El Constitucional impide a Mas abrir nuevas «embajadas» en el exterior

El presidente de la Generalitat, Artur Mas
El presidente de la Generalitat, Artur Mas

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de acción exterior de Cataluña y ha acordado su suspensión automática, tal y como solicitaba el Ejecutivo.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, no podrá poner en marcha su plan expansionista de nuevas «oficinas sectoriales» es decir, las «unidades sectoriales de representación territorial del Gobierno –de la Generalitat– en el exterior», en diversos países. Al menos, por el momento, su pretensión de abrir nuevas delegaciones de la Generalitat quedará en suspenso, después de que el Tribunal Constitucional admitiese a trámite ayer el recurso del Gobierno contra la Ley de Acción Exterior de Cataluña. El TC tendrá ahora un plazo de cinco meses para decidir si mantiene o levanta la suspensión. Previamente, el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Parlamento de Cataluña podrán personarse y presentar sus correspondientes alegaciones al recurso interpuesto.

El Gobierno recurrió un total de 17 artículos de la mencionada ley catalana y otros cuatro del Título Preliminar, al considerar que invadía competencias exclusivas del Estado en materia de política exterior, criterio que previamente fue avalado por un dictamen del Consejo de Estado. En el artículo 1 del Título Preliminar de la ley catalana recurrida, y ahora suspendida temporalmente, ya se deja claro la pretensión de la misma no es otra que «regular la acción exterior de Cataluña y las relaciones de la Generalitat con la Unión Europea», para alcanzar, un objetivo clave: «El posicionamiento de Cataluña ante la Unión Europea y la participación de la Generalidad en las instituciones europeas», aunque, posteriormente se añade que «de conformidad con la normativa vigente». Es decir, se busca que Cataluña tenga la consideración dentro de la UE como uno de los otros 27 Estados que forman parte de la Unión Europea.

Para ello, se establece todo un catálogo de principios «rectores» de cómo deben regularse esas relaciones con la UE. Entre esos principios, destaca el relativo a la pretensión que Europa reconozca el «derecho a decidir de los pueblos».Otro de los preceptos recurridos es el relativo a las relaciones «con otros gobiernos». En este apartado, la ley catalana fija como uno de sus objetivos el «establecer relaciones institucionales fluidas y constantes con el cuerpo consular presente en Cataluña, en especial con las legaciones de países que tengan fuertes intereses y vínculos socio - económicos y culturales con Cataluña, y promover el establecimiento de nuevos consulados de otros países, como una forma de potenciar las relaciones bilaterales con territorios que puedan tener interés en Cataluña.