De la deuda de Óscar López a los dos millones de Escrivá

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado desveló a lo largo de casi 300 páginas cuál es la situación patrimonial de los altos cargos que han sido nombrados y cesados por decisión del Consejo de Ministros el pasado año 2024.

La nueva vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tiene casi medio millón de euros en cuentas corrientes y bienes inmuebles por valor de 100.500 euros. Ni una deuda, tampoco acciones o seguro de vida.

Su antecesora, Teresa Ribera, que dejó sus responsabilidades gubernamentales a raíz de su nombramiento como vicepresidenta de la Comisión Europea, atesora exactamente 230.000 euros en fondos bancarios, propiedades que no suman más de 168.000 euros. La ahora alta responsable comunitaria tiene 2.300 euros en acciones, otros 7.213 euros en seguros de vida y planes de pensiones, y demás bienes sin especificar que se cifran en unos 11.500 euros. Adeuda, por otro lado, únicamente 7.500 euros.

Otra de las últimas incorporaciones con cartera en el Ejecutivo está mucho más corto de dinero. Óscar López, titular de Transformación Digital, cuenta con solo 35.500 euros depositados en entidades bancarias y un patrimonio inmueble que se cifra en 243.502 euros. De hecho, debe más de lo que posee, con un pasivo de 376.000 euros.

El anterior en el cargo José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, declara poseer, sin embargo, casi dos millones de euros, la mayoría en forma de acciones, por más de 700.000 euros, y bienes inmuebles por casi medio millón, entre otros. Lo que menos tiene es dinero en especie, con solo 56.000 en depósitos. Debe, eso sí, 245.668 euros.

Su jefa de gabinete, y de López hasta el pasado febrero, cuando pasó a Telefónica, Agustina Piedrabuena, tiene ahorrados 864.979 euros en sus cuentas corrientes. Este acaudalado patrimonio lo completan 105.847 euros en inmuebles, 16.000 en acciones y 23.281 euros en otros.

Guardia Civil y CNI

En las declaraciones de bienes aparece también el nombre del último relevo que se ha producido en la cúpula de la Guardia Civil. Mercedes González, actual directora general, declara un patrimonio menor de lo que debe. Tiene 99.000 euros en inmuebles, solo 4.745 depositados en el banco y 280 euros en seguros y planes de pensiones. Adeuda, en cambio, 147.115 euros.

Su antecesor, Leonardo Marcos, declara más de un millón de euros en títulos financieros, 145.418 en propiedades y, al igual que González, poco más de 4.000 euros en sus fondos en el banco. Medio millón en seguros de vida y fondos de jubilación también aparecen recogidos en su declaración económica.

En la misma línea, el nuevo secretario general del CNI, Luis Manuel García Terán, acumula , sobre todo, dinero invertido en acciones, 173.128 euros; 88.311 euros en inmuebles; y 44.000 euros en depósitos. Otros 40.000 están en seguros y bienes sin detallar. Antes que él, ocupaba esta alta responsabilidad, Arturo Relanzón, que solo rellena dos casillas: 420.000 en fondos y 64.000 en seguros y/o planes de pensiones privados.

Los millones de "Mikimoto"

Por otro lado, llama la atención los solventes recursos económicos de un miembro del Consejo de Radio Televisión Española (RTVE). Hablamos del consejero de Junts, Miquel Calçada, que solo en participaciones alcanza más de tres millones de euros. A lo que se añaden unos activos inmobiliarios de medio millón de euros, y en cuentas, más de 110.000 euros. La declaración de «Mikimoto» la completan 91.700 euros entre seguros de vida y fondos de jubilación, así como otros activos que alcanzan los 12.000 euros.

Además, en el BOE aparece también el patrimonio del jefe de gabinete de la vicepresidenta María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Carlos Moreno, señalado por Víctor de Aldama por el cobro de 25.000 euros en efectivo como comisión, declara 158.916 euros en bienes raíces, 89.036 almacenados en sus cuentas, y 14.000 euros como otros activos. Debe más de 200.000 euros.

Exsecretarios de Estado de Comunicación

Asimismo, Ion Antolín, fugaz secretario de Estado de Comunicación y director de comunicación del PSOE, tiene a sus espaldas un patrimonio de 173.971 euros, pero debe 137.000 euros. En bienes inmuebles, 40.700 euros; y en seguros de vida y planes de pensiones, 53.000 euros. Más otros 30.000 euros en acciones y dinero a disposición en entidades bancarias.

Francesc Vallès, el anterior en este puesto, que declaró como testigo ante el Supremo por la filtración de los datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, posee un patrimonio de 159.673 euros, de los que solo 19.571 están en fondos, 111 euros en títulos financieros y 53.416 en seguros y planes para la jubilación. Tiene que pagar aún 5.501 euros.

El sentido de estas declaraciones de bienes es poder comparar los ingresos con los que llegan al cargo y los que tienen en el momento de abandonarlos. Es una medida de Transparencia, y que busca también apretar en materia de regeneración. El problema es que, hecha la ley, hecha la trampa, porque los altos cargos pueden «esconder» patrimonio por la vía de hacer que aparezca a nombre de su mujer o marido, o de algún familiar.

El embajador Ximo Puig

Por cierto, también aparece en el BOE el expresidente valenciano Ximo Puig, como actual embajador jefe de la delegación española en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Declara un patrimonio de 373.376 euros, con 148.178 euros en inmuebles, 15.000 depositados y 173.000 en títulos accionariales. Aún tiene que devolver 39.828 euros como pasivos.

Otro célebre dirigente socialista, Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, suma en patrimonio de más de medio millón de euros: 477.011 euros en inmuebles, 29.000 euros en cuentas y 15.000 euros en otros activos sin concretar.

En la larga lista figura también el actual director de gabinete de Pedro Sánchez, Diego Rubio, con una declaración que se limita a 101.000 euros en bienes inmuebles y 28.700 euros depositados en entidades bancarias. Como curiosidad, el abogado general del Estado David Vilas ostenta un patrimonio de 166.228 euros. La mayor parte en bienes inmuebles.

Los últimos en llegar a Casa Real

Los últimos altos cargos que se han incorporado o han dejado puestos de responsabilidad en el organigrama de la Casa Real también aparecen en el BOE. Tras la salida de Jaime Alfonsín como máximo responsable de la Casa de Su Majestad el Rey, llegó Camilo Villarino, que cuenta con propiedades por valor de 213.852 euros. Su patrimonio lo completan 148.000 euros en participaciones (tanto en entidades negociadas como no) y otros 143.923 euros en bancos.

Alfonsín, por su parte, ostenta en bienes raíces 975.000 euros; en sus fondos, 146.857 euros, casi 300.000 en inversiones, y 94.800 en seguros vitales y pensión privada.

Por otro lado, María Dolores Ocaña, la primera mujer en encargarse de la Secretaría de la Reina Letizia, también tiene la mayoría de su patrimonio en forma de inversiones con 431.000 euros. Sus propiedades solo suman 291,96 euros y en el banco tiene 83.788 euros.

El saliente, José Manuel Zulueta, no declara títulos accionariales, pero sí 28.358 euros en sus cuentas, inmuebles por valor de 20.497 euros y más de 90.000 euros en seguros de vida y planes de jubilación. Sus deudas son de 3.578 euros.

Destaca el volumen del capital que posee el consejero diplomático que dice adiós, un histórico de la Casa Real, Alfonso Sanz, con 22 millones de euros en participaciones, además de casi un millón y medio en inmuebles y más de 389.000 euros en seguros de vida y planes de jubilación. En cuentas, 15.325 euros. Su sustituta, Carmen Castiella, declara casi 900.000 euros como patrimonio total.