El debate de la Constitución: ¿Es necesario una reforma?

Expertos constitucionalistas inciden en que la Carta Magna permite su continua adaptación sin necesidad de reforma, pero alertan sobre el desafío soberanista al orden constitucional

Los primeros 40 años de nuestra Constitución han puesto a prueba con éxito al texto en múltiples ocasiones, pero nunca con tanta intensidad como ahora con el desafío independentista al Estado todavía activo. A propósito de la efeméride, LA RAZÓN propone el debate sobre su vigencia y amenaza a dos expertos constitucionalistas en la materia, Teresa Freixes y Francesc de Carreras, que avalan la continuidad de la Carta Magna y señalan que el texto permite adaptaciones a la realidad actual sin necesidad de reforma. Ambos consideran que la Constitución se encuentra amenazada por el conflicto catalán; Carreras alerta de que este asunto contagia y «da fuerza al populismo de izquierdas y de derechas» y la catedrática recuerda que los «sucesivos gobiernos en Cataluña desde que comenzó el ''procés'' pretenden romper con el orden jurídico español y europeo». Para reeditar el espíritu de consenso que se fraguó en el 1978 sería necesario «el acuerdo de los tres partidos constitucionalistas en la defensa de la actual democracia», según el catedrático. Freixes aporta que el consenso está lleno de «acuerdos y renuncias» y lamenta que ahora esté en «entredicho». ¿Creen que hoy en día está vigente el modelo constitucional?

TERESA FREIXES: La Constitución está vigente hasta que no se cambia. Se interpreta y aplica, por parte del legislador y de la jurisprudencia. El modelo de que nos dotamos –democráticamente– en 1978, ha servido para organizar un Estado moderno, insertarnos en Europa y crear un sistema de derechos fundamentales que ya quisieran para sí muchos de los Estados del mundo. No hay que olvidar que las Constituciones tienen voluntad de permanencia y que mientras con la interpretación se puedan adaptar a las necesidades sociales no es necesaria la reforma.

FRANCESC DE CARRERAS: La vigencia de la Constitución sigue incólume, al menos por tres razones. Primera, porque los valores y principios de la Constitución son los valores y principios de la cultura política occidental en la que nos insertamos, exactamente son los mismos valores y principios de la Unión Europea, cuyas raíces se encuentran en el racionalismo ilustrado, el liberalismo político y el socialismo democrático. Sólo aquellos que se alejan de estos principios sostienen que el texto del 78 ya no está vigente. Segunda, porque este texto aprobado hace 40 años era entonces un conjunto de palabras y de frases que, al aplicarse, han debido ser interpretadas por el legislador y por los jueces, cobrando un sentido que entonces todavía no estaba claro. Por tanto, el desarrollo constitucional mediante leyes y sentencias ha ido rellenando los términos del texto que se aprobó entonces y, puede decirse, que cuarenta años después estamos ante una Constitución que ha ido dando un significado a sus reglas concretas. Y tercera razón, es que se trata de una norma abierta a la integración de otros ordenamientos, internos y externos. Por tanto, nuestro texto permite una adaptación continua a nuevas realidades sin necesidad, en la mayoría de los casos, de proceder a la reforma de los preceptos constitucionales.

¿Sería conveniente modificar el modelo descentralizado territorial?

TF: Recentralizar sería muy difícil, cuando no imposible, por la evolución que hemos tenido hasta ahora mismo. Pero sí es necesario cesar en lo que yo denomino el «federalismo de la centrifugación» en el que, por vía extraestatutaria, se ceden competencias estatales a las comunidades autónomas sin que se creen mecanismos de cooperación eficaces. Ello no implica reforma constitucional, sino aplicación de los principio de lealtad federal y de cooperación, que las comisiones sectoriales y las bilaterales funcionen.

FC: :Las modificaciones deberían ser dos. Hasta ahora se procedió a descentralizar competencias y no a la otra cara del federalismo: integrar a las comunidades en tareas de Estado. Esto se debe lograr a través de un Senado (con este o con otro nombre) en el que los gobiernos autonómicos colaboren y cooperen entre sí, y con la Administración central, en las cuestiones de su competencia. También se debería establecer un nuevo sistema de distribución de competencias reformando el art. 149.3 en el sentido de que las competencias del Estado estén enumeradas en la Constitución y el resto pertenezcan a las comunidades autónomas, en lugar de que, como es ahora, las competencias de cada comunidad esté establecida en su estatuto. De esta manera, los estatutos regularían solo la organización interna de cada comunidad.

¿Se encuentra amenazada la Constitución por el desafío independentista?

TF: Ciertamente. El secesionismo constituye un desafío directo y explícito al orden constitucional. Lo que desde los sucesivos gobiernos y parlamentos que hemos tenido en Cataluña desde que comenzó el denominado «procés» se ha ido articulando pretende romper con la Constitución y con el orden jurídico español y europeo. Recordemos, al respecto, que la Generalitat afirma que tiene un «mandato democrático» derivado del referéndum ilegal y que está en proceso de «construcción de la república». Todo ello deriva de las leyes aprobadas por la mayoría secesionista del Parlament que, sin contar con la mayoría social, dejo expedito el camino a la «declaración de independencia» posterior, a pesar de que cada una de estas leyes y resoluciones fueron declaradas contrarias a la Constitución y, nulas por el Tribunal Constitucional. Pero insisten en ello, desafiando a la justicia, al TC y, lo que es peor, a la razón y a la democracia. Manipulan la educación y la comunicación hasta límites insospechados. E intentan retorcer los conceptos legales, la historia, la cultura, originando una quiebra social desconocida hasta el presente en Cataluña.

FC: Desde varios flancos. Éste es uno de ellos, sobre todo porque está contagiando y dando fuerza al populismo de izquierdas y de derechas, a Podemos y a Vox, que también son una amenaza. Solo la unidad en defensa de la Constitución de las fuerzas constitucionalistas – PP, PSOE y Cs – puede hacerles frente con éxito. Desgraciadamente, esta unidad ahora no existe pero no es impensable y, además, es deseable que exista para lo cual debería establecerse un pacto de Estado que tuviera vigencia con independencia de quien gobierne.

¿Es reeditable a día de hoy el espíritu de consenso de hace 40 años?

TF: El consenso está en entredicho. Y lo que es peor, se intenta manipular el que existió durante la transición a la democracia. Como bien afirman quienes quedan de los que participaron directamente en la elaboración de la Constitución, el consenso está lleno de acuerdos y de renuncias. De acuerdos sobre lo que se consideró básico y de renuncias sobre lo que se consideró que valía la pena dejar a un lado en aras del país democrático que se quería construir. No veo cómo ahora, por más que sea necesario, con las alianzas «singulares» que nos han llevado a la configuración de un Gobierno como el actual, pueda reeditarse el consenso. El constitucionalismo precisa de un acuerdo amplio que nos devuelva el sentido originario de una Constitución que, aunque precise de reformas para reforzarla, nos ha dado, por primera vez en nuestra historia, 40 años de democracia y que nos ha permitido ocupar un puesto en el orden internacional con el que pocas veces habíamos «soñado». Estamos integrados en primera línea en la Unión Europea, en las cooperaciones reforzadas básicas, como el euro y Schengen y, pese a lo mal que les sienta a algunos reconocerlo, somos uno de los Estados menos condenados, teniendo en cuenta el período de adhesión, por violación de derechos humanos por el Tribunal de Estrasburgo.

FC: La historia nunca se repite exactamente y las circunstancias son muy distintas. Pero si se pusieran de acuerdo los tres partidos constitucionalistas en la defensa de la actual democracia constitucional y estuvieran abiertos a determinadas reformas del sistema político – en especial, la reforma de los partidos – la sociedad española acogería esta actitud con gran alivio y, tras los difíciles años que estamos pasando, no dudo que se llegaría a un consenso que estaría apoyado por la mayor parte de los ciudadanos españoles. En todo caso, con la actual composición del Congreso, este consenso es imposible y no hay que pensar en la reforma inmediata de la Constitución sino en mejorar la cultura política democrática.