Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el comisario Villarejo por el caso "Kitchen"

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en el "caso Kitchen". Los fiscales han presentado este viernes su escrito de acusación en la investigación sobre el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas pagado con fondos reservados desde el Ministerio para sustraerle documentos que afectaran a la corrupción del partido. El Ministerio Público solicita también 15 años para su 'número dos' Francisco Martínez y para el exDirector Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. Para estos tres, además, piden 33 años de inhabilitación absoluta por delitos de encubrimiento, malversación y delitos contra la intimidad. La pena más alta es para el comisario José Manuel Villarejo a quien requieren 19 años de cárcel. Todos ellos están acusados de delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad. Asimismo, Anticorrupción señala que los encausados deben indemnizar con 9.000 euros al matrimonio Bárcenas y con casi 60.000 al Estado.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón cerró el caso en julio de 2021, tras casi tres años de investigación. El magistrado propuso juzgar entonces a la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy por haber tratado de ocultar pruebas sobre la investigación que en ese momento estaba en marcha relativa a la 'Caja B' del partido y desde entonces la causa estaba a la espera de los escritos de acusación para señalar fecha de juicio. Además de al comisario Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción acusa dentro de la Policía Nacional al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativa (UCAO) Enrique García Castaño -conocido como "El Gordo"- de delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad y pide para él 12 años y seis meses de cárcel; también al que fue jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha Andrés Manuel Gómez Gordo a quien solicitan 15 años entre rejas y 48 de inhabilitación absoluta; y al excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas a quien le piden la pena más baja, dos años y seis meses de prisión, solo por un delito de encubrimiento.

Para completar las acusaciones a los agentes, los fiscales Miguel Serrano y César de Rivas señalan a Sergio Ríos el exchófer de Bárcenas, que aprobó las oposiciones al cuerpo justo después de sus trabajos para la trama "Kitchen" y que da nombre a la causa porque Villarejo lo apodó "cocinero". Para Ríos piden 12 años, cinco meses y 15 días de cárcel y otros 13 años y nueve meses de inhabilitación, acusado de los mismos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

En total son nueve los responsables que a juicio del Ministerio Público deben ser condenados. Deja fuera, sin embargo, a otros policías que también estaban bajo el foco como José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díaz Sevillano o el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) José Luis Olivera. La Fiscalía considera que no se ha acreditado lo suficiente que ellos participaran en las operaciones parapoliciales.

Las penas, no obstante, quedan muy lejos de las que ha planteado en su escrito el propio afectado. Bárcenas pide 41 años de cárcel tanto para Fernández Díaz como para Martínez y Pino. Lo mismo que el partido político Podemos que solicitó 47 años para el exministro.

De cara al juicio la petición es que declaren como testigos el exdirector de la Policía Ignacio Cosidó -a quien la Fiscalía también trató de investigar, pero el juez se opuso- y el abogado de Bárcenas en un inicio, Javier Gómez de Liaño.

Las vigilancias

La Fiscalía describe cómo entre 2013 y 2014 los responsables de Interior contactaron con el chófer de Bárcenas "conductor de absoluta confianza de la familia". Los policías iniciaron una labor de vigilancias en el domicilio, en el trabajo y en el entorno del extesorero incluida en la etapa que entró en prisión por el "caso Gürtel".

Paralelamente, el Grupo Cenyt (entramado empresarial de Villarejo) elaboró un estudio económico y presupuesto en el que cifraba su colaboración profesional para el PP por unos 15 millones de euros con una provisión de fondos de otros cinco millones, más honorarios en función del éxito. Según el relato de la Fiscalía fueron Villarejo y García Castaño los que conservaron en su poder la documentación sustraída de forma ilícita tanto a Bárcenas como a su esposa Rosalía Iglesias. Gracias al chófer pudieron hacer una copia del móvil del extesorero, por ejemplo.

Anticorrupción describe que la operación estaba "dirigida a obtener información como prueba materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes en el procedimiento que se seguía [Gürtel]" y que se realizaron "estrictas vigilancias" sobre la familia Bárcenas en las que intervinieron al menos 70 policías distintos.

El punto de partida "indeterminado" es en 2013 y fue en 2015 cuando la trama utilizó "de modo torticero" la base de datos de la Policía en la que se recogen las investigaciones policiales para apuntar el caso y disimular que habían ocultado información.

La malversación se queda igual

Se había especulado con la idea de que las penas por malversación pudieran verse reducidas a causa de la reforma legal que el Gobierno acometió a principio de enero. El Ejecutivo de Pedro Sánchez modificó los castigos atenuándolos en los casos en los que el desvío de fondos no fuera para enriquecerse, sino para otro fin público. Lo cierto es que, como adelantó este periódico, la Fiscalía no ha cambiado el criterio que ya iba a utilizar porque considera que el fin era ilegal.

Así las cosas, de los nueve acusados la Fiscalía pretende procesar a ocho por el delito de malversación.

La posible responsabilidad de Cospedal

A pesar de que el juez dejó fuera a la exsecretaria del PP y de que se negó cuando aparecieron nuevos audios que la incriminaban a volver a reabrir el caso para ella, Anticorrupción persiste en su intención de saber si ella sabía qué estaba pasando o, incluso, si fue parte activa en ordenar las vigilancias a Bárcenas. Además de solicitar la reapertura de una línea de investigación en la que se investigue a Cospedal -algo que acaba de ser rechazado por Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional justo hoy- la Fiscalía deja en el escrito frases como: "sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas diferentes".