El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha desbrozado la investigación al fiscal general de las últimas diligencias que tenía sobre la mesa pendientes de pronunciamiento. El instructor ha rechazado la petición de la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez -imputada, como Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador- de incorporar a la causa todos los correos intercambiados por el letrado del empresario con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Además, ha reiterado su negativa a analizar los metadatos de la nota de la Fiscalía del 14 de marzo del pasado año que desveló las negociaciones entre el abogado de la pareja de Ayuso y el fiscal del caso para llegar a un acuerdo de conformidad, y también a examinar la agenda del móvil de García Ortiz para comprobar si tiene guardado el teléfono de Pilar Sánchez Acera, exjefa de gabinete de Óscar López y actual número dos del PSOE en Madrid.

Con estas decisiones, el magistrado desbroza la investigación con vistas a decidir si procesa al fiscal general o, por el contrario, archiva el procedimiento contra él, pues se trataba de las últimas diligencias y recursos sobre las que debía pronunciarse.

La defensa de Pilar Rodríguez -que ejerce el exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos- pensaba demostrar con esos correos que la divulgación del correo del 2 de febrero en el que el abogado de González Amador admitía el fraude fiscal en nombre de su cliente (aunque este se ha desmarcado de esa iniciativa, afirmando que ese paso se dio sin su consentimiento) no ha afectado a las negociaciones para intentar cerrar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

La pareja de Ayuso se opuso a esa petición, esgrimiendo que esas revelaciones le han perjudicado en la investigación por fraude fiscal abierta contra él en un juzgado de Madrid (unos hechos por los que ya ha sido procesado recientemente). Unos argumentos que comparte Hurtado, que incide en la merma para su derecho de defensa que ha supuesto esa filtración y en la lesión de su derecho a la presunción de inocencia. Sin olvidar, añade, el daño reputacional causado.

"No parece lo más coherente"

El magistrado, en todo caso, no aprecia "la relación que pueda tener la diligencia solicitada con los hechos que son objeto de investigación", acotados a los días 8 al 14 de marzo del pasado año, "y más en particular entre las últimas horas del día 13 y 14 de marzo".

De hecho, recuerda que el abogado del empresario en ese procedimiento, Carlos Neira, se negó a "revelar el contenido de las conversaciones" con Fiscalía y Abogacía del Estado que se han producido después de la filtración "por considerar que se entraba en cuestiones que afectaban al derecho de defensa". De ahí que Hurtado concluya que "no parece lo más coherente" que, como pretende Pilar Rodríguez, "se traigan a la presente causa correos que no se pueden desvincular de dichas conversaciones".

Pero el instructor también debía resolver los recursos de reforma interpuesto por una de las acusaciones populares, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y por el propio González Amador, para intentar revertir la negativa del juez a acordar otras diligencias solicitadas.

En el de APIF, su objetivo era constatar si en la agenda del móvil de García Ortiz figura el teléfono de Sánchez Acera, la ex alto cargo de Moncloa que remitió al entonces líder del PSOE en Madrid Juan Lobato ese correo del 2 de febrero para que lo utilizara en la Asamblea autonómica contra la presidenta regional.

Es "innecesario " seguir proponiendo diligencias

Hurtado hace suyo el argumento de APIF de que "deviene innecesario seguir proponiendo y acordando diligencias susceptibles de desarrollarse en el acto del juicio oral", y en esa línea replica a la acusación que su solicitud -como ha apuntado Manos Limpias- "es superflua para el esclarecimiento de los hechos". Y sostiene que si APIF "nos dice que constituiría un indicio de cargo adicional es porque ha valorado que, con los reunidos hasta el momento, se puede mantener una imputación", por lo que se trata de una diligencia "innecesaria, por superflua".

Hurtado cierra también la puerta a un posible procesamiento por prevaricación al explicar su rechazo a reclamar, como pide la asociación de fiscales, los tres expedientes de dación de cuentas al fiscal general a raíz de su petición de los correos intercambiados con la defensa de González Amador, unas supuestas irregularidades en las que "apoyaría su reproche penal por prevaricación".

Pero el magistrado, de nuevo, ve esa línea de investigación "superflua" porque en ese escrito, recalca, no se precisa "qué elementos hay en lo actuado que pudieran servir de soporte a tal delito", unos indicios que tampoco "encuentra" el instructor.

Hurtado también ha rechazado el recurso de reforma de González Amador contra su petición de análisis de la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo del pasado año en busca de información "sobre el momento en que se decide y se inicia la confección de la nota, intervinientes en la confección y versiones guardadas, entre otros extremos".

Sin embargo, el instructor considera esa diligencia innecesaria porque aunque contribuyera a identificar a los autores de la nota, el hecho de que fuera conocida por otras personas, "que pudo serlo" -recalca-, "sería insuficiente de cara a la imputación por su presumible participación en su elaboración".

De hecho, recuerda que otros miembros de la Fiscalía como la fiscal decana de delitos económicos, Virna Alonso, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe o la responsable de comunicación de la Fiscalía General tuvieron conocimiento de esa nota y o bien el procedimiento no se ha dirigido contra ellos o bien fue archivado (en el caso de Villafañe).

El análisis de los metadatos, "intrascendente"

"Álvaro García Ortiz ha asumido, personalmente, ser el autor de la nota -recuerda-, llegando, incluso, exculpar a Pilar Rodríguez de la participación que, presumiblemente, pudo tener en ella".

Momento que aprovecha Hurtado para hacer hincapié en que las diligencias practicadas hasta ahora apuntan a "la presumible participación de los dos investigados en la elaboración de la nota", por lo que la información de esos metadatos "poco podrían aportar en orden a que otros sujetos más, que sí la pudieron conocer, pudieran haber intervenido en su confección". En cualquier caso, precisa, ese comunicado por sí solo "sería insuficiente para derivar eventuales responsabilidades penales, si no es poniéndola en relación con la filtración del correo de 2 de febrero de 2024".

Por si fuera poco, coincide con lo apuntado por la defensa de García Ortiz, que advirtió de que el análisis de los metadatos resulta "intrascendente" para determinar "la autoría material o intelectual de su contenido".

Y aunque el abogado de Pilar Rodríguez sí ha respaldado esa petición, deja bien claro que lo ha hecho "porque considera que con su resultado se podrá acreditar que su patrocinada no tuvo participación en la redacción, modificación, impresión o divulgación de dicha nota".

Pero Hurtado no asume ese planteamiento porque reitera, aunque el análisis de esos metadatos revelasen "otros nombres" este hecho sería "insuficiente para comparar las circunstancias de esas personas cuyos nombres apareciesen con la de la investigada, pues hay que volver a insistir, que, si se encuentra en tal situación, es porque hay diligencias que van más allá de la sola identificación de quienes, simplemente, pudieron tener conocimiento de la nota".