Tribunales
Archivan la querella del primer denunciante de torturas franquistas que habló ante un juez
La juez considera "prescritos" los hechos después que el Constitucional cerrara también la vía judicial a otra querella igual el pasado mayo
La titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha archivado la querella presentada por Julio Pacheco, el primer denunciante de torturas en el franquismo que declaró ante un juez en España. Según informan en un comunicado varias organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Ceaqua (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), la magistrada María Iguácel Pérez ha puesto fin al proceso penal interpuesto por Pacheco por torturas tras ser detenido por agentes de la Dirección General de Seguridad franquista en agosto de 1975 acusado de participar en el asesinato del teniente de la Guardia Civil Antonio Pose Rodríguez.
Tras escuchar su relato hace un año, ahora la juez procede al archivo de la querella por considerar «prescritos» los hechos después que el Tribunal Constitucional cerrara también la vía judicial a otra querella por delitos de torturas el pasado mes de mayo.
Julio Pacheco declaró ante la magistrada el 15 de septiembre de 2023, en una comparecencia en la que por primera vez también asistió una fiscal de Memoria Democrática. Tras una hora de declaración, el denunciante se mostró satisfecho de haber llegado hasta allí porque suponía «empezar a romper el muro de silencio y de impunidad» frente al franquismo. Contra el archivo del juzgado de instrucción de Madrid cabe recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.
La titular del juzgado ha tomado esta decisión atendiendo al criterio del Tribunal Constitucional (TC) de cerrar la vía judicial en los juzgados españoles de otra querella por delitos de tortura durante la dictadura franquista, la que presentó Francisco Ventura Losada, según comunicó ayer en una nota de prensa Ceaqua. Para el Constitucional, recuerda Ceaqua, la Ley de Memoria Democrática no sustituye a dicho tribunal en la interpretación de los derechos fundamentales. Además, entiende que su articulado es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas. La coordinadora, no obstante, ha avanzado un recurso de apelación contra el auto que archiva la causa.
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