El espionaje internacional aumenta su actividad en España

El informe anual de Seguridad Nacional alerta de los intentos de captación de ciudadanos españoles por parte de servicios de inteligencia extranjeros

«Los Servicios de Inteligencia extranjeros en España han incrementado sus actividades». Es la alerta que hace el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) en su informe anual correspondiente a 2017 y que fue aprobado el lunes por el Consejo de Seguridad Nacional. En concreto, el documento, de 134 páginas, pone el foco en la contrainteligencia y en las «campañas de propaganda y desinformación dirigidas a desprestigiar la imagen de España y de la UE, y a generar inestabilidad y desconfianza hacia las instituciones». Unas actividades que tacha de «híbridas», pues a los procedimientos de espionaje clásicos se une la «inteligencia en el ciberespacio», confirmando la rápida adaptación de este fenómeno a las nuevas tecnologías.

El objetivo de este informe anual es, por un lado, el de analizar el estado de los retos a los que se enfrenta España y, por otro, comprobar las acciones llevadas a cabo para hacerles frente teniendo como hoja de ruta la «Estrategia de Seguridad Nacional 2017», documento aprobado en diciembre y en el que ya se avisaba de que «el espionaje es una amenaza de primer orden para la seguridad». Y con este informe anual se corrobora que la amenaza no ha desaparecido, sino que ha aumentado.

Pero ponerle freno no es fácil, pues tal y como asegura el DSN, tanto las nuevas tecnologías de las que se sirven los espías como el hecho de poder esconderse en otros países «dificulta la neutralización de sus actividades», lo que conlleva «un esfuerzo adicional». Y dentro de este fenómeno, además, se alerta de los «intentos de captación y reclutamiento de ciudadanos españoles», principalmente los que trabajan en «campos objetivos de estos servicios». De hecho, el informe destaca que en 2017 «se detectaron y anularon diversos intentos de aproximación» sobre personas relacionadas con la política, la empresa o con instituciones de las que España forma parte: OTAN, UE...).

Junto a ello, también se ha detectado un incremento de la actividad de injerencia de los servicios secretos de países afectados por conflictos para «condicionar la evolución de los mismos en favor de sus intereses». Y se vigila con cautela «el exhaustivo control que pretenden tener determinados países de sus colonias residentes en España y de las iniciativas en las que participa».

Por ello, entre las soluciones para hacer frente a esta amenaza, el DSN destaca la importancia de «mantener el nivel adecuado de representación y defensa de los intereses nacionales en los diferentes comités de seguridad de los organismos internacionales, donde comparte información clasificada».

Pero no sólo se centra el informe anual en la contrainteligencia y analiza otras amenazas y retos a los que se enfrenta España. Así, se constata que la seguridad y la libertad en el ciberespacio son una «prioridad estratégica», recordando en este punto ataques masivos como el del virus «Wannacry».

Según el Departamento de Seguridad Nacional, en 2017 se experimentó un «crecimiento significativo del número de ciberincidentes» en el sector público respecto a 2016, pasando de 20.807 a 26.472, esto es, un 27% más. En el caso de ataques a empresas y operadores de infraestructuras críticas, el aumento fue del 7% (de 115.257 a 123.064). Sólo en infraestructuras estratégicas se hizo frente a 855 incidentes. Los sectores más atacados fueron el financiero (28,25% de los ataques), el energético (24,07%) y el de transportes (17,18%).

Mientras, lo más común fueron las intrusiones y el código dañino. Además, se registró un «incremento importante de ataques de denegación de servicios», como puede ser el bloqueo de páginas web. Algo que relacionan, «en gran medida, por la campaña contra las Administraciones Públicos y empresas en las cuatro fases de la denominada #OpCatalunya», con la que el grupo Anonymous hackeó las páginas del CGPJ, el CNI, el Tribunal Constitucional o de varios ministerios como medida de protesta por la encarcelación de los políticos independentistas o la activación del artículo 155.

Otro de los retos que analiza el documento es el de los flujos migratorios, un asunto que en los últimos meses ha cobrado mayor importancia. Según el informe, en 2017 aumentó un 96,3% la llegada de inmigrantes a España, pasando de los 14.558 de 2016 a 28.572. Desde 2013 el crecimiento es de un 301%. Un aumento que contrasta con la reducción de un 60% de las llegadas a la UE por la presión militar y policial en el mediterráneo oriental y central, lo que implica que los migrantes busquen otras vías de entrada, destacando que «se prevé que la tendencia ascendente continúe».

En cuanto a otra de las «amenazas importantes», el terrorismo internacional, además de centrarse únicamente en los ataques, pone el foco en los combatientes extranjeros retornados. De los 6.000 europeos que hay contabilizados, unos 223 son españoles que viajaron a Siria e Irak. De ellos, 48 fallecieron, 35 continúan en zona de conflicto y 37 retornaron a España, de los que 4 son menores y 23 mujeres. En lo que se refiere a áreas a controlar, recalca que el Sahel, «zona de prioridad estratégica» para España, atrae cada año a más yihadistas.