"Caso Koldo": A un mes del escándalo sigue sin haber responsabilidades políticas

Hoy se cumple un mes desde que España conociera la trama del «caso Koldo», también denominada «operación Delorme», el caso de corrupción más grave que hasta ahora ha afrontado el Gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de un entramado de conexiones personales y societarias que aprovechó la situación de excepcionalidad generada durante la pandemia para hacerse con nueve contratos por un importe de 53 millones de euros. Aunque durante este tiempo se han conocido detalles sobre los vínculos políticos de los principales cabecillas, de los contactos que mantuvieron con cargos en activo, del tratamiento especial del que gozaban algunos de ellos en el Ministerio de Transportes, donde consiguieron los primeros contratos, también hay numerosos puntos opacos que tendrá que aclarar el juez Ismael Moreno, que instruye la causa en la Audiencia Nacional (AN). Entre los interrogantes pendientes de resolver está el grado de conexión política de sus principales integrantes.

La investigación nació a partir de una denuncia que presentó el Grupo Popular de la Asamblea de Madrid y la Fiscalía Anticorrupción tomó las riendas con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En la pieza central se investiga a siete personas por delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, cohecho, delito fiscal y tráfico de influencias. Los investigados son Koldo García,el exasesor de José Luis Ábalos, hombre fuerte de Sánchez que estaba al frente de Transportes cuando dos empresas públicas dependientes de esta cartera, Puertos del Estado y Adif, adjudicaron en menos de siete días contratos por casi 37 millones de euros para adquirir mascarillas. También están investigados los empresarios Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto Martín –supuesto cerebro empresarial y dueño de las sociedades por las que han ido circulando los beneficios–, Íñigo Rotaeche y el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García. El juez ha imputado a la red familiar de Koldo: Patricia Uriz, su pareja, y Joseba García, su hermano. Pero a lo largo de este mes se han producido otras detenciones, como la del comandante Rubén Villalba, que se encargaría de velar por los intereses del empresario Aldama, al proporcionar al entramado una vía segura de comunicación y que cobraría unos 2.000 euros mensuales.

Además de los responsables directos, falta por dilucidar las conexiones políticas. De momento, el juez no ha imputado a ningún cargo público de los que en ese momento contrató con la sociedad de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL. La eligieron pese a no tener experiencia en contrataciones públicas. Y su actividad no tenía relación con el sector sanitario. A pesar de ello, Puertos del Estado le adjudicó un primer contrato por 24 millones de euros para comprar ocho millones de mascarillas. Después, llegaron los contratos con Adif; con el Ministerio del Interior; otro con el Servicio de Salud de las Islas Baleares en la etapa de Francina Armengol; cuatro contratos con el Servicio de Salud de Canarias con Ángel Víctor Torres como presidente autonómico; y uno con el Ministerio de Sanidad en la etapa de Salvador Illa. Fueron nueve contratos.

En un principio, todas las miradas recayeron en Ábalos. Desde su partido, el PSOE, le dieron un ultimátum: debía dejar su escaño en un plazo de 24 horas. Pero el exministro de Transportes no cedió y dio un giro a la historia al mantener su acta y pasarse al Grupo Mixto. Hasta ahora solo ha habido una salida del Ejecutivo, la del secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, al que el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, destituyó por pérdida de confianza. Sin embargo, los informes policiales han dado cuenta de otros cargos que están en activo que siguieron reuniéndose con Koldo hasta hace pocos meses. Puente dijo que no le temblaría la mano y que podría haber más salidas, pero no ha habido más movimientos ni en su cartera ni en otras. Y Villalba, el segundo guardia civil implicado, fue cesado de su destino en Venezuela. Puede haber más detenidos, pero las responsabilidades políticas no se han depurado.