Dos exdirectivos de Acciona, la empresa en el punto de mira del juez del "caso Koldo" por el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones que salpica a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, han negado en el Tribunal Supremo cualquier tipo de irregularidades en esos procedimientos.

El exdirector de Acciona Construcción España Justo Vicente Pelegrini ha afirmado al respecto, según fuentes jurídicas, que los pagos de los que recelan los investigadores se correspondían con trabajos efectivamente realizados por Servinabar, la empresa vinculada a Santos Cerdán a la que la UCO sitúa en el epicentro de esas adjudicaciones de la mano de Acciona.

Según esas mismas fuentes, Pelegrini ha explicado que se trataba de trabajos relacionados con la prevención de riesgos laborales. El investigado ha admitido tener una relación personal con Antxon Alonso, el socio de Cerdán en Servinabar, con el que se ha visto a menudo para cenar (no se trataba de reuniones, ha matizado), a las que en ocasiones se unía el propio ex secretario de Organización del PSOE. La presencia de Cerdán se justificaba, explican fuentes de las defensas, en que "cuando quieres hacer un proyecto sensible como una mina es bastante normal reunirse con agentes sociales".

También ha comparecido ante el juez Tomás Olarte, exjefe de zona de Acciona. Un tercer directivo de la compañía, Manuel José García Alconchel, antiguo responsable de zona, también había sido citado hoy a declarar, pero finalmente su comparecencia fue aplazada.

Petición de retirada de pasaporte

Olarte, según las fuentes consultadas, ha negado asimismo las irregularidades y afirmado no conocer a Cerdán, Ábalos y Koldo, pero sí a Antxon Alonso, aunque ha circunscrito su relación el terreno estrictamente profesional.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Leopoldo Puente que obligue a los dos investigados a entregar el pasaporte y les prohíba salir de España sin autorización judicial. Además, le ha instado a que les imponga la obligación de comparecer en un juzgado cada 15 días. Sobre esta petición de medidas cautelares, respaldada por la acusación popular, tiene que pronunciarse el instructor, que previsiblemente las acordará.

Según han puesto de relieve los investigados, esos pagos estaban "justificados" y disponen de facturas que lo demuestran, una documentación que por ahora no les ha reclamado el juez, aunque se han mostrado dispuestos a aportarlas.

Respecto al acuerdo firmado en 2015 entre Acciona y Servinabar por la que esta percibiría un 2% de futuros proyectos en común -al que se ha referido como "habitual" en el sector de la construcción-, Pelegrini ha matizado que no se cobraba por servicios prestados".

El juez considera que Acciona y Servinabar se habrían "concertado" para lograr de forma ilícita adjudicaciones públicas gracias a la supuesta intermediación de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, lo que reportaba a Servinabar "el 2% neto del importe de la adjudicación". Por este concepto la sociedad vinculada al ex secretario de Organización del PSOE habría ingresado unos 6,7 millones de euros por al menos tres proyectos, lo que suponía el 75,33% de su facturación y, por tanto, "su muy principal fuente de ingresos".

El acuerdo matriz con Servinabar en 2015

El exdirectivo de Acciona está en el origen de la relación entre la compañía y Servinabar, la empresa de la que Santos Cerdán posee un 45% según los investigadores. No en balde, es uno de los firmantes en 2015 de un acuerdo entre ambas empresas (la otra rúbrica la estampó Antxon Alonso, socio de Cerdán) para afrontar juntas "futuras oportunidades de negocio", que fijaba en el 2% la comisión de Servinabar, que ya había concurrido conjuntamente con Acciona en el proyecto de Mina Muga (Navarra). Un acuerdo que, según el juez, "serviría posteriormente como marco para los diferentes proyectos fueran obtenidos directamente por Acciona o formando UTE con terceras".

Pelegrini es aludido por Koldo García en una conversación con José Luis Ábalos, en uno de los audios intervenidos en su teléfono. "Le he escrito a Santos, le he dicho que voy a ver a Jose cinco minutos, necesito que me veas cinco minutos o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona", aseguraba el entonces asesor del ministro.

Según puso de relieve la UCO el pasado junio, la constructora habría pagado comisiones a cambio de recibir un supuesto trato de favor -algo que Acciona desmiente, negando que haya pagado comisiones a cualquiera de los investigados-, cifrando esa cantidad en 620.000 euros (aunque Koldo alude en los mensajes incautados a otros 450.000 euros pendientes).

"Asidua comunicación" con el socio de Cerdán

Las obras en la diana de los investigadores son una adjudicación de Adif en El Mayor (Murcia) por 158 millones de euros, otra de 121 millones por un proyecto de alta velocidad entre Murcia y Almería, y varias licitaciones en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat por más de 245 millones de euros.

Pelegrini mantenía, según la UCO, una "asidua comunicación" con Antxon Alonso, el socio de Santos Cerdán (con el que también se habría reunido, siempre de acuerdo a la versión policial) en Servinabar, la empresa adjudicataria junto a Acciona de varias obras públicas investigadas.

Estas comparecencias se producen solo horas después de que el juez del "caso Koldo" haya reclamado a Acciona que le entregue en un disco duro "sin dilación" toda la documentación incautada por la UCO en la sede de la compañía en Madrid, debido a que no se ha podido descargar "por razones técnicas" dado el "gran volumen de información" que contiene (la descarga prevista, finalmente fallida, preveía un tiempo de copia de 50 horas). Entre esos datos figuran, precisamente, los correos de Olarte y de García Alconchel.