El fiscal acusa a CDC de cobrar 6,6 millones en comisiones ilegales

6.607.605,58 euros. Es la cifra que el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled concluye que recibió Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en «comisiones ilícitas» hechas por Ferrovial a través del Palau de la Música.

6.607.605,58 euros. Es la cifra que el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled concluye que recibió Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en «comisiones ilícitas» hechas por Ferrovial a través del Palau de la Música. El fiscal considera que hay «indicios suficientes» para probar que Convergència se financió de manera irregular a través de la institución cultural. En un escrito de 37 páginas remitido ayer al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Sánchez Ulled explica el saqueo al que Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, sometieron al Palau, a la par que resume con todo lujo de detalles cómo, según la investigación, que da por concluida, se financió ilegamente CDC, a la que acusa de ser partícipe a título lucrativo.

El fiscal apunta que el «acuerdo criminal» entre la formación que ahora encabeza Artur Mas y Ferrovial era «relativamente sencillo pero institucionalmente demoledor». Considera probado que «a cambio de importantes sumas dinerarias» directamente relacionadas con el «volumen de negocio» que la constructora «preveía obtener u obtuviera con los entes públicos catalanes regidos por CDC, responsables de este partido deberían prevalerse de tal posición política para asegurar que los órganos decisores en materia de adjudicación de obra pública autonómicos y locales generaran un flujo constante de contratación favorable a la empresa». Los pagos «se fracccionaban en el tiempo» como «garantía» de estabilidad del «pacto criminal estable»», que comenzó «al menos en 1999» y se prolongó «renovándose con las oportunas negociaciones hasta 2008-2009». Detalla obras públicas concretas, como el revestimiento de un acequia en el margen izquierdo del Ebro –presupuesto de 2,6 millones– y la construcción de un pabellón municipal del Ayuntamiento de Sant Cugat –4,1 millones–, y dos de las principales obras de Cataluña de los últimos años: la línea 9 del metro de Barcelona –cuyo presupuesto global era de 2.350 millones y Ferrovial participaba en una UTE en nueve tramos por 890 millones–, y la Ciudad de la Justicia –Ferrovial estaba en una UTE para la construcción de 263 millones y una contraprestación para la Generalitat por el mantenimiento y explotación durante 35 años de 486 millones–.

La «comisión ilícita» consistía, por lo general, «en el 4% del importe de las adjudicaciones, del cual un 2,5% se asignaba a CDC y un 1,5%, a retribuir los interesados oficios de los intermediarios Millet y Montull (quienes a su vez se lo distribuían en un porcentaje del 80% y el 20%, respectivamente)». Sánchez Ulled considera que, en nombre de Ferrovial, el imputado Pedro Buenaventura hacía llegar el dinero «al entorno» de la formación política «de forma disfrazada, sirviéndose de la estructura jurídico-financiera del Palau» a través de tres mecanismos: el pago en efectivo, la facturación mendaz por entidades mercantiles que se prestaron y convenios de colaboración con la Fundación Trias Fargas (hoy CatDem) de CDC.

El fiscal asegura que con pagos en efectivo hasta 2007 el partido recibió 3.741.898,82 euros. En cuanto a las facturas falsas, método que se fue implementando a partir de 2005 y en el que resultó «determinante» la intervención de la directora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, las facturas de las empresas New Letter Market Directo SL y Letter Graphic SL principalmente, además de Altraforma, Hispart y Publiciutat, «nunca» hacían referencia a «servicios prestados efectivamente al Palau». Suman un total de 2.175.052,16 euros. Por su parte, hay siete convenios entre 1998 y 2008 de importes entre los 60.101 y los 120.000 euros que redondean el global.

De Ferrovial, aparte de Buenaventura, está imputado Juan Elizaga, y realizaron los pagos «a espaldas del accionariado» y «abusando de sus facultades directivas» para establecer una «relación privilegiada» con el partido. El fiscal considera que de la formación «como mínimo» participaron su tesorero, Carles Torrent –fallecido en 2005– y su sucesor, Daniel Osàcar, así como el ex diputado Jaume Camps. Les acusa de los delitos de tráfico continuado de influencias, falsedad en documento mercantil, administración desleal continuada, apropiación indebida y blanqueo de capitales. El fiscal considera que los «altos responsables del partido» capaces de fijar las adjudicaciones «no han podido ser determinados».

Millet y Montull, por su parte, también están acusados de estos cargos por realizar numerosas irregularidades en e Palau, en las que incluye a Gemma Montull y a la ex directora general de la entidad, Rosa Garicano. Considera que quisieron «hacer ilícitamente desaparecer» entre 2002 y 2009 para su «lucro particular directo o a otras finalidades desconocidas» más de 18 millones, de los que 9,6 no han dejado rastro alguno.