¿Debe ser cesado el fiscal general si se sienta en el banquillo?: el silencio "clamoroso" de la reforma de la Fiscalía

La principal asociación de fiscales considera "clamoroso" que la reforma de la Fiscalía que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez no incluya entre las causas de cese del fiscal general del Estado la apertura de juicio oral contra él pese a que se trata de una situación "inédita y extraordinaria en su gravedad".

Así lo pone de manifiesto la Asociación de Fiscales (AF) en el informe al anteproyecto -que dejará en manos de los fiscales la instrucción de las causas y desligará el mandado del fiscal general de la legislatura-, en el que aluden directamente a la situación procesal de Álvaro García Ortiz, investigado por revelación de secretos y pendiente de la decisión del Tribunal Supremo (TS) sobre su procesamiento.

El informe dice no entender que la reforma no incluya entre las causas de cese del fiscal general (a petición propia, por incurrir en causa de incompatibilidad, por incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo o por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones) la apertura de juicio oral contra él. "Como si no hubiera pasado nada, olvidando un aspecto muy destacado por toda la opinión pública: la imputación penal de quien asume la difícil función de fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo", se queja.

Al no contemplar la suspensión de funciones en este supuesto, "ni un sistema interno o consecuencias específicas que corrijan la gravísima situación que se genera en la institución" el informe censura "el silencio más clamoroso del anteproyecto" ante lo que considera "una de las grandes amenazas a nuestro Estado de Derecho".

Escenario "de casi imposible encaje"

La ley española, recuerda la asociación que preside Cristina Dexeus, "no permite que el Gobierno cese discrecionalmente al fiscal general, ni contempla la apertura de un procedimiento por delito contra él como una de las causas de cese". Algo que, subraya, "no deja de ser un escenario de casi imposible encaje en ningún sistema procesal, institucional y constitucional".

De hecho, reitera que "la única solución es la dimisión" de García Ortiz para "preservar la percepción pública de la imparcialidad del Ministerio Fiscal". El fiscal general, recuerda, "es el superior de todos los fiscales, incluida la teniente fiscal del Tribunal Supremo", Ángeles Sánchez Conde, que representa a la Fiscalía en la causa contra García Ortiz por la filtración de datos reservados de la investigación por delito fiscal al empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

"Al no dimitir, el fiscal general asume una posición doble y contradictoria que determina un severo conflicto sin precedentes: es la persona investigada y encabeza la institución que debe intervenir en defensa de la legalidad para, en su caso, acusarle". "Los fiscales dependientes jerárquicamente deben abstenerse de intervenir en un asunto que afecta a quien les puede impartir instrucciones", defiende.

Conflicto institucional "sin precedentes"

"Nos preocupan las consecuencias institucionales derivadas de la permanencia en su puesto del actual fiscal general", asegura la Asociación de Fiscales en referencia a que "se ha designado para este procedimiento a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, cuya profesionalidad no discutimos" y, aunque García Ortiz renunció a que Sánchez Conde le diese cuentas de su actuación, "es su mano derecha" y "está subordinada inmediatamente" al fiscal general y "depende de él para su renovación".

"La decisión del Gobierno de la Nación se ha limitado a no cesar al fiscal general" y el propio García Ortiz "ha decidido no dimitir". En esta situación, afirma la AF, el máximo representante de la Fiscalía asume "una doble posición incompatible que determina un conflicto institucional interno sin precedentes y muy severo: por un lado, es la persona investigada y, por otro, encabeza la jerarquía de la institución que debe intervenir en defensa de la legalidad formulando, eventualmente, la acusación".

Una situación de conflicto que se ha traducido -hace hincapié la AF- en que la teniente fiscal del Supremo, que ha solicitado el archivo de la investigación contra García Ortiz, "además de tener un conocimiento previo de las actuaciones, ha puesto en evidencia una posición parcial incompatible con la objetividad de la intervención de la institución".

La asociación profesional recuerda que el 17 de octubre del pasado año García Ortiz reunió a la Junta de Fiscales de Sala "para aportar su versión de los hechos en los que aparece como investigado, contaminando la objetividad de quienes en abstracto podrían intervenir en el procedimiento, también de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, como miembro nato de esa junta", por lo que incurrió en causa de abstención.

Además, se queja de que García Ortiz "ha utilizado estas y otras vías institucionales para transmitir a los fiscales, en distintos encuentros mantenidos durante todo este tiempo, su posición en relación con unos hechos que le afectan no solo como fiscal general, sino como persona física". Un comportamiento que, apunta, "implica un abuso en el empleo de mecanismos institucionales como anticipo o ejercicio de su defensa".

"Claro perjuicio" a la imagen de imparcialidad

A la vista de la situación judicial de García Ortiz, la Asociación de Fiscales pone de relieve que "la persona que es investigada dirige la institución que puede ejercer la acción penal contra ella (o evitar dirigirla) a través de sus subordinados, a los que ha transmitido ya su propia versión de los hechos al margen del propio proceso penal". La consecuencia, advierte, "es un claro perjuicio a la percepción pública de imparcialidad en el trabajo ordinario de todos los fiscales".

"Tanto el deterioro del funcionamiento de la institución como el perjuicio en la percepción pública en torno a la imparcialidad del Ministerio Fiscal español -pone de relieve- tiene un claro, directo e ineludible origen en la falta de cese por parte del Gobierno y en la falta de dimisión del fiscal general del Estado".

La Asociación de Fiscales también cuestiona que el sistema de nombramiento garantice que quien asuma el cargo sea una persona "reconocida y respetada". "No podemos olvidar los antecedentes inmediatos", apunta en referencia a la designación de Dolores Delgado, "sin solución de continuidad con su condición de ministra de Justicia". Un nombramiento que, recuerda, "determinó una reacción importante dentro y fuera de España", provocando una reforma "que impide asumir la función de manera consecutiva o próxima al ejercicio de cargos políticos".

Y en cuanto a la designación del actual fiscal general, señala la AF, esta "puso en evidencia una ruptura entre el Consejo General del Poder Judicial, que emitió un informe de inidoneidad -preceptivo, pero no vinculante-, y el Gobierno de la Nación, que decidió discrecionalmente el nombramiento" de García Ortiz.