Cerdán y a la eurodiputada socialista Irache García Pérez (por su reunión con Puigdemont en Bruselas para cerrar el apoyo de Junts a la investidura); y al diputado socialista Óscar Puente. En ese escrito calificaba la ley de amnistía como un "trueque o moneda de cambio" para que Pedro Sánchez pudiese conseguir "los siete votos de Junts necesarios" para ser investido de nuevo presidente del Gobierno.