Manos Limpias lleva ante el Tribunal Supremo (TS) a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda por omisión de su deber de presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En su denuncia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, recuerda que María Jesús Montero no ha presentado cuentas públicas en el Congreso de los Diputados en los tres últimos ejercicios anuales.

El sindicato recuerda, en este sentido, que la Constitución Española fija –en su artículo 134.4– que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior".

Y, como no ha ocurrido en 2023, 2024 y en el actual, el denunciante entiende que tanto el presidente del Gobierno como Montero han incurrido en un delito de prevaricación administrativa por omisión del cumplimiento de este deber.

"Han estado efectuando prórrogas presupuestarias encadenadas", que Manos Limpias considera que son "un claro fraude de ley", dado que es un supuesto solo aplicable "una vez el Congreso rechace o no apruebe los presupuestos presentados", algo que asegura no ha llegado a ocurrir.

En definitiva, denuncia que Sánchez y la vicepresidenta socialista han venido efectuando "prórrogas 'manu militari', sin previo rechazo o sin aprobación en el Congreso de la referida ley de presupuestos".

El dolo en su actuación lo ve en que el jefe del Ejecutivo y Montero actuaron "a sabiendas: conocían el mandato constitucional, fueron advertido por los servicios técnicos y decidieron sostener la no remisión y prórroga estructura por conveniencia política, asumiendo sus efectos jurídicos", tal y como se refleja en la acción penal interpuesta ante el alto tribunal.

Esa conveniencia política a la que apunta el colectivo de Miguel Bernad estaría en que no llevaron los Presupuestos a la Cámara baja "a sabiendas de que no se iban a aprobar, al no tener la mayoría parlamentaria" para sacarlos adelante.