El Gobierno aprobó ayer en el Consejo de Ministros el real decreto que establece cuántos menores migrantes no acompañados puede acoger cada comunidad autónoma. Se trata de un dato fundamental porque es la base para analizar, con números, el esfuerzo de acogida que está realizando cada comunidad y así establecer qué comunidades deben acoger a más menores y en qué cantidad.

De hecho, el texto aprobado ayer es el último paso que da el Ejecutivo de Pedro Sánchez antes de proceder al reparto de los más de 4.000 menores que se encuentran actualmente en Canarias y en Ceuta y que serán reubicados en la península y Melilla. Todo esto lo ha hecho con las autonomías del Partido Popular en contra, que denuncian la imposición.

Aunque aún hay que oficializar las cifras, el Gobierno hizo en julio un cálculo sobre cómo sería el reparto. Las comunidades que más recibirán serán Andalucía (con 677 menores, según el boceto del mes pasado), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571). En el extremo bajo de la tabla, Cataluña y País Vasco no recibirán ninguno del reparto oficial, aunque las autoridades catalanas se han mostrado favorables a acoger 31 menores de forma voluntaria.

Este reparto se produce atendiendo a una serie de criterios que el Gobierno modificó en marzo de este año a través de un real decreto que pudo convalidar gracias a que Junts apoyó al Ejecutivo. El apoyo de los independentistas, eso sí, se produjo tras ver que ningún menor iría a parar a Cataluña, en línea con su discurso cada vez más radicalizado en materia de inmigración.

Antes, la derivación de los menores se realizaba teniendo en cuenta los criterios pactados por todas las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia de 2022. Bajo estos parámetros, el esfuerzo realizado por cada comunidad determinaba el reparto del 45% de los menores que se fueran a reubicar. Con los nuevos criterios, ese esfuerzo pasó a determinar sólo el 6%, algo que beneficiaba a Cataluña, haciendo que reciba menos.

También se introdujo un nuevo criterio que podría beneficiar a Cataluña, y era que el 10% del total se repartiría según el sistema de plazas por cada comunidad. Como las plazas se determinan por población, despuntan en estos parámetros otras comunidades autónomas.

En el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno ha cifrado la capacidad ordinaria de acogida en un ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes para todas las comunidades autónomas, en línea con la fórmula del real decreto de marzo.

Por lo tanto, Andalucía tiene 2.827 plazas; Cataluña, 2.650 y la Comunidad de Madrid, 2.325 plazas. Pero como Cataluña ya hace un esfuerzo de acogida grande, este dato le afecta poco. Además, Aragón tiene una capacidad ordinaria de acogida de 441 menores, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Murcia de 517, Navarra de 223, Euskadi de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, celebró ayer el decreto aprobado por el Consejo de Ministros y pidió su cumplimiento porque "viene bien" a todas las comunidades autónomas. Explicó que "cualquier otro territorio fronterizo peninsular" puede ver la presión migratoria incrementada y también dijo que es lo que había estado sucediendo en los últimos meses en Baleares.

Sin embargo, no se trata de una opinión compartida por el resto de las comunidades autónomas. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, avisó de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá por vía judicial el reparto de menores al considerar que "rompe la igualdad entre las comunidades autónomas" y que se ha hecho sin "trasparencia".

El real decreto aprobado este martes se ha publicado en el BOE de este miércoles, y las comunidades que se consideren saturadas podrán solicitar la declaración de la contingencia migratoria, lo que sucederá entre hoy y mañana. Esto servirá para dar el pistoletazo de salida y que el Gobierno empiece a trabajar en cómo organizar el reparto. Eso no significa que el reparto vaya a comenzar esta semana, sino cuando todos los preparativos concluyan.