En condiciones normales, el coste político de que un presidente del Gobierno tuviera abiertos dos procesos judiciales a familiares, otro a su núcleo duro, y otro a «su» fiscal general, sería devastador. Pero las reglas se están invirtiendo de tal manera que en la corte que protege al jefe del Ejecutivo creen que el estado de ánimo social deja margen para que la polarización sea también más determinante que la corrupción.

La lectura conjunta de los casos abiertos es inequívoca: el PSOE afronta un «goteo judicial» que garantiza titulares continuos y que la corrupción, aunque repartida en casos distintos, se perciba como un fenómeno estructural y no como un accidente aislado. Sin embargo, en Ferraz quieren hacer creer, incluso es posible que alguno de ellos se lo crea, que el desgaste es asumible si la alternativa es un Gobierno del PP con Santiago Abascal. Esta estrategia no es nueva: otros países europeos ya han demostrado que la polarización puede tapar la corrupción.

De momento, aquí tenemos a todo el núcleo duro del presidente ya programado para convencerse y, por ende, para convencer al interlocutor desprevenido, a la mínima oportunidad que tienen, de que el electorado no les va a castigar por la corrupción. «Es de manual. En un contexto binario, los votantes toleran escándalos de los suyos siempre que la alternativa sea peor. Y la bestia para alimentar esta dinámica se llama Vox».

La derecha «radicalizada» como bálsamo para todo, hasta para que frene, ante un Feijóo aliado de Abascal, a los socialistas que puedan estar dudando de la honestidad de quienes han sido señalados por los jueces. En realidad, hay toda una teoría política construida sobre el principio de que el voto identitario, y no evaluativo, debe ser la meta a perseguir por un partido que quiera triunfar. El mando socialista ha tomado nota y se aferra a ese mantra que dice que en España el castigo a la corrupción es bajo cuando hay tensión, en lo que no seríamos, en absoluto, una anomalía ya que la literatura comparada muestra patrones similares en otros países europeos.

Los asesores del presidente los tienen bien estudiados y saben que en los contextos muy polarizados –caso de Italia, Polonia, Hungría o la España actual– la corrupción puede metabolizarse y no ser tan decisiva en las urnas como el miedo al adversario. Mientras que, en contextos de mayor pluralismo, y fuerte cultura institucional, el castigo electoral es seguro, y más fuerte.

La era Berlusconi ya demostró en Italia que la polarización te puede blindar frente a escándalos crecientes: el líder de Forza Italia sobrevivió a decenas de imputaciones mientras movilizaba a sus votantes contra «la izquierda judicializada». En Polonia, Ley y Justicia ha lidiado con denuncias de corrupción y abuso institucional sin perder la fidelidad electoral gracias, precisamente, a un discurso nacionalista y polarizador. Y en Hungría, Viktor Orbán ha consolidado un sistema donde la corrupción es percibida como estructural, pero cuenta más en las urnas la identidad nacional y el enfrentamiento con Bruselas.

El contraste lo marcan países del norte de Europa, en los que la institucionalidad es más robusta y la polarización política menos extrema. En Suecia o Dinamarca, dimisiones y castigos electorales se producen con agilidad, incluso por irregularidades menores. La sanción social se impone sobre la polarización.

En Francia, Emmanuel Macron también ha visto cómo las acusaciones contra su entorno le desgastan, pero sin derribar su apoyo de forma radical. Si bien en el país galo el ejemplo más claro de polarización, utilizada como escudo, es el Frente Nacional de Le Pen, ya que sus votantes han priorizado siempre la batalla cultural frente a las acusaciones de irregularidades financieras.

Como publicó este periódico esta semana, el miedo al enfado y a la reacción de Pedro Sánchez ha impuesto la ley del silencio sobre su esposa, y nadie se atreve a verbalizar en público lo que comentan en privado. Pero por mucho que solo hablen siguiendo el argumentario que pregona eso de la investigación prospectiva, las causas políticas, y demás eslóganes, la realidad es que la agenda judicial impactará cada vez más en la agenda política a medida que avancen las causas y se abran los juicios. Quedan meses, incluso años, de calvario para el PSOE, como le pasó al PP con el caso Gürtel y otros procedimientos que todavía tienen pendiente de sanción judicial. Y confiarse en que los procesos acabarán siendo archivados es jugar demasiado en zona de riesgo. Esto explica que haya quien ya mueve la hipótesis de que lo mejor para el PSOE sería un anticipo de las generales, como muy tarde para la primavera, y que en lo que está Sánchez es en salvarse, con su equipo, en la oposición gracias a que Abascal sea decisivo en el nuevo gobierno.