Ante el juez

"Caso Koldo": el supuesto "cerebro" de la "trama" defiende que su objetivo no era enriquecerse, sino ayudar a los españoles

El empresario Juan Carlos Cueto niega que repartiera comisiones, cifra el margen de beneficio entre el 10 y 13% y dice que el suministro supuso muchos gastos por viajes a China

El empresario Juan Carlos Cueto llega a la Audiencia Nacional para declarar, a 28 de febrero de 2024, en Madrid (España). El juez, Ismael Moreno, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales por la venta de material sanitario durante la pandemia (caso Koldo), ha citado al empresario Juan Carlos Cueto, por estar detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos. Según la Fiscalía Anticorrupción, Cueto, que estaría detrás de Soluciones de Gestión, se habría embolsado 9,6 mill...
El juez cita al empresario Juan Carlos Cueto sobre el caso KoldoAlberto OrtegaEuropa Press

El empresario Juan Carlos Cueto ha asegurado al juez del "caso Koldo" que repartiera comisiones por la adjudicación de los contratos investigados, insistiendo en que no optó a esos controvertidos contratos, que suman más de 52 millones de euros por el suministro de mascarillas y material sanitario, sino que su objetivo no era aprovecharse de la situación, sino ayudar a los españoles en los meses más duros de la pandemia de Covid-19.

El juez Ismael Moreno prohíbe salir de España al empresario, tal y como había solicitado la Fiscalía, con el apoyo de PP y Vox, que todavía no han tenido acceso al contenido del sumario. Los otros cuatro imputados que han declarado ante el instructor -el exasesor de José Luis Ábalos Koldo García, su hermano Joseba, el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama y el también empresario Iñigo Rotaeche- están en libertad, todos ellos con medidas cautelares salvo Joseba García, después de que la Fiscalía descartase pedir prisión provisional para ellos.

Según esas mismas fuentes, Cueto -factótum del Grupo Cueto- ha asegurado que el precio "fue justo" y que la operación fue "muy costosa" porque precisó de varios viajes a China para asegurar el suministro del material sanitario.

Cueto, que solo ha respondido a las preguntas de su abogado -fuentes de su defensa justifican que no haya contestado al resto de las partes en que no han podido conocer las diligencias-, ha explicado que las cuentas de Soluciones de Gestión fueron avaladas por una auditoría de KPMG.

Según ha matizado, el beneficio obtenido osciló entre el 10 y el 13 por ciento, un margen "habitual" en este tipo de contratos.

La abogada de Vox Marta Castro ha asegurado al finalizar la comparecencia, que apenas ha durado media hora, ha hecho hincapié en que, más allá del cobro de comisiones, la investigación por los contratos bajo sospecha en pandemia (que también instruyen dos juzgados de Madrid) debe esclarecer el supuesto tráfico de influencias y determinar "por qué accedieron esas empresas a los contratos cuando muchas ni siquiera estaban cualificadas para la contratación pública". La letrada ha afirmado que Vox no descarta "pedir que comparezca Abalos" en la causa.

Anticorrupción: una comisión del 35%

Según Anticorrupción, era el Grupo Cueto -que se habría embolsado el 35% del montante de los contratos investigados- el que controlaba en realidad Soluciones de Gestión y los contratos adjudicados por los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad y los gobiernos balear y canario fueron "un proyecto conjunto" de este empresario y de Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y otro de los puntales de la supuesta trama.

La querella de Anticorrupción pone al descubierto los vínculos de Cueto con Koldo García, Aldama y atribuye al empresario un papel determinante en las inversiones llevadas a cabo en Orense con parte de los beneficios obtenidos con los supuestos «pelotazos». La Fiscalía sitúa a Cueto yal también empresario Iñigo Rotaeche (igualmente imputado) "en algunos momentos de la ejecución de los contratos investigados".

La investigación apunta a que Cueto mantenía con Koldo García y Víctor Aldama una "estrecha relación" que se plasma en sus encuentros en restaurantes como la marisquería "La Chalana", donde los dos primeros se vieron el 15 de febrero del pasado año. En esa conversación, que fue grabada por la Guardia Civil, hablaron de la inspección de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de Hacienda) a Aldama «por las plusvalías obtenidas por medio de las empresas MTM 180 Capital y Deluxe Fortune por intermediar en la adjudicación de los contratos denunciados» y quedaron en verse al día siguiente.

"Como alguien empiece a rajar, tiene un problema..."

Ocho meses después, el 3 de octubre, Cueto trasladó a una empleada de Aldama que este, que había sido citado el 18 de octubre por la Agencia Tributaria para justificar las comisiones de los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión, debía acudir a la cita con abogado y "habiéndose preparado el asunto previamente". De hecho, insistió en que las personas que fueran llamadas para dar explicaciones tenían que acudir asistidos de un letrado. "Como vaya alguien allí y empiece a largar y rajar, tiene un problema...", aseguró.

Cuatro meses después, el asesor de Ábalos

En una conversación telefónica intervenida por la UCO el 4 de diciembre del pasado año entre Cueto y Aldama, el primero se refiere a «un favor que le estaba pidiendo tu vecino» (en referencia a Koldo García) y «su exjefe». «Parece ser que el otro ha dicho que sí... porque le han dado otro favor a cambio», comentó.

La Fiscalía vincula además a Cueto con la inversión de parte de las plusvalías que obtuvo la «trama» en la compra de fincas rústicas en la comarca orensana de Barco de Valdeorras. Estas fueron adquiridas por Soluciones de Gestión, que después las traspasó a una empresa integrada en el Grupo Cueto, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara. "Todas las gestiones relativas a estas fincas", defiende el fiscal del caso, "estarían siendo llevadas a cabo" por Juan Carlos Cueto.

Según Anticorrupción, Cueto abandonó los órganos sociales de las empresas del grupo a raíz de la investigación de la «operación Trajano» –por la venta de armas a Angola a través de la empresa Fedex, una causa en la que está imputado–, aunque según un informe de la Guardia Civil su participación en la actividad empresarial «no habría cesado».