El TC rechaza con cuatro votos en contra el recurso de Ayuso contra el impuesto a las grandes fortunas

El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado, con cuatro votos en contra, el recurso que interpuso la Comunidad de Madrid contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas que impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez y que entró en vigor en diciembre de 2022.

El Pleno, que ya se negó en su día a suspender cautelarmente la normativa, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con el criterio contrario de los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa, que han anunciado un voto particular discrepante.

La mayoría progresista avala así el borrador de sentencia elaborado por la magistrada María Luisa Balaguer.

En su resolución, en la que el TC rechaza todas las impugnaciones esgrimidas por el Gobierno de Ayuso, el tribunal recuerda que la Ley 38/2022 tenía por objeto "la creación de dos gravámenes (energético y bancario) cuyo propósito era proveer de ingresos públicos con los que afrontar las consecuencias de la crisis energética y de precios causada por la guerra de Ucrania".

No invade competencias autonómicas

El Pleno no considera que se vulnere la autonomía financiera de las comunidades autónomas, puesto que recuerda que el impuesto a las grandes fortunas "es complementario" del Impuesto de Patrimonio -tributo de titularidad estatal cedido a las autonomías- "de modo que lo satisfecho por este se descuenta para determinar la cuota del nuevo impuesto, el cual no afecta ni interfiere en ninguna de las competencias autonómicas sobre el Impuesto de Patrimonio". El mínimo exento, la tarifa, las deducciones y las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio aplicables en la Comunidad de Madrid "seguirán siendo, única y exclusivamente, los que esta decida, sin que el impuesto sobre grandes fortunas suponga cambio alguno", señala el Constitucional.

Para el TC, el recurso de la Comunidad de Madrid no indica ninguna competencia autonómica que se haya visto afectada por el impuesto. El Ejecutivo de Díaz Ayuso se quejó que sus residentes con un patrimonio superior a tres millones de euros (los únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio. Pero para el Tribunal, este objetivo no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos. "Si en el pasado el Tribunal Constitucional ya ha reconocido que el Estado puede ocupar un espacio fiscal autonómico para armonizarlo, con mayor razón podrá hacerlo en su propio espacio fiscal", argumenta.

Cuatro magistrados discrepan

Los magistrados discrepantes, sin embargo, consideran que el impuesto sí vulnera la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas, garantizada por la Constitución. La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, "que forma parte del bloque de la constitucionalidad" -recuerdan- prevé que las comunidades autónomas "puedan asumir las bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio", y la Ley 22/2009 determina que se ceden a aquellas las competencias normativas en materia de bonificaciones de la cuota en el impuesto sobre el patrimonio.

La "armonización" pretendida por la ley que creó el impuesto a las grandes fortunas, explican, "pretende neutralizar las bonificaciones en el impuesto sobre el patrimonio establecidas por algunas comunidades autónomas, sin seguir el procedimiento establecido para la modificación de las condiciones de cesión del impuesto sobre el patrimonio, que es un impuesto cedido, vulnerando así la autonomía política y financiera de estas, que comprende la opción de bonificar los tributos cedidos".

Las quejas del Gobierno madrileño

La Comunidad de Madrid se quejó que el impuesto invade las competencias fiscales de las comunidades autónomas reconocidas en la Constitución sobre la gestión de los tributos cuya gestión se cede a las autonomías, como el Impuesto de Patrimonio, bonificado en su totalidad en la región desde el año 2008.

Asimismo, se quejaba de que el tributo atenta contra la seguridad jurídica, puesto que sus efectos se remontaron, con carácter retroactivo, a comienzos de 2008. El Gobierno madrileño mantiene asimismo que rompe la autonomía financiera de las comunidades por afectar a su política fiscal.

Según los datos de Moncloa, el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas ha recaudado este año más de 600 millones de euros al haberse aplicado a 12.010 grandes patrimonios, el 0,1%U de los contribuyentes de nuestro país, que han abonado una cuota media de 52.000 euros al año.

Díaz Ayuso aseguró el pasado septiembre en su cuenta de Twitter que el impuesto busca "hacer daño" a Madrid y denunció que supone un "perjuicio" a la credibilidad de España porque "espanta a los inversores a cambio de una recaudación tan baja".

Pero esta no es la única vía que mantiene abierta el Ejecutivo madrileño contra la normativa, pues también ha recurrido en la vía contenciosa ante la Audiencia Nacional la orden de Hacienda que aprobó el modelo para la liquidación del tributo.

La mayor recaudación, en Madrid

La mayoría de los contribuyentes que han pagado este impuesto son grandes patrimonios de Madrid (10.302 en total), que han aportado 555 millones de euros. En segundo lugar, se sitúa Andalucía, con 865 contribuyentes que han abonado 29,7 millones; mientras que la tercera comunidad que más aporta es Galicia, con 91 contribuyentes que han pagado 9,8 millones de euros.

Para evitar la doble imposición, las grandes fortunas obligadas al pago solo tributan por la parte que no haya sido gravada por su comunidad autónoma en el impuesto sobre el patrimonio, por lo que el grueso de la recaudación proviene de las autonomías que bonifican total o parcialmente este impuesto. Según los datos de la Agencia Tributaria, la recaudación total por el impuesto a las grandes fortunas y por el impuesto sobre el patrimonio asciende este año a más de 1.868 millones de euros.