La negociación para aprobar el plan de choque contra los aranceles ha vuelto a demostrar que la relación entre el Gobierno y el PP está rota y que, a día de hoy, es imposible una vía de entendimiento entre los principales partidos del país. Fue precisamente la guerra comercial interpuesta por la Administración norteamericana la que alumbró el espejismo de unidad entre ambos. Hasta que todo quedó plasmado en el BOE. Sin papeles, el Ejecutivo y el PP mostraron su intención de llegar a acuerdos para frenar la crisis comercial al coincidir en el diagnóstico de la situación.

Una vez que el decreto quedó publicado, el PP denunció haber sido engañado por el Ejecutivo con el fin de «contentar» a Junts al incluir el PSOE que el reparto de ayudas sería territorial y sobre las base de las exportaciones de los territorios. Junts había calculado así que el 25 por ciento de las ayudas económicas del Gobierno las recibiría Cataluña. Esto hizo que el PP se sintiera excluido de las negociaciones y ambos se dieron unas semanas para reconsiderar sus ofertas.

El Gobierno está en "lo estético"

Esta semana, Gobierno y PP retomaron el contacto para intentar llegar a un acuerdo antes de la semana que viene, que será cuando el Congreso deba votar el decreto ley impulsado por Economía. A estas horas, si el Ejecutivo quiere salvar su decreto deberá convencer a Podemos, quien ha dejado en el aire su apoyo. El PP anunció tras salir de la reunión con el ministro de Economía Carlos Cuerpo, que votaría en contra del decreto y que su opinión no cambiaría en adelante, a no ser que el Gobierno formalice avances en sus propuestas. «La postura del Gobierno es estática», denuncian en la dirección del PP, donde aseguran que es el Ejecutivo quien les ha «expulsado» de las conversaciones al no aceptar ninguna de sus propuestas.

Fuentes de la dirección nacional del PP explican a este diario que no volverán a atender ninguna reunión si el Ejecutivo «no acredita» un cambio de postura. Esto es, comenzar a valorar positivamente el plan alternativo expuesto por el presidente Alberto Núñez Feijóo. Para Génova es vital que Moncloa se abra a valorar una política energética en infraestructuras, o un plan fiscal y ayudas directas al conjunto de las empresas para empezar a hablar. Frenar el cierre de las centrales nucleares es, entre otras, una de las cuestiones que decantarían el apoyo a favor de los populares en el decreto contra los aranceles dado que el discurso del PP –y que también defiende la UE– es el de apostar por la soberanía energética. Sin embargo, es, a su vez, una exigencia que el PP sabe que el Gobierno no aceptará debido a su intención de apostar por fuentes de energía renovables. En privado, en Génova, aseguran que si bien no son líneas rojas, sin ver «movimientos claros» del Gobierno no volverán a negociar.

«Vuelve el muro de Pedro Sánchez», se quejaba el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, tras acudir a la reunión. Según el PP, su intención para acordar era franca e incluso tenían la esperanza de «firmar» el documento del acuerdo. La negativa del Gobierno a dejar visibilizar al PP alguna victoria ha hecho a los de Feijóo perder la paciencia.