García Ortiz no se plantea dimitir si es procesado

Había cierta preocupación en Fortuny con la posibilidad de que una semana de boato y oropel, con la plana mayor de la asociación de fiscales iberoamericanos en Madrid para celebrar su 32ª asamblea y Álvaro García Ortiz como anfitrión, pudiese verse sacudida por el procesamiento del fiscal general del Estado –hecho inédito en democracia– por la filtración de datos reservados del novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. Pero ese temor se esfumó unos días antes de la llegada de los fiscales iberoamericanos, al decidir el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado citar a varios testigos en la recta final del mes de mayo (el exabogado de González Amador y varios periodistas cuyo testimonio el fiscal general consideraba clave para forzar el archivo), lo que dejó en suspenso esa espada de Damocles sobre García Ortiz.

Pero una vez transcurrida sin sobresaltos esa semana de gloria del fiscal general, y practicadas esas diligencias pendientes, no parece que el juez Hurtado vaya a demorar mucho su decisión sobre el procesamiento por revelación de secretos de García Ortiz. Sobre la mesa únicamente tiene que resolver (más allá de un recurso de la defensa de González Amador sin efectos suspensivos) la petición in extremis de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez (también investigada), que quiere conocer todos los correos electrónicos que intercambió el abogado del novio de Ayuso con la Fiscalía y la Abogacía del Estado en relación a la investigación contra el empresario por fraude tributario (acaba de ser procesado por estos hechos por la magistrada Inmaculada Iglesias).

No obstante, si aceptara esa postrera petición la decisión del juez Hurtado sobre el procesamiento solo se demoraría unos días. En caso contrario, puede incluso desestimar esas diligencias en la propia resolución en la que acuerde la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado (un paso equivalente al del procesamiento cuando se trata de un sumario).

Hasta el momento, solo dos acusaciones populares han solicitado ya al instructor que procese a García Ortiz: la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y Manos Limpias (que a diferencia de la anterior no reclama la misma medida para Pilar Rodríguez).

Hurtado ya aceptó a regañadientes las últimas testificales: la de González Amador, obligado por la Sala de Apelación (él se había negado a llamarle a declarar) y las de su antiguo abogado, Carlos Neira, y cuatro periodistas para no comprometer el derecho de defensa de García Ortiz, que había reclamado su comparecencia cuanto todo parecía indicar que la instrucción del procedimiento tocaba a su fin siete meses después.

Ahora, las fuentes consultadas señalan que Hurtado podría acceder a la petición de la defensa de Pilar Rodríguez, que recientemente ha desligado su suerte procesal de la de su superior jerárquico al dar la espalda a la Abogacía del Estado y confiar su defensa al exfiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos.

El letrado pretende demostrar con esos correos que la revelación pública de los mensajes entre González Amador y la Fiscalía no ha perjudicado a las negociaciones para llegar a un acuerdo de conformidad (que implica un reconocimiento del delito y la reparación económica del fraude a cambio de una solicitud de pena más leve).

Si finalmente García Ortiz es procesado –como todo parece apuntar según las fuentes consultadas–, el interrogante se traslada fuera del tablero judicial: ¿dimitirá una vez despejado su camino hacia el banquillo de los acusados?

Desde la mayoritaria Asociación de Fiscales, como también ha hecho APIF, se ha reclamado la renuncia del fiscal general desde el mismo momento en que el Tribunal Supremo abrió causa penal contra él en octubre del pasado año. En esa ocasión, García Ortiz había dejado claro que no pensaba renunciar al cargo si el Supremo decidía investigarlo. No lo hizo. Y tampoco cuando fue citado a declarar como imputado, pese a que arreciaron las voces exigiendo su dimisión para no dañar la imagen de la institución.

Ahora tampoco parece dispuesto a dar un paso atrás, según deslizan fuentes de su entorno, que insisten en que sigue defendiendo su inocencia. Pero, sin duda, su procesamiento –que le dejaría a un paso del banquillo– y, sobre todo, la apertura de juicio oral contra él redoblarán las presiones para que dimita y no someta a una institución de la relevancia de la Fiscalía General del Estado a una situación sin precedentes: la de ver a su máximo representante ante un tribunal en un juicio.

Aunque García Ortiz no está obligado por ley a dimitir, el Reglamento del Ministerio Fiscal sí faculta al fiscal general a suspender cautelarmente a cualquier fiscal «contra el que se siga un procedimiento penal». Una decisión que resulta obligada cuando se dicte contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral (precisamente hacia los que a partir de ahora parece abocado el fiscal general del Estado). En todo caso, no parece que García Ortiz se plantee dar ese paso.