Asociaciones piden a Bruselas que actúe ante el "deterioro del Estado de derecho " en España

El serio “deterioro del Estado de derecho” que se está viviendo en España es lo que quieren dar a conocer varias organizaciones de la sociedad civil en un informe académico que han enviado a las principales autoridades europeas, entre ellas, al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, a los vicepresidentes de la Comisión Europea VěraJourová y MargaritisSchinas. En el documento se deja constancia de un total de quince hechos que confirman el “panorama desolador” que se está desarrollando como consecuencia de “ciertas prácticas que se han iniciado a nivel autonómico” y que se han trasladado al ámbito estatal“en parte al menos por la política de alianzas entre los partidos estatales y los regionales, enraizados en corrientes fuertemente nacionalistas y, por tanto, en cierta medida, también populistas”, indica el texto.

Las organizaciones que lo avalan sonForo de Profesores, Impulso Ciudadano y Citizens pro Europe.Precisamente la presidenta de esta entidad, Teresa Freixes, explica en diálogo con LA RAZÓN que el objetivo es poner en conocimiento de las instituciones la opinión de los ciudadanos y recuerda que es algo habitual, que ya han hecho en ocasiones anteriores. "Se ha evidenciado que Europa está vigilante sobre qué es lo que va a suceder en España, sobre la situación del Estado de derecho a partir de que se hagan efectivas algunas de las actuaciones que se han pactado”, señala la catedrática de Derecho Constitucional en la UAB, en alusión al pacto entre PSOE y los partidos independentistas para que la investidura de Pedro Sánchez contase con los votos necesarios para que saliera adelante.

Los firmantes acusan que se han producido "quiebras en los principios democráticos" en cerca de quince acontecimientos que exigen que las autoridades europeas den el paso de implementar “actuaciones” a tiempo con el fin de evitar que el deterioro de los principios del Estado de derecho sea irreversible. A lo largo de 50 páginas del texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, detalla cuestiones relevantes, como los ataques a la independencia judicial o lo que se califica como "apropiación indebida del Ministerio Fiscal y del Tribunal Constitucional", o la "tolerancia con acciones delictivas" que involucran a los partidos independentistas, actuales socios del Gobierno de Pedro Sánchez.

También ponen el acento en la ley de amnistíay en que su tramitación se esté desarrollando con la fórmula de proposición de ley en lugar de proyecto de ley, algo que implica que se omitan determinados informes. Asimismo, señalan las comisiones parlamentarias que exigió Junts en el pacto de investidura con el fin de fiscalizar las decisiones de los tribunales, bajo acusaciones de supuesto “lawfare” o instrumentalización política de los órganos jurisdiccionales.

Otros aspectos que se señalan son el "control político de los medios de comunicación" o el "abuso de la legislación de urgencia". Y en relación a la Generalitat, se describe el "ataque sistemático al prestigio de los tribunales que se practica desde el gobierno regional".

Para Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano y catedrático de Derecho Internacional Privado en la UAB, el “panorama es desolador” y en Bruselas hay cada vez más conciencia de ello. Y destaca el lenguaje y los términos que están utilizando desde Europa, unos “códigos” que apuntan a un mayor seguimiento de la situación que vive el país. “Que los mensajes sean cada vez más claros y con mayor profundidad son una muestra de preocupación. Que se pida cuentas al Gobierno de lo que ocurre en España ya tiene una enorme trascendencia”, concluye el catedrático.

Freixesdestaca el amplio número de medidas que puede poner en marcha la Comisión Europea. Estas van desde iniciar conversaciones con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para recabar más detalles sobre la ley de amnistía, que sería un tipo de actuación ordinaria, a plantear otros procedimientos de diversa graduación si se constata que hay una lesión o una puesta en riesgo de los valores de la Unión Europea (UE), como es el Estado de derecho.

En el marco del Tratado de la UE, detalla, se pueden poner en marcha las actuaciones que contempla el artículo 7, tanto los preventivos, que comportan un análisis en profundidad, como los sancionadores. Estos últimos, reconoce la catedrática, resultaríandifíciles de llevar a término porque requieren del acuerdo de todos los Estados miembro, “pero cuando se inicia, se pone en evidencia qué está pasando allí”, advierte. Los procedimientos sancionadores también pueden involucrar el disfrute de los fondos europeos. "Hay una batería de medidas que se podrían aplicar, una vez que le hayan llegado todos los antecedentes que le han enviado desde distintas instancias”, señala Freixes, que también es catedrática Jean Monnet ad personam enEuropäischeUnion

Las actuaciones de estas organizaciones se mantendrán en el tiempo, pues tal como adelanta, el próximo 23 de enero tienen audiencia con la Comisión de Peticiones. Allí expondrán los argumentos de este informe académico y, además, aportarán cerca de medio millón de firmas con el objetivo de que las instituciones europeas sean conscientes de que las vulneraciones del Estado de derecho.