El borrador de la amnistía agita el TC: "Cumple la misión de Sánchez"

El borrador de sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía no se llevará al Pleno hasta final de mes, pero algunas voces críticas en el seno de la corte de garantías ya cuestionan lo que consideran «un juicio político a favor del Gobierno». Fuentes del TC señalan que la ponencia demuestra la «dejación de funciones» de la corte de garantías en el control de los proyectos de ley del Gobierno de Pedro Sánchez y critican la «pura contradicción» de no entrar a valorar las «transacciones políticas» que precipitaron la tramitación de la ley (los votos decisivos del independentismo en la investidura del líder del PSOE) y «al mismo tiempo cerrar filas con la justificación del Gobierno» para aprobar la norma, refiriéndose incluso a la finalidad política de conseguir la «pacificación» de Cataluña.

«Es una pésima sentencia, un bodrio», apuntan las fuentes consultadas, que expresan su convicción de que «todo está ya decidido» y que con esta resolución el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido «cumple fielmente la misión que Pedro Sánchez le ha encomendado: que santifique la amnistía, algo que está cumpliendo a rajatabla».

En el punto de mira está el concepto de «Constitución abierta» que enarbola la ponente, la vicepresidenta del TC Inmaculada Montalbán –que será la encargada de defender el texto en el Pleno que se celebrará la próxima semana–, que postula que todo lo que no prohíbe la Constitución (que no impide de manera expresa la amnistía) está permitido. «Es una barbaridad», apuntan fuentes discrepantes del Constitucional, para las que así «se permite al Parlamento hacer lo que quiera».

«La ponencia hace aguas por todas partes», aseguran antes de poner de manifiesto que el «entramado argumental» en torno al concepto de Constitución «abierta» supone «cargarse la separación de poderes al aplicarlo a las prerrogativas del Parlamento», al que dotan así –se quejan– de un poder «ilimitado». En todo caso, subrayan quienes discrepan de ese borrador –que según aseguran pone en riesgo el Estado de Derecho y los principios de igualdad y responsabilidad–, «lo preocupante no son las consecuencias sino los principios, porque sobre estos puedes generar más consecuencias en el futuro».

"Es bastante peor que la ley"

«El borrador de la sentencia es bastante peor que la ley», apuntan esas mismas fuentes, que rechazan que el Constitucional se limite a llevar a cabo «un control externo» para concluir «que el Poder Legislativo lo puede todo». «Viene a decir que el fin justifica los medios», apuntan antes de advertir de que un posicionamiento así aboca al «totalitarismo».

«Las normas son lo que son y no lo que dicen que son», defienden quienes en el TC están convencidos de que con esta sentencia la mayoría progresista (seis magistrados frente a cuatro conservadores, una vez apartados el exministro Juan Carlos Campo, que en la tramitación de los indultos del «procés» se posicionó en contra de la amnistía, y el exvocal del CGPJ José María Macías, que firmó un informe contra la ley en el seno del órgano de gobierno de los jueces) «se ha quitado cosas de en medio».

Por ejemplo, al dejar a un lado la malversación. «Cumple perfectamente el guion, en lo que hace y en lo que no hace», destacan. «La malversación no está impugnada en este recurso (el del PP, el primero en resolverse y que previsiblemente marcará la senda del resto por aplicación de doctrina) pero sí dice que la ley vulnera el principio de igualdad y puedes entender que implícitamente forma parte de la alegación», apuntan.

Intervención testimonial en el Pleno

Y al mismo tiempo recuerdan que otros recursos de inconstitucionalidad, como el de Castilla-La Mancha, sí incluyen en su demanda el delito de malversación, por lo que alertan de que en estos casos no es posible aplicar de forma automática la doctrina que establecerá la primera sentencia.

Por otra parte, el malestar de algunos magistrados por el hecho de que las líneas maestras de la ponencia se filtraran «con absoluto descaro» antes incluso de que llegara a sus manos (en un sobre cerrado «confidencial») puede llevar a que algunos de ellos se limiten a hacer una intervención testimonial en el Pleno que arrancará el próximo día 24 –la semana clave para aprobar la sentencia– señalando únicamente los motivos de discrepancia en los que fundamentarán su más que seguro voto particular. Que irán desde las quejas por la composición del tribunal (por la recusación de Macías, que exime a Conde-Pumpido de que su voto sea determinante para romper un previsible empate a cinco) hasta la defensa de que la amnistía no cabe en la Constitución y de que esta en particular es contraria a la Carta Magna o de que la medida es «arbitraria» y no responde en absoluto al interés general.

"No es posible un debate jurídico serio"

Sin embargo, otras fuentes consultadas apuntan que los magistrados disconformes con la ponencia podrían optar por pedir más tiempo para estudiar el borrador, dado que elaborarla «ha llevado más de seis meses». «En estas condiciones no es posible abordar un debate jurídico serio», advierten.

Antes de meterse en harina con la amnistía, el TC abordará la próxima semana la petición del PP y del Senado, y de tres magistrados conservadores, favorables a que el TC acuda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para plantear los posibles quebrantos del derecho comunitario en la Ley de Amnistía (once, según los populares) o al menos paralice la tramitación del recurso hasta que la Justicia europea resuelva las dudas planteadas por cuatro tribunales españoles en torno a la norma.

Ese debate, en todo caso, tiene escaso recorrido, porque Conde-Pumpido ya avisó de que la actuación del TC es independiente de la que lleven a cabo otros tribunales, incluido el TJUE. Lo previsible, por tanto, es que esas pretensiones se rechacen de plano por “extemporáneas”, pese a que los magistrados discrepantes se aferren a la “abundante jurisprudencia” del TJUE que obligaría al TC a llevar la ley de amnistía a Luxemburgo para que se pronuncie, lo que inevitablemente acarrea la paralización de la tramitación de los recursos.