Se suele decir que los incendios se apagan en invierno. En realidad, es durante la primavera cuando se genera toda la hierba que, si después no se limpia como corresponde, acaba convertida en combustible que alimenta las llamas.

En la actual crisis, la izquierda trata de endosarle toda la responsabilidad a las comunidades del PP por el reparto competencial. Así, el PSOE acusa a los presidentes de contrario signo de una «dejación de funciones» por no haber empleado recursos suficientes en la gestión forestal. A lo que los barones afectados, responden con dos palabras: «Financiación autonómica».

Lo cierto es que algunas de las regiones más afectadas por el fuego este agosto están infrafinanciadas. Es el caso de Castilla y León, que apenas recibe un 5,9% del sistema. Por ello, distintos presidentes autonómicos, en conversación con LA RAZÓN, plantean una solución que se antoja salomónica: que el Gobierno constituya un «fondo estatal» para intensificar las labores de desbroce en los terrenos de titularidad pública justo antes de los meses críticos del verano.

De media, el coste por el cuidado de una hectárea asciende a unos cien euros. Es decir, una limpieza integral acarrearía a las arcas de algunas administraciones territoriales más de la mitad del presupuesto anual del que disponen. De ahí la demanda que plantean los populares, que tratan de implicar al Ejecutivo de Pedro Sánchez en la gestión de la última crisis nacional que ha tenido lugar en nuestro país.

En su plan contra los incendios, Alberto Núñez Feijóo incide en el papel que tiene la Administración central en la gestión de los bosques, a través del Seprona (Servicio de protección de la naturaleza), que depende del Ministerio del Interior y cuya responsabilidad es, entre otras cosas, vigilar y controlar los espacios naturales, además de prevenir e investigar delitos medioambientales.

En ese sentido, el PP plantea «incrementar urgentemente las plantillas» de este organismo, «con dotaciones adecuadas y planificación a largo plazo». En todo caso, tanto la dirección nacional de Génova como los presidentes autonómicos están decididos a desmentir la idea de que las comunidades son las que se tienen que hacer cargo de todo mientras que al Gobierno no le compete nada.

Sobre la limpieza forestal, los populares recuerdan que «a nivel legislativo», hay normativas estatales que «impiden la limpieza de los montes» porque «está prohibido en algunos puntos de protección paisajística» que se puedan realizar tareas de desbroce. «Como si no fueran a quemarse», ironizan.

En todo caso, ante las sucesivas críticas por parte del PSOE, que ya ha pedido la cabeza del presidente castellano-leonés por esta catástrofe, los barones no sólo denuncian la «inhibición» del Gobierno, sino que también ponen el foco en la falta de recursos económicos fruto de un sistema de financiación obsoleto y que lleva más de una década pendiente de reformarse.

«El Gobierno, siempre que pasa algo en alguna comunidad donde no gobierna el PSOE, le echa la culpa a los demás. Nunca es de ellos. Con la pandemia, la responsabilidad era de las autonomías, con la DANA, todo fue culpa de la Comunidad Valenciana y de Mazón. Al final, no hay una situación de estrés para el Gobierno en la que salga mal parado. La estrategia es la misma: que los demás siempre lo hacen mal», sintetizan en la dirección popular.

De la presente crisis, que todavía sigue activa, en Génova, a fin de neutralizar los ataques, se formulan las siguientes preguntas: «¿El Gobierno ha puesto a disposición de las autonomías toda su capacidad en prevención de incendios? ¿Sí o no? ¿Si ardiera Cataluña hubieran respondido igual? ¿Hubieran culpado a Illa de su gestión?».

Para este viernes, el PSOE –con el concurso de Vox– ha forzado la comparecencia de Mañueco en las Cortes autonómicas. Será la primera rendición de cuentas por los incendios y la maniobra política entraña especial simbolismo, ya que será él quien estrene el nuevo ciclo electoral en España en marzo. De ahí el afán por presentarle como el principal culpable.

Mientras, los socios del PSOE rechazaron ayer, sumando sus votos a los socialistas, todas las peticiones de comparecencia que registró el PP para llevar de urgencia al presidente y a sus ministros al Congreso. Finalmente serán Sara Aagesen, Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Ana Redondo quienes acudirán a la Cámara Baja la semana que viene a petición propia.