"Caso Rato": la magistrada rechaza el archivo de la causa y descarta que haya habido indefensión

El juicio por el conocido como "caso Rato" retoma sus sesiones en la Audiencia Provincial de Madrid. La magistrada Ángela Acevedo ha rechazado la prescripción y el archivo de la causa pedida por varios de los 17 acusados. La presidenta de la Sala ha afirmado que el tribunal "necesita ver la prueba en su conjunto", por lo que asume el criterio de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, y descarta que haya habido indefensión durante la instrucción.

Con serias dificultades en el audio en la vista de hoy, la magistrada ha aclarado que la mayoría de las cuestiones previas se resolvieron en la fase de instrucción, y a las que quedan pendientes "se les dará cumplida respuesta en la sentencia".se propusieron y rechazaron varias peticiones para que comparecieran distintos testigos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y las distintas defensas. En concreto, varias de ellas pidieron que no se incluyeran las pruebas contra su excuñado, Santiago Alarcó, surgidas de una investigación de la Audiencia Nacional iniciada en abril de este año, aunque después el tribunal se declaró incompetente.

La abogada defensora de Rato, María Massó, planteó que esta documentación "debe ser extirpada” de la causa, relacionada con una transferencia de 120 mil eurosrealizada desde una cuenta de la que se constata su titularidad a una empresa y, además,incluyen correos electrónicos, conversaciones con el banco de él y de su esposa. Para la letrada, es una “documentación impertinente” porque es una selección de documentos hecha por el Ministerio Público que desconoce la defensa. “Son conversaciones privadas de años que no guardan relación con esta causa”.

Hace referencia a la investigación realizada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en abril de 2023, que le investigó por diseñar presuntamente un entramado para ocultar dinero en el extranjero. Estas pesquisas se desarrollaron como consecuencia de una denuncia de la Fiscalía por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y frustración de la ejecución.Alarcó solicitó el archivo y el tribunal, sin resolver esta petición, consideró que ya no era competente.

Para la defensa de Rato, el Ministerio público no puede proponer nuevas pruebas que no haya planteado en las cuestiones previas y remitió a numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo para respaldar su petición.

Otras defensas se adhirieron a esta petición y también cuestionaron la pertinencia de la documentación "desproporcionada” porque aporta 370 folios con datos vulneraría el derecho a la intimidad de su esposa y porque se obtuvo en diligencias de investigación cuando ya se sabía que había un procedimiento judicial. Y argumentaron que buscar nuevas pruebas cuando ya se había cerrado la instrucción, causaría indefensión de Santiago Alarcó y vulneraría su derecho a la defensa.

En la vista de hoy, la fiscal Elena Lorente rechazó también la inclusión de varias peticiones para que comparecieran distintos testigos.“El derecho de prueba no es un derecho absoluto”, señaló e insistió en que el trámite de prueba no puede convertirse en una nueva instrucción. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han calificado de "improcedente" que se llame a declarar como testigos al exministro de Justicia Rafael Catalá, una petición realizada por la defensa del expresidente de Bankia en base a informaciones de prensa. Esta petición ya había sido rechazada.

El juicio para investigar el origen del patrimonio del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exministro de Economía comenzó el pasado 15 de diciembre. La Fiscalía Anticorrupción pide para él una pena de cárcel de 70 años por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.

Según sostiene el Ministerio Público, Rato ocultó a Hacienda su patrimonio a través de diversas sociedades desde el año 1999, con las que habría realizado distintas inversiones a través de cuentas bancarias domiciliadas en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo. Le atribuye once delitos contra la Hacienda Pública cometidos entre 2005 y 2015, un delito de blanqueo de capitales y otro de corrupción entre particulares en la concesión de las campañas publicitarias de Bankia a las agencias Zenith y Publicis en su etapa al frente de la entidad.

Entre los acusados por delito fiscal también figuran el exadministrador de varias sociedades vinculadas al exministro, Miguel Ángel Montero, o el ex secretario general de Telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín, entre otros. Alarcó está acusado de blanqueo de capitales, mientras que a José Manuel Fernández Norniella, su "mano derecha", y a su exsecretaria, Teresa Arellano, se les atribuye un delito de corrupción entre particulares.

La instrucción le atribuyó un incremento de 15,6 millones de euros en su patrimonio y otros rendimientos de capital mobiliario en el extranjero que no declaró. Las cuotas supuestamente defraudadas se elevaron a 7,4 millones de euros.